En respuesta a la consulta planteada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) sobre si se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la Dirección General de Tributos informa que, el artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no contempla, entre los supuestos del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social ninguno de los incidentes a que se refiere la consulta (nulidad de actuaciones, error judicial y de revisión de sentencias firme) por lo que tales supuestos no están sujetos al pago de la tasa citada. 

Los abogados piden al Defensor del Pueblo su intervención para evitar menciones ideológicas en atestados policiales (ElEconomista.es – 08/01/2014).

Los colegiados del ICAM, también pueden aportar su donativo, hasta el 10 de enero, en la cuenta creada para el efecto

Dentro de la campaña abogacía solidaria ”No dejes que la pobreza imponga su ley” se ha puesto en marcha una subasta online para adquirir una de las 46 viñetas de la Exposición ‘Derechos humanos ¿Todavía?’ en la que participan grandes maestros del humor gráfico como Mingote, Forges, Peridis, Gallego y Rey, entre otros.

El colegio de abogados y la editorial Thompson Reuters-Civitas organizan el próximo jueves, 9 de enero, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos del ICAM (Serrano, 9) el acto de presentación de la obra “Mediación y Comunidades de Vecinos”. 

La queja presentada por el Colegio de Abogados de Madrid, el pasado 17 de diciembre, ante el Defensor del Pueblo está siendo tramitada por este organismo ante la Dirección General de la Policía, en este caso, el Ministerio del Interior.

Leyes orgánicas Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público. (BOE, núm. 305, de 21 de

El ICAM ha solicitado al Ministro de Justicia, por escrito de fecha 26 de diciembre de 2013, confirmación sobre el efectivo destino de la recaudación de las tasas judiciales para sufragar la subvención legal de la asistencia jurídica gratuita a cargo de la Comunidad de Madrid.