El Colegio se personará por primera vez como acusación particular en el caso de una abogada que se ha sentido amenazada en el ejercicio profesional. Así lo ha anunciado hoy el decano José María Alonso, quien ejercerá personalmente la acusación. “Los abogados tenemos que estar perfectamente protegidos en el ejercicio libre de nuestra profesión, es inadmisible que se produzcan amenazas a los compañeros que ejercen la profesión de manera digna”, ha señalado Alonso.
Acompañado por el diputado responsable de Comunicación, Juan Gonzalo Ospina, el decano ha realizado estas declaraciones en el transcurso de un encuentro informativo con los medios de comunicación. Durante el encuentro, que el ICAM organiza cada dos meses en aras de promover una institución transparente y abierta a la opinión pública, Alonso ha reclamado a la clase política mayor velocidad en la tramitación de la Ley del Derecho de Defensa para evitar que se vulnere el ejercicio profesional.
“La ley orgánica del Derecho de Defensa es fundamental”, ha subrayado el decano, disconforme con la lentitud con la que se está tramitando. En este sentido, la Junta de Gobierno del Colegio ha venido manteniendo una serie de encuentros con representantes políticos e institucionales para impulsar tanto esta iniciativa cono el nuevo Estatuto General de la Abogacía.
Una vez retomados los contactos tras los cambios políticos sucedidos en las últimas semanas, y de la mano del Consejo General de la Abogacía Española, el decano se reunirá próximamente con la nueva Ministra de Justicia, Dolores Delgado, y continuará las conversaciones con todos los grupos parlamentarios a fin de acelerar su tramitación.
A nivel más general, José María Alonso ha defendido la participación de la abogacía de una manera directa en todas las modificaciones normativas que se produzcan. “Los abogados somos un termómetro vivo de la sociedad”, ha afirmado Alonso, “somos los que estamos en contacto directo con los ciudadanos y sabemos qué es lo que les preocupa”.
Nuevos programas de coworking y mentoring
En cuanto a las iniciativas impulsadas en el ámbito del ICAM, el decano ha destacado dos nuevos proyectos destinados a facilitar la labor de quienes disponen de menos recursos para el ejercicio de la profesión e incentivar la incorporación de los abogados noveles.
Por un lado, el Colegio pondrá en marcha un espacio de Coworking para que los colegiados que lo necesiten puedan desarrollar su trabajo con todas las facilidades. A cambio de un copago casi simbólico, los abogados y abogadas de Madrid dispondrán de un lugar de trabajo compartido que se ubicará en las proximidades de los juzgados de Plaza de Castilla.
Asimismo, el Colegio está poniendo en marcha un programa de Mentoring para que letrados con amplia experiencia profesional y reconocido prestigio tutelen a abogados jóvenes con el objetivo de servirles de guía durante su ejercicio en los primeros años de su carrera.
El ICAM también está negociando con el ayuntamiento de Alcobendas la constitución de una delegación en el norte de Madrid que daría servicio tanto a esta localidad como a la vecina San Sebastián de los Reyes. En esta nueva sede, el ICAM pondrá en marcha Servicios de Orientación Jurídica y despachos para los letrados que no dispongan de espacios propios de trabajo.
Reforma de los Estatutos
Con el objetivo de reformar las normas que regulan el funcionamiento de la corporación, la Junta de Gobierno de José María Alonso ha creado una Comisión de revisión de estatutos. Integrada por algunas de las personas que participaron en el primer proyecto de reforma que se inició en 2010, cuenta además con representantes de todas las asociaciones y de la Agrupación de Jóvenes Abogados.
En su primera reunión, los miembros de este equipo de trabajo acordaron incluir en el proyecto de reforma el cambio de la denominación del Colegio —que pasará a llamarse Colegio de la Abogacía de Madrid— y la introducción del voto digital. Según informó el decano, se espera que los nuevos Estatutos estén redactados a finales de este año para que, una vez introducidas las correspondientes enmiendas, sea la Junta General del Colegio la que vote su aprobación en su convocatoria del mes de noviembre de 2019.
Lexnet y CGPJ
Preguntado por los problemas derivados del uso de Lexnet, Alonso ha declarado que el Colegio no está dispuesto a pagar 500.000 euros al año para arreglar unos problemas que no son suyos. “Los abogados cuando tienen un problema con Lexnet no llaman al Ministerio de Justicia, llaman al Colegio de Abogados de Madrid”, ha subrayado.
Respecto al sistema de elección actual del Consejo General del Poder Judicial, el decano ha abogado por un nuevo proceso en el que participen los jueces pero también los abogados. “Me gustaría que hubiera una representación en el CGPJ de todos los operadores jurídicos que estamos en el ámbito de la administración de Justicia”, ha dicho Alonso.
Justicia alemana y Cataluña
En otro orden de cosas, José María Alonso ha calificado de “impresentable” la decisión de la justicia alemana relativa a la extradición de Carles Puigdemont. “Supone cargarse el sistema de la euroorden y es un torpedo a la línea de flotación de la Unión Europea”. Para el decano, se trataba de un asunto tan sencillo como comparar si un determinado delito en un territorio de la Unión es delito en otro territorio de la Unión, por tanto la justicia alemana no tenía por qué haber entrado a analizar lo que el Tribunal Supremo, “la máxima autoridad judicial de este país”, había juzgado.
Respecto al acercamiento a Cataluña de los políticos presos, Alonso se ha mostrado conforme. “Después de la muerte de un familiar cercano o de una enfermedad grave, la estancia en prisión es la peor situación que puede pasar un ser humano”, ha señalado Alonso. Por tanto, cuanto más llevadera sea esa situación cuanto más, más cerca de su familia y de sus abogados estén, mejor tanto para el derecho de defensa como para los derechos de la persona que está en prisión.
Por último, el decano ha destacado el excelente momento que atraviesan las relaciones del Colegio con sus homólogos del ICAB. A partir de una serie de reuniones conjuntas, se han creado comisiones mixtas de trabajo no sólo en beneficio de la abogacía de Madrid y Barcelona sino con el objetivo de tender puentes que contribuyan a solucionar la situación actual en Cataluña.