- La próxima jornada del foro de debate tendrá lugar el lunes 2 de octubre
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El pasado lunes comenzó el foro de debate sobre los retos de la profesión del abogado, organizada en colaboración con la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos (CEIB), la Universidad Carlos III de Madrid y la editorial Tirant Lo Blanch.
Presentaron el acto Luciano Parejo, catedrático de la Universidad Carlos III, y la decana del Colegio, Sonia Gumpert, que celebró poder abordar “un tema de vital importancia para la abogacía” en el marco de un espacio de debate, pensamiento e investigación como el que representa la Cátedra, y desde la perspectiva iberoamericana.
Intervino en primer lugar Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, que analizó la entrada de la configuración profesional en Colegios a través de la normativa preconstitucional (Ley 2/74 sobre Colegios Profesionales), la jurisprudencia, y el artículo 36 de nuestra Constitución en el que, gracias a la labor del decano de esta institución, Antonio Pedrol, quedó consagrada la colegiación obligatoria como garante de la libertad e independencia profesionales.
La presidenta insistió en que la colegiación debe integrar todos los ámbitos de la abogacía, especialmente en un momento en que proliferan figuras poco ortodoxas en torno al asesoramiento jurídico. Consideró también la necesidad de afrontar una nueva Ley de Colegios Profesionales que sea acorde a la CE y que dé respuesta a las inquietudes de la sociedad de hoy en día.
El siguiente ponente, José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, aportó la visión del país de Norte América, que se enfrenta a notables problemas “de acceso a la justicia, de impunidad y de debilidad del Estado de Derecho”. Hace ya tres años que la Barra intenta introducir la reflexión sobre la necesidad de colegiación obligatoria, y han constituido un Proyecto de Ley General para regular el ejercicio de la abogacía en México. Según este proyecto, la cédula profesional (que se obtiene al finalizar la titulación de Derecho) tendría una vigencia de 5 años y debería renovarse en un examen, pero se enfrentan al problema añadido de que las leyes de profesión son competencia de los estados federales y hay algunos como Jalisco o Aguas Calientes que, imitando la fragmentación estadounidense, exigen cédula local para poder ejercer en su territorio.
Como ejemplo opuesto, Froylán Alvarado, presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica, expuso el proceso por el que lograron reformar una Ley Orgánica que, además de la colegiación, sancionó que los profesores de Derecho universitarios tuvieran que ser abogados, y habló de un proceso de capacitación a través de un examen de excelencia académica que evalúa los conocimientos de excelencia y deontología y determina la obtención del título de abogado.
Difiere de nuestro sistema en que aglutina a abogados, notarios, jueces y fiscales, y todos responden ante el Colegio. Para Alvarado, esto garantiza al usuario de los servicios legales que quien les atiende está debidamente capacitado, y les da la certeza de que, ante posibles infracciones, el Colegio abrirá una investigación y determinará, en su caso, la responsabilidad por mala práctica profesional.
El broche final corrió a cargo de Luis Martí Mingarro, ex presidente de la UIBA, que recordó de nuevo la importancia de Pedrol durante el proceso constituyente, celebrando la audacia de introducir algo que, aunque “entonces no se vislumbraba como algo necesario, ha demostrado su vital importancia”, pues “la abogacía construye el Estado de Derecho” incluso antes de que existiera la propia denominación. Para Mingarro, la colegiación está al servicio de los ciudadanos corrientes, asegurando su derecho a recibir el servicio jurídico de alguien apto y comprometido con una serie de obligaciones deontológicas.