Ética y Derecho
La Sala Plenaria del Palacio Municipal de Congresos acogía esta mañana también la primera conferencia magistral sobre ‘Ética y Derecho’ a cargo de la vicedecana de Relaciones Institucionales y profesora de Fílosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Álvarez y del abogado Antonio Garrigues.
Silvina Álvarez destacaba que «la deontología es una disciplina en la que muchos abogados nos sentimos inseguros” y explicaba lo que, en su opinión, era uno de los principales problemas éticos de la profesión: los abogados deben lealtad “al cliente, al derecho y a su grupo de pertenencia” y, en ocasiones, esa lealtad confronta con sus propias normas éticas.
Por su parte, el abogado Antonio Garrigues se mostraba preocupado por el futuro, destacando los continuos cambios en la profesión en la que “incluso han surgido nuevos ámbitos dentro del derecho, como el medioambiental o el deportivo”. En este sentido, consideraba que “la abogacía debería empezar a crear foros de pensamiento interdisciplinares” para tratar temas de actualidad que que le afectan directamente, como la gestación subrogada o la inteligencia artificial, ya que “toda profesión que no se adapta a los retos de su tiempo acaba siendo desbordada”.
¿Quién debe ser el instructor del delito?
A las 16:00 horas, la Sala Madrid del Palacio completaba su aforo con una de las mesas redondas más esperadas debido a su actualidad jurídica: “El papel de la Fiscalía en la instrucción del delito”, moderada por el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio, Ignacio Gordillo.
El fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, comenzaba el debate señalando que el modelo de instrucción actual era caduco y la figura del juez de instrucción estaba “fosilizada”, aunque tampoco creía que la alternativa fuera la figura del fiscal investigador.
Por su parte, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, continuaba con este dinámico debate y aseguraba que el fiscal no debía investigar porque “no pertenece al Poder Judicial sino al Ejecutivo”, mostrando así su oposición a los planes del Gobierno para que el fiscal releve al juez al frente de la instrucción penal.
Asimismo, afirmaba que “no se trata de una lucha de dos profesiones jurídicas para que una gane más poder a costa de la otra” sino de proteger a la ciudadanía y lo que más le puede interesar para que “las garantías de imparcialidad se refuercen”.
Finalizaba la ponencia la abogada Esther Arabaolaza que consideraba que quienes tenían que instruir eran los abogados. Concluía el debate manifestando que “mientras no se demuestre con datos que hay una fórmula que garantice bien el derecho de las dos partes, [los abogados] nos quedamos como estamos”.