El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso presentado contra la declaración institucional aprobada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) el 9 de noviembre de 2023, en la que la Junta de Gobierno expresó su preocupación por los términos del acuerdo político suscrito entre el PSOE y Junts, denunciando que su contenido ponía en cuestión principios fundamentales del orden constitucional como la separación de poderes, la independencia judicial o el respeto a la función jurisdiccional.
En concreto, el texto colegial rechazaba de forma explícita el uso del término lawfare para referirse a la actuación de los tribunales y alertaba del riesgo que suponía la creación de comisiones parlamentarias con intención de fiscalizar decisiones judiciales.
La sentencia, dictada el 4 de noviembre, confirma que el acuerdo colegial se ajusta a Derecho, no incurre en desviación de funciones ni vulnera el principio de neutralidad institucional. La resolución subraya que el ICAM actuó dentro del marco de competencias que le atribuyen tanto el Estatuto General de la Abogacía como sus propios estatutos, que le habilitan para pronunciarse en defensa del Estado de Derecho y de los valores constitucionales.
El fallo también rechaza que la Asociación Libre de Abogados y Abogadas —entidad recurrente— estuviera legitimada para impugnar el acto, al no haber acreditado ningún perjuicio real, directo o específico derivado de la aprobación de la declaración institucional.
“Un aval jurídico incuestionable”
Tras conocer la sentencia, la Junta de Gobierno del ICAM ha expresado su satisfacción por un fallo que “reconoce expresamente la legalidad, legitimidad y adecuación a Derecho del acuerdo aprobado por el ICAM, descartando cualquier vulneración del principio de neutralidad institucional y subrayando que las manifestaciones contenidas en el acuerdo no constituyen una toma de partido político, sino el ejercicio legítimo de funciones colegiales previstas en los estatutos”.
La Junta subraya que el acuerdo del 9 de noviembre de 2023 “se enmarcó en una serie de iniciativas públicas del ICAM que han recibido un amplio respaldo de la abogacía madrileña, incluida una masiva campaña de adhesión de colegiados y un apoyo sin precedentes de los principales despachos de abogados del país”.
En su valoración, el órgano de gobierno colegial señala que “esta resolución supone un aval jurídico incuestionable al camino emprendido por el Colegio”, que se mantuvo firme “frente a una virulenta campaña de ataques que no lograron empañar el firme compromiso del ICAM con la legalidad y la democracia”.
“La sentencia fortalece el papel del ICAM como garante del interés público en el ámbito jurídico y como voz autorizada y neutral en la defensa de los valores constitucionales”, añade la Junta, que hace un reconocimiento expreso a la abogacía madrileña: “Esta sentencia es también suya: es el triunfo del compromiso colectivo de una profesión que no mira hacia otro lado cuando se ponen en riesgo los fundamentos de nuestro sistema de libertades”.
Amplio respaldo institucional y profesional
La declaración institucional aprobada por el ICAM en noviembre de 2023 no solo reflejó el posicionamiento del Colegio ante un momento especialmente delicado para el equilibrio de poderes en el Estado constitucional. También tuvo un eco inmediato y transversal en el conjunto del sector legal y profesional. En los días siguientes, más de 40 despachos de abogados —entre ellos algunos de los más relevantes del país— hicieron pública su adhesión al texto. A esa oleada de apoyo se sumaron también 42 colegios profesionales de toda España, incluidos los de procuradores, ingenieros, economistas, médicos o arquitectos.
El Colegio impulsó además una campaña pública que multiplicó su alcance institucional en medios y redes sociales, situando en primer plano la defensa de la independencia judicial como un compromiso irrenunciable de la abogacía madrileña.
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