Los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona reclaman una nueva Ley de Justicia Gratuita

Entre las numerosas sesiones celebradas en la I Cumbre de Derecho de la Unión Europea que ha organizado el ICAM en la Galería de las Colecciones Reales, esta mañana ha tenido lugar un debate sobre los diferentes sistemas de justicia gratuita que existen en la UE, con una especial atención al sistema español, sus problemas y necesidades de cambio.

La mesa, moderada por la diputada del ICAM, Lola Fernández, ha contado con la intervención del Decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez; el diputado del ICAM responsable de Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo; el director general del CGAE, José Antonio Perales; y el miembro del Colegio de Abogados de Burdeos, Antonio Garnier.

Desde el ICAB, Sánchez ha lamentado la simetría que se produce en España, con “comunidades autónomas en las que las retribuciones están mejor pagadas que en otras”, y el déficit presupuestario con el que las administraciones públicas retribuyen en todo el territorio el magnífico trabajo que realizan los profesionales del Turno. También ha reclamado un pacto por la Justicia y sobre todo una nueva ley de asistencia jurídica gratuita: “la ley del 96 es un traje que ya no cabe, es un traje que ha quedado obsoleto. Es imprescindible una nueva ley de justicia gratuita que realmente dé satisfacción a las necesidades actuales de este país”.

Desde el ICAM, Mayllo ha coincidido en la necesidad de superar la norma aprobada en 1996 con una nueva ley de asistencia jurídica gratuita. “En estos 27 años que lleva la ley en vigor la sociedad ha cambiado mucho, y todo tipo de instituciones jurídicas, también”. Por ello, “se hace necesaria una nueva regulación que adopte determinadas circunstancias que ahora no están contempladas en la ley y que puede estar generando, incluso, indefensión a los ciudadanos, como puede ser la inclusión de la conciliación previa en la vida jurisdiccional social, los habeas corpus o el pago de las asistencias a personas jurídicas por designación judicial”.


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