- Piden a los políticos un Pacto de Estado
El Colegio acogió ayer la rueda de prensa convocada de manera conjunta por las cuatro Asociaciones Judiciales que no se reunían desde hace tres años. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces por la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) presentaron una propuesta unitaria con nueve ideas principales para un Pacto de Estado y hacer que “la Justicia, la gran olvidada, vuelva a ser un tema prioritario.”
De izquierda a derecha: Joaquim Bosch (JdD), Raimundo Prado (AJFV), Manuel Almenar (APM) y Conrado Gallardo (FJI)
Manuel Almenar, presidente de la APM, comenzó destacando que lo principal es crear un Pacto de Estado, que “saque a la Justicia de la arena política y garantice una Administración de Justicia imparcial y no partidista, tan importante como la sanidad o la educación”. Además, destacó que la elección de los vocales del Consejo General de Poder Judicial sea “igualmente imparcial y políticamente independiente”, al mismo tiempo que reclamaba su dedicación exclusiva al cargo.
En cuanto a la credibilidad de la Justicia, es necesaria la implantación de mecanismos que fortalezcan la confianza ciudadana, pues “aunque es un cliché que la Justicia sea partidista, la idea ha calado en la población”, añadió Almenar.
Joaquim Bosch y Conrado Gallardo, los portavoces de JdD y FJI respectivamente, defendieron que la solución a la lentitud de la Justicia no será posible sin más medios económicos ni reformas de calado. Bosch destacó que “los retrasos judiciales vienen de un sistema que permite la dilación de los procesos, sobre todo en casos de corrupción” y que la solución pasa por acortar los plazos, sin rebajar la calidad de la Justicia. Asimismo, Gallardo afirmó que “en España no es que se invierta menos que en otros países, es que se invierte mal,” y que es necesaria una partida creciente en los Presupuestos Generales de cada legislatura.
Por su parte Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, defendió el papel de la Justicia como “el santo y seña contra la corrupción, un elemento fundamental para el buen funcionamiento económico de un país.”
Las cuatro asociaciones concluyeron reclamando unas condiciones profesionales dignas “para que el juez pueda desarrollar su trabajo con normalidad, según la regulación de Riesgos Laborales”; un régimen de compatibilidad entre las ocho aplicaciones informáticas que manejan las Comunidades Autónomas; y unas reformas procesales consensuadas, “que no queden en papel mojado al final de cada legislatura.”