La Comisión Europea publicó el 20 de julio de 2026 sus Directrices sobre las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Estas obligaciones son aplicables desde el 2 de agosto de 2026 y afectan, entre otros, a sistemas que interactúan directamente con personas, contenidos generados o manipulados mediante IA, deepfakes, reconocimiento de emociones y categorización biométrica.
Las Directrices son especialmente útiles para abogados porque delimitan qué proveedores y responsables del despliegue están sujetos a cada obligación, explican conceptos relevantes y proporcionan ejemplos de situaciones incluidas o excluidas. Aunque no sustituyen al Reglamento, constituyen una referencia interpretativa esencial para diseñar políticas de transparencia y revisar productos y servicios basados en IA.