CIVIL
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 29 de septiembre de 2026. Recurso n.º 11493/2025. Ponente: Excma. Sra. Dª. Raquel Blázquez Martín
Cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación. Interpretación del art. 151.2 LEC
A las situaciones de tal clase, se les aplica el art. 96 del CC, que no
Los actos de comunicación que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores se tendrán por realizados al día siguiente hábil a la fecha de envío que conste en el resguardo acreditativo de su recepción si el acto de comunicación fue remitido antes de las 15:00 horas.
FUNDAMENTO JURÍDICO
“TERCERO.- Doctrina jurisprudencial sobre la interpretación del art. 151.2 LEC . Estimación del recurso. 1.La resolución del recurso de casación exige tener en cuenta el contenido de las normas básicas de la LEC sobre el cómputo de los plazos procesales. 2.El art. 151. 2 LEC establece lo siguiente: «Los actos de comunicación […] que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores se tendrán por realizados al día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su efectiva recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil». Por su parte, el art. 162 LEC regula, en el primer párrafo de su apartado primero, la realización de los actos de comunicación por medios electrónicos: «1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén obligados, legal o contractualmente, a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, así como en cualquier otro caso que establezca la ley, los actos de comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda». 3.El art. 133.1 LEC indica que «los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas». 4.Por último, el art. 135.5 LEC contiene la regulación del llamado «día de gracia» en el siguiente sentido: «5. La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, procesal o sustantivo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo». (…) 6.En este caso, la remisión de la sentencia al Colegio de Procuradores de Cádiz se realizó el día 3 de diciembre, y damos por hecho que la notificación se produjo antes de las 15:00 h, ya que fue abierta por el procurador del recurrente a las 12:54:10 horas de este mismo día. La notificación se debe entender realizada el día siguiente, 4 de diciembre ( art. 151.2 LEC), de modo que el plazo comenzó a correr al día siguiente, 5 de diciembre de 2024, conforme al art. 133.1 LEC. Tras el descuento de los días inhábiles (6 y 9 de diciembre, por ser festivos – cuestión no controvertida-, sábados, domingos y el periodo navideño comprendido entre el 24 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025), el plazo finalizaba el día 17 de enero de 2025, por lo que el recurso de apelación podía ser presentado ( art. 135.5 LEC) hasta las 15 horas del día siguiente hábil, en este caso el día 20 de enero. El recurso fue presentado a las 12:57:24 horas. Procede, por todo ello, estimar el recurso de casación y, con ello, declarar la nulidad de la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones a la audiencia provincial, para que a la mayor brevedad y bajo criterios de absoluta preferencia resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, sin poder apreciar ya la extemporaneidad que declaró en la sentencia recurrida.”
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 7 de octubre de 2026. Recurso n.º 2797/2022. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg
Sustitución fideicomisaria en que el cónyuge viudo es designado heredero fiduciario y que grava el tercio de mejora de los hijos en su condición de herederos forzosos.
La mejora solamente corresponde a hijos y descendientes y no al cónyuge viudo, y los demandantes han resultado mejorados en la herencia de su padre, en tanto en cuanto dejó a su hija, hermana de los demandantes, la legítima estricta.
FUNDAMENTO JURÍDICO
“CUARTO.- Examen de las circunstancias concurrentes y desestimación del recurso En el presente caso, hemos de partir de la base de que no se cuestiona que la sustitución fideicomisaria se encuentra comprendida en el tercio de mejora, por haberse agotado con asignación de bienes el tercio de libre disposición que correspondía al cónyuge viudo; por otra parte, tampoco es objeto de impugnación expresa el pronunciamiento de nulidad de la partición, puesto que tal y como se ha planteado el recurso de casación la única cuestión a decidir, por parte de este tribunal, es la concerniente así se cumplen las exigencias impuestas por el artículo 782 del CC, entendiendo la recurrente que se infringe dicho precepto, porque la sentencia recurrida considera erróneamente que el beneficiario del fideicomiso es el fiduciario y no el fideicomisario. El motivo no puede ser estimado. El fiduciario y el fideicomisario son herederos del causante, si bien de forma sucesiva, por la que ambos se benefician de la sustitución fideicomisaria llevada a efecto por el testador, en cuanto disposición a título gratuito de la que obtienen provecho. La STS 79/2013, de 1 de marzo establece que: «[l]a peculiar naturaleza de la sustitución fideicomisaria determina el establecimiento de un orden sucesivo y cronológico en el proceso adquisitivo de la herencia o legado de que se trate, culminándose dicho proceso con la correspondiente restitución de los bienes hereditarios a los herederos fideicomisarios, sobre los que ya no pesa ninguna carga de conservación o restitución de los mismos». Ahora bien, la mejora solamente corresponde a hijos y descendientes y no al cónyuge viudo, y los demandantes han resultado mejorados en la herencia de su padre, en tanto en cuanto dejó a su hija, hermana de los demandantes, la legítima estricta. Es evidente, por lo tanto, que los recurridos resultan gravados en su legítima larga (mejora), en tanto en cuanto no pueden disponer de ella hasta la muerte de la esposa del causante, que puede ejercer sobre los bienes, objeto de la sustitución fideicomisaria, facultades dominicales con la obligación impuesta legalmente, al no constituirse un fideicomiso de residuo, de conservarlos para su ulterior transmisión a los fideicomisarios. Obviamente, la legítima resulta cualitativamente gravada. La jurisprudencia no admite tal clase de gravámenes, así la STS 740/1968, de 26 de noviembre, señala que: «[l]a legítima como institución de orden público o de derecho necesario no puede ser derogada por la voluntad de los particulares, por lo que el testador no podrá imponer sobre la legítima, gravamen, ni condición ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo del viudo (artículo 813 y sentencias de 6 de marzo de 1891 y 9 de julio de 1917), no pudiendo las sustituciones fideicomisarias gravar nunca la legítima (artículo 782), procediendo análogamente en caso de fideicomiso de residuo […]». La STS 249/1995, de 17 de marzo, proclama que: «en ningún caso puede admitirse que los derechos actuales de la actora sobre los dos tercios de la legítima queden gravados por una sustitución fideicomisaria», en tal caso conferida a la viuda. En contra de lo que sostiene la parte recurrente, el artículo 782 del CC establece que la sustitución fideicomisaria sólo podrá establecerse a favor de los descendientes, no en beneficio del cónyuge viudo como heredera fiduciaria. Por su parte, el art. 824 CC señala que no podrá imponerse sobre la mejora otros gravámenes sino a favor de los legitimarios o sus descendientes, entendiendo por tales hijos y nietos, no comprendiendo el cónyuge viudo, al que únicamente le corresponde un usufructo legal, en este caso, el previsto en el art. 834 CC, al concurrir con descendientes del causante. La sentencia invocada por la parte recurrente 79/2013, de 1 de marzo, no guarda identidad de razón con el caso que nos ocupa, en tanto en cuanto versaba sobre un supuesto de premoriencia del fideicomisario adoptado al fiduciario adoptante, y se reclamaban los derechos hereditarios por los herederos del fideicomisario adoptado premuerto. Es inocua la cita del artículo 789 del CC, en cuanto señala que se entenderá también aplicable a los legatarios lo dispuesto en relación con los herederos, precepto del que, en modo alguno, cabe inferir que se atribuya al cónyuge viudo la condición de descendiente del causante con derecho a la mejora. El artículo 834 del CC se refiere al usufructo del tercio destinado a mejora, que corresponde por ley a la recurrente, en su condición de cónyuge viudo cuando concurra con descendientes, lo que nadie le niega. El testamento del causante no contiene una cláusula Socini, ni nos hallamos ante el supuesto contemplado en el artículo 831 CC, relativo a la facultad conferida a favor del cónyuge otorgada en testamento para que pueda realizar a favor de los hijos o descendientes comunes mejoras e incluso con cargo al tercio de libre disposición y, en general, adjudicaciones o atribuciones de bienes concretos por cualquier título o concepto sucesorio o particiones, incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal disuelta que esté sin liquidar. Obviamente, dichas facultades no fueron conferidas por el causante en su testamento, ni los demandantes son hijos comunes con el cónyuge viudo, sino fruto de otra relación. De la misma manera, es desafortunada la cita del art. 1406.4 del Código Civil que, en sede de liquidación de la sociedad legal de gananciales, reconoce el derecho del cónyuge viudo a que se incluyan en su haber determinados bienes cuando, como consta en el testamento, el causante y su esposa pactaron el régimen económico matrimonial de separación de bienes, y el objeto del presente proceso sobre la liquidación de su régimen económico matrimonial, sino ante la impugnación del cuaderno particional llevado a efecto por el contador partidor por gravamen cualitativo de la legítima de los demandantes.”
LABORAL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 22 de octubre de 2026, en el asunto C‑420/24.
El TJUE se pronuncia sobre el concepto de “tiempo de trabajo” y declara que el tiempo de desplazamiento hacia un lugar de trabajo efectivo distinto del lugar de trabajo previsto en un contrato de trabajo, es tiempo de trabajo efectivo.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que el tiempo que un trabajador dedica a desplazarse, incluso fuera de sus horarios de trabajo habituales, hacia y desde un lugar de trabajo establecido por su empresario, distinto de su lugar de trabajo fijo o habitual, para ejercer en él su actividad o sus funciones de conformidad con las instrucciones de su empresario, debe considerarse «tiempo de trabajo», en el sentido de dicha disposición.
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2026, RCUD n.º 2636/2025. Ponente: Excmo. Sr. D. RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA.
El Tribunal Supremo declara que la negativa empresarial a conceder al actor el teletrabajo al 100% de la jornada laboral solicitado como medida de conciliación no implica necesariamente que se esté vulnerando el derecho de no discriminación por razón de género, y ello aunque finalmente la discrepancia sea resuelta por el órgano judicial en favor de las pretensiones de la persona trabajadora.
La cuestión controvertida consiste en determinar si la negativa empresarial a conceder al actor el teletrabajo al cien por cien de la jornada laboral solicitado constituyó una vulneración de sus derechos fundamentales que obligue al reconocimiento de una indemnización por daños morales conforme al artículo 183.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
FUNDAMENTO JURÍDICO
4.En ambos casos se trata de personas trabajadoras con cargas familiares, que prestan servicios de teleoperadores y comienzan a prestar servicios en régimen de teletrabajo al 100% con motivo de la epidemia de COVID 19, siendo requeridos en el año 2023 para reincorporarse presencialmente parte de la jornada, frente a lo cual reaccionan solicitando la adaptación de su prestación de servicios mediante la continuidad en la modalidad de teletrabajo al cien por cien de la jornada al amparo del artículo 34.8 ET. Esa adaptación les es denegada por la empresa. En ambos casos las sentencias reconocen el derecho a la adaptación del teletrabajo durante el 100% de la jornada solicitada por razones de conciliación de la vida familiar y laboral, pero en relación con la indemnización por vulneración de derechos fundamentales las soluciones adoptadas son contrapuestas, puesto que la sentencia recurrida niega la discriminación y revoca la indemnización concedida en instancia, mientras que la sentencia de contraste aprecia la vulneración de derechos fundamentales y reconoce una indemnización.
A priori por tanto parece que existe una identidad sustancial entre ambos supuestos, pese a lo cual habrían recibido soluciones judiciales contradictorias. Sin embargo hay que profundizar en la cuestión teniendo en cuenta la doctrina de esta Sala Cuarta al respecto.
5.El artículo 53.1 de la Constitución dice que «los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos» y que «sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades…». Esto significa que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución precisan de un desarrollo legal, que en determinados supuestos habrá de realizarse por vía de ley orgánica ( art 81 CE). La Constitución solamente impone que esas leyes de desarrollo respeten el «contenido esencial» de los derechos fundamentales, pero a partir de ese punto los desarrollos legislativos pueden ser diversos. En un Estado democrático las leyes son la expresión
de la voluntad del pueblo a través de sus representantes electos y toda limitación a la libertad de estos representantes, en cuanto expresan la voluntad soberana de la nación, ha de ser juzgada con cautela, incluso las de naturaleza constitucional. Cuando se trata de derechos fundamentales la Constitución sin duda impone límites que no deben ser franqueados por el legislador ordinario u orgánico, pero no exige necesariamente desarrollos concretos, el legislador no pierde completamente su libertad de configuración.
Esta construcción jurídica de los derechos fundamentales nos plantea el problema de determinar si toda vulneración de las leyes que desarrollan los mismos constituye una vulneración del derecho constitucional de que en cada caso se trate. La respuesta es negativa. No puede entenderse que toda vulneración de la norma legal de desarrollo constituya siempre y por definición una vulneración del derecho fundamental, puesto que en la norma legal pueden existir contenidos accesorios, formales o procedimentales cuya infracción no afecte realmente al contenido del derecho fundamental en sentido estricto. Esto plantea el problema de decidir qué vulneraciones de la norma legal de desarrollo implican la vulneración del derecho fundamental y cuáles no.
La opción de definir el «contenido esencial» del derecho fundamental derivado del texto constitucional, segregando dentro del contenido de la Ley de desarrollo lo que pueda entenderse que pertenece a dicho núcleo esencial de todo lo accesorio que resulta ajeno al mismo se reveló pronto como inapropiada y de imposible aplicación, puesto que muchos desarrollos legales pueden, según las circunstancias, revelarse como básicos para la tutela del derecho fundamental e incluso una decisión aparentemente procedimental puede implicar una vulneración del derecho fundamental cuando impida su ejercicio y carezca de una fundamentación razonable y lógica. Por ello la técnica adoptada por la jurisprudencia constitucional, no exenta tampoco de dificultades, es la de aplicar un doble canon de enjuiciamiento a la hora de revisar las sentencias y demás resoluciones de los órganos jurisdiccionales. El primero, que es consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, consiste en comprobar si la decisión judicial resulta en sus razonamientos ilógica, absurda o desproporcionada, puesto que en tal caso equivale a una denegación de la tutela judicial. Este canon simple debe ser acompañado por un canon reforzado en el caso de que la decisión judicial verse sobre la tutela de otro derecho fundamental, porque en tal caso no basta con que la decisión judicial esté razonada lógicamente y no resulte a priori absurda, sino que debe estar razonada adecuadamente para que en su interpretación de las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales respete los contornos definidos constitucionalmente de los mismos. Si la decisión interpretativa de la ley de desarrollo, pese a su lógica formal, no se razona en términos de protección del derecho fundamental con una valoración adecuada, lógica y proporcionada de los aspectos atinentes al derecho de que se trate, entonces las vulneraciones de la ley de desarrollo del derecho fundamental constituyen al mismo tiempo vulneraciones del derecho fundamental.
Este doble canon de enjuiciamiento, aplicado por el Tribunal Constitucional a su revisión en vía de amparo de las resoluciones judiciales, debe adaptarse por los órganos judiciales para enjuiciar las eventuales vulneraciones de derechos fundamentales imputadas a otros sujetos. No toda vulneración de una ley de desarrollo de un derecho fundamental constituye necesariamente una vulneración con relevancia constitucional del propio derecho fundamental que esa ley desarrolla. Para que podamos hablar de que se producido tal vulneración es preciso que la actuación enjuiciada prescinda de toda valoración del derecho fundamental implicado o que el resultado de la valoración efectuada sea absurdo, ilógico o manifiestamente contrario a la Ley y a los perfiles básicos del derecho fundamental que desarrolla.
De esta forma podemos concluir que no existe vulneración del derecho fundamental cuando se produce una actuación de un sujeto en la que éste haya hecho una valoración del derecho fundamental adecuada a sus contornos definidos constitucionalmente, siempre y cuando la interpretación que haya aplicado de la ley de desarrollo no resulte claramente contraria a la misma ni absurda o ilógica. En ese caso, aunque el órgano judicial pronuncie una sentencia estimatoria de la pretensión del titular del derecho, nos situamos ante un problema de legalidad ordinaria y no ante una vulneración del derecho fundamental.
Lo contrario situaría a esa persona ante la disyuntiva de acceder en todo caso a las pretensiones de la parte contraria o, de no hacerlo, enfrentarse a la condena indemnizatoria por vulneración del derecho fundamental si yerra en su interpretación. En situaciones donde la interpretación de la norma legal de desarrollo del derecho fundamental no es clara, ni su aplicación a los supuestos de hecho reales resulta inequívoca, esa situación sería vulneradora del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (art 24.1 CE y Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre). La persona a la que se reclamen medidas de aplicación de la legislación de desarrollo de un derecho fundamental tiene derecho a oponerse a la pretensión, sin ser por ello sancionado con indemnizaciones por daños morales, si su oposición se fundamenta en argumentos jurídicamente razonables.
La razonabilidad de su oposición habrá de apreciarse por el órgano judicial tomando en consideración todos los factores concurrentes, incluida la doctrina jurisprudencial consolidada existente en el momento de los hechos.
6.En el caso de la igualdad por razón de género y la conciliación de la vida laboral y familiar las medidas legislativas han ido evolucionando y han sido diversas en su contenido a través de las distintas reformas legislativas. El legislador ha hecho uso de su potestad de configuración jurídica y ello no significa que solamente un desarrollo legislativo fuera posible, sino que distintas regulaciones diferentes son compatibles con los derechos fundamentales a cuya protección van destinadas. Ahora bien, esas regulaciones legales presentan indudablemente dudas interpretativas y se remiten frecuentemente al uso de conceptos jurídicos indeterminados que no resultan de fácil aplicación a los supuestos concretos que se presentan. En particular en el seno del art 34.8 ET nos encontramos el mandato de que las adaptaciones deben ser «razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa», mientras que en el art 37.7 igualmente exige cohonestar los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la persona trabajadora y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. Esos conceptos jurídicos indeterminados han de ser precisados en cada caso concreto, lo que constituye una labor ciertamente dificultosa que en caso de litigio compete a los órganos judiciales a través de mecanismos procesales expresamente diseñados para ello (art 139 LRJS).
Como hemos dicho en las sentencias 379/2023, de 25 de mayo (rcud 1602/2020) ó 130/2026, de 4 de febrero (rcud 1629/2025), las medidas normativas dirigidas a la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras gozan de una dimensión constitucional tanto desde la perspectiva de no discriminación por razón de sexo o por circunstancias personales, como desde la perspectiva de protección a la familia e infancia. La sentencia del Tribunal Constitucional 233/2007 afirmó que la restricción de estos derechos o la atribución de efectos laborales desfavorables a su ejercicio «conecta íntimamente con la prohibición de discriminación por razón de sexo de las trabajadoras». La sentencia del Tribunal Constitucional 153/2021 también vincula la protección de los derechos fundamentales y la prohibición de discriminación por razón de sexo cuando se restringen los derechos legales a la conciliación de la vida familiar y laboral. Ahora bien, ello no significa que toda decisión empresarial sobre adaptación del trabajo o concreción horaria implique necesariamente un trato discriminatorio por razón de sexo, incluso cuando el órgano judicial finalmente estime las pretensiones de adaptación del trabajo o concreción horaria de la persona trabajadora. No puede entenderse que la decisión empresarial implique una discriminación cuando la decisión responda a una finalidad legitima y se utilicen medios proporcionados, adecuados y necesarios para conseguirla, de manera que si se ofrecieron razones fundadas y objetivas, vinculadas a los requerimientos de los servicios a atender, ello elimina la existencia de trato discriminatorio por alguno de los factores del art. 14 CE.
6.Por tanto la denegación por la empresa de la medida de conciliación solicitada por la persona trabajadora no implica necesariamente y en todo caso que se esté vulnerando el derecho de no discriminación por razón de género y ello aunque finalmente la discrepancia sobre la procedencia y la concreción de la medida sea resuelta por el órgano judicial en favor de las pretensiones de la persona trabajadora. Para determinar si se ha producido una vulneración de derechos fundamentales en cada concreto caso es necesario que la decisión empresarial impugnada haya supuesto un desconocimiento de los procedimientos y criterios básicos para la aplicación de las normas que tutelan el derecho fundamental, que vaya más allá de las circunstancias que deban valorarse a la hora de determinar o ponderar los derechos de las partes en el ejercicio de los respectivos derechos en el ámbito de la legalidad ordinaria. Por tanto en cada caso ha de valorarse si la conducta de la empresa tiene un alcance discriminatorio y vulnerador de los derechos fundamentales o estamos solamente en presencia de un litigio sobre la aplicación de la legalidad ordinaria.
La legislación en materia de conciliación de la vida laboral y familiar constituye un desarrollo legislativo esencial del derecho a la igualdad y no discriminación y por tanto su vulneración puede implicar una vulneración de dicho derecho fundamental siempre y cuando se cumplan las condiciones anteriormente explicadas, esto es, que el sujeto haya actuado sin tomar en consideración la existencia del derecho fundamental afectado, sin hacer una valoración del mismo adecuada a sus contornos definidos constitucionalmente o bien cuando, aunque formalmente parezca haber realizado tal ponderación, la interpretación de la ley que haya realizado resulte claramente contraria al tenor de la misma o absurda o ilógica.
PENAL
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 15 de octubre de 2026. Recurso Nº: 8468/2023. Ponente: Excma. Sra. Dª. Susana Polo García
Delito de abuso sexual con prevalimiento e introducción de miembro corporal. Daño moral. Artículo 110.3 del Código Penal. No es preciso que tengan que concretarse en relación con alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, bastando que sean fruto de una evaluación global de la reparación debida a las mismas, así como las circunstancias personales de los ofendidos.
El daño moral constituye un concepto un tanto impreciso o indeterminado, pero real y existente, ante la evidencia de que todo delito afecta a los aspectos más sensibles y espirituales del ofendido, que soporta indebidamente el daño del ilícito penal, aunque no se traduzca directamente en un perjuicio patrimonial. El daño moral, en caso como el de autos, resulta de la importancia del bien jurídico protegido, la indemnidad sexual y de la afectación al mismo; no deriva de la prueba de lesiones materiales, sino de la significación espiritual que el delito tiene con relación a la víctima, por lo tanto debe confirmarse la existencia del daño indemnizable,
FUNDAMENTO JURÍDICO
FDJ SEXTO: (…) En el desarrollo se indica que considera que la cantidad fijada en concepto de responsabilidad civil no ha sido debidamente justificada ni motivada, siendo exageradamente elevada, no existiendo prueba que justifique el importe fijado, mostrando su total disconformidad con dicho concepto y cuantía; máxime cuando no consta probado que la Sra. Frida padezca a consecuencia de los hechos objeto de autos secuela de cuadro ansioso depresivo reactivo a los hechos denunciados, ni tratamiento médico y farmacológico hasta el mes de abril de 2021, como se establece en sentencia; toda vez que la Sra. Frida lleva presentando ese cuadro, años, y no se ha acreditado que presente secuela alguna en relación a los hechos, no constando acreditado daño moral; y menos aún que pueda cuantificarse en la suma de 30.000,00 €; por ello interesa que se deje sin efecto la indemnización fijada en sentencia o que se aminore la misma. 6.2.La intangibilidad del hecho probado es condición sine qua nonpara el éxito del motivo. La STS 684/2021, 15 de septiembre, apunta que cuando el motivo se articula por la vía del artículo 849.1 ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se acepten los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En definitiva, no puede darse una versión de los hechos en abierta discordancia e incongruencia con lo afirmado en los mismos, olvidando los motivos acogidos al artículo 849.1º de la LECrim ha de respetar fiel e inexcusablemente los hechos que como probados se consignan en la sentencia recurrida (en el mismo sentido, cfr. SSTS 849/13, 12 de noviembre y 614/22 22 de junio, entre otras muchas). 6.3.Por tanto, el cauce casacional empleado tiene como presupuesto de admisibilidad el respeto al hecho probado en la medida que el único debate por el que se permite en el motivo es el de la subsunción jurídica de los hechos probados declarados por el Tribunal, que, por ello, deben ser escrupulosamente respetados por el recurrente, lo que éste incumple en la medida que los cuestiona. Así, en el relato fáctico, se hace constar que: «Como consecuencia de estos hechos, Frida sufrió una crisis de ansiedad que curó con una sola asistencia facultativa invirtiendo en ello 19 días, con cuadro de perjuicio personal básico no impeditivo y 15 días de impedimento para cualquier actividad o profesión. Así mismo Frida ha sufrido como secuela un cuadro ansioso depresivo reactivo a los hechos denunciados que ha precisado de seguimiento y tratamiento médico y farmacológico al menos hasta el mes de abril de 2021». Además, sobre la indemnización de daños morales, conforme reiterada doctrina de esta Sala recogida, entre otras, en las sentencias núm. 784/2021, de 15 de octubre, y 636/2018, de 12 de diciembre, hemos dicho que «en los casos de daños morales derivados de agresiones sexuales la situación padecida por la víctima produce, sin duda, un sentimiento de indignidad, legitimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria sin que haya en ello nada que se identifique con pura hipótesis, suposición o conjetura determinante de daños desprovistos de certidumbre o seguridad, este caso, el daño moral resulta de la importancia del bien jurídico protegido -libertad e indemnidad sexual- y de la gravedad de la acción que lo ha lesionado criminalmente ( SSTS. 105/2005, de 29 de enero, 40/2007, de 26 de enero). Con respecto a la afectación psicológica de la víctima hay que insistir en que los daños morales no es preciso que tengan que concretarse en relación con alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, bastando que sean fruto de una evaluación global de la reparación debida a las mismas, de lo que normalmente no podrán los Juzgadores contar con pruebas que faciliten la cuantificación económica para fijarla más allá de la expresión de la gravedad del hecho, su entidad real o potencial relevancia repulsa social, así como las circunstancias personales de los ofendidos, ( SSTS 957/1998, 16 de mayo y 1159/1999, 29 de mayo, entre otras).». Además, hay que tener en cuenta, como señala el tribunal a quo,que » Frida ha sufrido como secuela un cuadro ansioso depresivo reactivo a los hechos denunciados que ha precisado de seguimiento y tratamiento médico y farmacológico al menos hasta el mes de abril de 2021. Es patente, por tanto, que la cantidad fijada en su favor por este concepto de daño moral solo puede aspirar a compensar simbólicamente con parámetros económicos un daño tildable como irreparable. Estamos muy lejos por consecuencia de hallar motivos para su rebaja.», por lo tanto, el tribunal razona la existencia de daño moral, como inevitable consecuencia o efecto del delito. El motivo decae. F A L L O El daño moral constituye un concepto un tanto impreciso o indeterminado, pero real y existente, ante la evidencia de que todo delito afecta a los aspectos más sensibles y espirituales del ofendido, que soporta indebidamente el daño del ilícito penal, aunque no se traduzca directamente en un perjuicio patrimonial. El art. 110.3º C.P. lo establece de forma expresa. El daño moral, en caso como el de autos, resulta de la importancia del bien jurídico protegido, la indemnidad sexual y de la afectación al mismo; no deriva de la prueba de lesiones materiales, sino de la significación espiritual que el delito tiene con relación a la víctima, por lo tanto debe confirmarse la existencia del daño indemnizable, y en cuanto a la cuantía, no la estimamos excesiva ya que pretende resarcir el daño derivado del propio atentado contra la indemnidad, al que además debe añadirse el alcance psicológico derivado del mismo, sin que la parte proponga cualquier otra cantidad como proporcional al daño moral causado.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 15 de octubre de 2026. Recurso Nº: 7382/2023. Ponente: Excma. Sra. Dª. Carmen Lamela Diaz.
Delito de lesiones con instrumento peligroso del artículo 148.1 del Código Penal. Lo decisivo es que la piedra, aun cuando no sea considerada de grandes dimensiones, fue utilizada como proyectil contundente, impulsado con fuerza, dirigido a una zona anatómica especialmente vulnerable. Un impacto de esa naturaleza sobre el rostro genera ex ante un riesgo cualificado para la salud física.
El resultado producido no sustituye al juicio de peligrosidad, pero lo corrobora. La víctima sufrió fractura conminuta abierta de los huesos propios nasales, que precisó reducción quirúrgica, sutura de la herida nasal, tratamiento farmacológico, hospitalización y dejó secuela estética. Ese resultado confirma la intensidad del impacto y la capacidad vulnerante de la acción ejecutada. La agravación no descansa en que la piedra era peligrosa porque produjo la lesión, sino que descansa en la conjunción entre el objeto utilizado, la fuerza del lanzamiento, la distancia, la dirección al rostro y la entidad del riesgo creado.
FUNDAMENTO JURÍDICO
FDJ TERCERO: (…) El art. 148.1 CP configura un subtipo agravado, de aplicación facultativa, respecto de las lesiones del art. 147.1 CP, cuando, atendiendo al resultado causado o al peligro producido, en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud física o psíquica del lesionado. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado que se trata de un tipo mixto alternativo. La agravación puede descansar en la naturaleza del arma, instrumento u objeto utilizado, pero también en el medio, método o forma de agresión, siempre que concurra un incremento cualificado del riesgo para la vida o salud. La STS 1390/2011, de 27 de diciembre, recuerda que la utilización de armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas responde al incremento del riesgo lesivo que objetivamente dimana del método o forma de agredir, y que lo determinante es la peligrosidad ex ante de la agresión. El fundamento de la agravación no reside solo en la relación causal entre el instrumento empleado y las lesiones producidas, sino en el incremento del riesgo que para la integridad física representa su empleo. La apreciación del subtipo exige una valoración individualizada. Deben ponderarse, de un lado, la composición, forma, morfología y capacidad lesiva del arma, instrumento u objeto utilizado; y, de otro, su empleo concreto en el caso, atendiendo a la intensidad de la acción, la dirección del golpe o lanzamiento, la zona corporal afectada, la distancia, la reiteración o no de la conducta y las demás circunstancias concurrentes ( SSTS 1327/2003, de 13 de octubre; 1203/2005, de 19 de octubre y 1191/2010, de 27 de noviembre). La STS 241/2024, de 13 de marzo, con cita de la STS 862/2023, de 22 de noviembre, sistematiza el juicio de peligrosidad en dos planos, como son, la capacidad abstracta del objeto para lesionar la vida o integridad de la víctima y su peligrosidad objetiva en la concreta utilización realizada. No basta, por tanto, con la peligrosidad abstracta del objeto, pero tampoco cabe prescindir de la forma concreta de empleo cuando esta revela una capacidad lesiva relevante. Esta doctrina no permite una aplicación automática del art. 148.1 CP. No todo objeto susceptible de causar una lesión es, por ello solo, instrumento peligroso. La falta de descripción suficiente del medio empleado puede constituir un obstáculo para fijar su grado de peligrosidad. Es el caso del supuesto contemplado en la STS 527/2002, de 14 de mayo, en un supuesto de lanzamiento de un «trozo de acerado», descartó la aplicación del art. 148.1 CP al no existir datos suficientes sobre las características del objeto empleado, aunque sí apreció el delito de lesiones del art. 147.1 CP. Pero ello no significa que la ausencia de medición exacta o de descripción minuciosa del objeto impida siempre apreciar la agravación. La peligrosidad típica puede derivar del conjunto de la acción, especialmente cuando el objeto se emplea de un modo que convierte la agresión en un método o forma concretamente peligrosa para la salud. En este sentido, la STS 604/2019, de 5 de diciembre, apreció el art. 148.1 CP en un supuesto de lanzamiento de un vaso de grueso cristal que impactó en la cara de la víctima. La sentencia declaró que para conceptuar un objeto como peligroso deben valorarse dos requisitos, como son, su capacidad abstracta para lesionar el bien jurídico de la integridad o vida y que objetivamente pueda ser tenido como peligroso en su concreta utilización. Añadió que un vaso de cristal puede ser medio contundente hábil para generar traumatismos de entidad si se aplica a una parte sensible del organismo, como el rostro, y destacó que la capacidad lesiva resultaba tanto de sus características como del modo de empleo y del resultado producido. En la STS 1572/2003, de 25 de noviembre, nos pronunciamos en términos análogos sobre la utilización de un vaso de cristal como instrumento peligroso, atendiendo al incremento de capacidad vulnerante, al riesgo generado y a la forma concreta de utilización. En suma, la doctrina de esta Sala puede sintetizarse en el sentido de que el art. 148.1 CP exige un plus de peligrosidad concreta, apreciable ex ante, derivado de la naturaleza del objeto utilizado, de su modo de empleo o de la forma misma de la agresión. Ese plus no se presume por el solo resultado lesivo ni por la mera utilización de cualquier objeto, pero puede apreciarse cuando el relato probado describe una acción objetivamente idónea para generar un riesgo para la vida o salud superior al ordinariamente comprendido en el tipo básico de lesiones.
Sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-660/24 | Comisión/Hungría y C-681/24 | Comisión/República Checa (Plazo impuesto para poder ser asistido por un letrado)
Incumplimiento de Estado: Hungría y la República Checa han infringido el Derecho de la Unión al autorizar, con carácter general, que los sospechosos y las personas razonablemente sospechosas de haber cometido una infracción penal sean interrogados sin letrado si este no comparece en un determinado plazo
EXTRANJERÍA
Sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 01 de octubre de 2026 en el asunto C-249/25 | [Jilin].
La suspensión automática del examen de las solicitudes de asilo presentadas por los beneficiarios de protección temporal es contraria al Derecho de la Unión
El objetivo de la protección temporal es otorgar garantías inmediatas y mínimas a las personas desplazadas dentro de los Estados miembros, en particular cuando existe el riesgo de que el sistema de asilo de estos últimos no pueda hacer frente a la afluencia masiva de solicitudes de protección internacional. El Tribunal de Justicia manifiesta que el Derecho de la Unión autoriza al beneficiario de la protección temporal a presentar una solicitud de protección internacional, y que la denegación de dicha solicitud no conlleva la pérdida del estatuto de protección temporal, ya que ambos procedimientos pueden desarrollarse simultáneamente y de manera independiente. Además, la aplicación de las Directivas relativas a la tramitación de las solicitudes de protección internacional no excluye en absoluto a los solicitantes que ya disfrutan de la protección temporal, de modo que les son aplicables las normas generales que recogen. Por lo tanto, los plazos que establecen deben observarse al examinar una solicitud de protección internacional, con independencia de si el solicitante disfruta ya o no de la protección temporal. Dicho esto, el Derecho de la Unión autoriza, no obstante, a los Estados miembros a prorrogar los plazos de tramitación de las solicitudes de protección internacional cuando lo justifiquen razones objetivas, en particular las dificultades administrativas que puede provocar el aumento del número de solicitudes de protección internacional presentadas simultáneamente. Por último, una suspensión automática y generalizada del examen de las solicitudes de protección internacional durante el período de protección temporal sería contraria a la propia finalidad de dicha protección: preservar la posibilidad efectiva de que los solicitantes obtengan protección internacional al término de un examen adecuado de su situación individual, garantizándoles de forma inmediata una protección de menor amplitud. El Tribunal de Justicia termina señalando que no cabe excluir que, en casos excepcionales, la presentación de un número considerable de solicitudes de protección internacional en un breve período de tiempo impida objetivamente a un Estado miembro examinar todas esas solicitudes respetando estrictamente los plazos exigidos. Esa situación puede llevar entonces a las autoridades a adoptar medidas como el examen escalonado de las solicitudes, definiendo, en su caso, prioridades a tal efecto. El juez nacional debe así asegurarse de que la eventual superación de los plazos aplicables no resulta de una suspensión generalizada y automática del examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por los beneficiarios de la protección temporal, sino únicamente de las medidas necesarias para hacer frente a una imposibilidad objetiva de respetar dichos plazos.
FUNDAMENTO JURÍDICO
“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, y el artículo 31 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional,
deben interpretarse en el sentido de que
– se oponen a que las autoridades de un Estado miembro suspendan de manera automática el examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por los beneficiarios de la protección temporal durante el período de protección temporal, de modo que el plazo para adoptar una decisión sobre esas solicitudes de protección internacional únicamente comience a correr o siga corriendo tras la finalización de dicho período;
– en casos excepcionales, las autoridades competentes pueden aplazar temporalmente el examen de algunas de dichas solicitudes de protección internacional, incluso superando ese plazo de decisión, siempre que tal superación resulte de medidas adoptadas para hacer frente a una imposibilidad objetiva de observar estrictamente dicho plazo de decisión y evitar al mismo tiempo la saturación del sistema de protección internacional del Estado miembro de que se trate y que sean necesarias a tal fin”.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso, secc. quinta, de fecha 05 de octubre de 2026. Recurso nº 4829/2025. Ponente: Excma. Sr. D. Francisco Javier Pueyo Calleja.
Régimen jurídico de aplicación a un extranjero solicitante de protección internacional que se encuentra en un Centro de Atención, Emergencia y Derivación
El régimen jurídico de aplicación a un extranjero solicitante de protección internacional que se encuentra en un Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) es el propio de un solicitante de protección internacional conforme a lo establecido en su normativa.
FUNDAMENTO JURÍDICO
“QUINTO.- La doctrina jurisprudencial establecida en relación con la cuestión de interés casacional planteada.
5.1.- El auto de admisión del recurso plantea como cuestión que presenta interés casacional, la consistente en determinar «[…] cuál es el régimen jurídico de aplicación a un extranjero solicitante de protección internacional que se encuentra en un Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED). […]».
5.2.- Debe señalarse que, desde luego, el régimen jurídico aplicable a los CAED resulta complejo por su atomización y falta de sistematización. Pero es evidente que los CAED tienen naturaleza institucional, pues son centros de titularidad pública estatal, integrados en la red de centros de migraciones y adscritos al Programa de Atención Humanitaria (PAH). Aunque nacieron como dispositivos excepcionales de emergencia en 2018, la propia Administración ha consolidado su carácter estructural y permanente, de modo que ya no operan como recursos coyunturales, sino como piezas estables del sistema público de acogida. Esta integración en la red estatal determina que su funcionamiento esté plenamente sometido al Derecho administrativo, con independencia de que la gestión material se realice mediante entidades privadas autorizadas en régimen de acción concertada.
5.3.- No obstante, su régimen jurídico no debe confundirse con el propio del sistema de acogida en materia de protección internacional. Esta distinción resulta especialmente relevante porque el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, tiene por objeto específico este último sistema y su disposición adicional tercera extiende a los programas de atención humanitaria únicamente lo previsto en su Título V, relativo a la gestión mediante acción concertada, sin declarar aplicable en bloque al PAH el resto de su regulación. De ello se desprende que la circunstancia de que un CAED sea gestionado por una entidad colaboradora mediante acción concertada no transforma, evidentemente, a dicha entidad en Administración pública ni le atribuye, por sí sola, potestades administrativas de carácter sancionador; su actuación debe permanecer dentro de las competencias de gestión que le hayan sido atribuidas y de las Instrucciones de procedimiento y gestión de plazas del PAH.
5.4.- Desde esta perspectiva, la denominada «baja obligatoria» o expulsión de un usuario de un CAED exige distinguir entre una decisión meramente organizativa -por ejemplo, una derivación o traslado a otro recurso adecuado- y una medida que comporte realmente la pérdida del alojamiento, manutención o demás prestaciones de acogida. Las Instrucciones del PAH 2023-2026, singularmente sus apartados 4.8 y 4.9 y su Anexo 10 bis, contemplan precisamente la problemática de las bajas obligatorias; ahora bien, dichas instrucciones, por su naturaleza administrativa interna, deben interpretarse de conformidad con el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la competencia del órgano actuante y las garantías generales de la Ley 39/2015. No es jurídicamente admisible que una entidad gestora pueda convertir una facultad ordinaria de gestión del centro en una potestad autónoma para privar definitivamente a una persona de una prestación pública por razón de una conducta reprochable, sin cobertura normativa suficiente ni posibilidad de contradicción. Distinta puede ser la ejecución material por la entidad de una decisión administrativa previamente adoptada o la adopción de medidas inmediatas estrictamente necesarias para preservar la seguridad y convivencia, siempre que estas últimas sean temporales, proporcionadas y no equivalgan de hecho a una retirada definitiva de la asistencia.
5.5.- La cuestión adquiere una complejidad adicional cuando el usuario alojado en el CAED ha adquirido la condición de solicitante de protección internacional. Para estas personas, el artículo 33 de la Ley 12/2009 permite al Ministerio reducir o retirar determinadas condiciones de acogida en los supuestos legalmente previstos, mientras que el artículo 32 del Real Decreto 220/2022 distingue entre reducción y retirada y remite, para determinadas conductas relacionadas con el incumplimiento de las normas del centro, los derechos de otros residentes o la convivencia, al correspondiente régimen disciplinario. Ese régimen se encuentra desarrollado por la Orden ISM/922/2023, que atribuye expresamente la potestad disciplinaria a la Dirección General competente, exige un procedimiento sometido a la Ley 39/2015 y establece que, en los recursos de gestión indirecta, la persona responsable del centro puede denunciar los hechos, pero corresponde a la Administración incoar, instruir y resolver el procedimiento; además, las medidas provisionales adoptadas durante su tramitación no pueden consistir en la reducción o retirada de las condiciones materiales de acogida.
Desde esta regulación y las anteriores consideraciones debe sostenerse que, cuando la exclusión del CAED opere materialmente como consecuencia disciplinaria frente a un solicitante de protección internacional y comporte la pérdida efectiva de alojamiento y manutención, la decisión no puede quedar exclusivamente en manos de la entidad gestora.
5.6.- No obstante, es evidente que no está definitivamente resuelta la articulación entre ambos regímenes. La dificultad reside en determinar si el mero hecho de presentar una solicitud de protección internacional mientras se permanece alojado en un CAED implica la inmediata aplicación del régimen material y disciplinario previsto para el sistema de acogida de protección internacional, o si, mientras la persona continúa formalmente incorporada a un recurso del Programa de Atención Humanitaria, sigue resultando prioritariamente aplicable el régimen específico del PAH y su procedimiento de baja obligatoria. Y en este punto debe resaltarse nuestra STS de 6 de noviembre de 2024 Rca 7691/2022, a cuya doctrina y fundamento nos remitimos, que viene a concluir que la mera manifestación de voluntad de solicitar protección internacional ante los órganos previstos en la normativa ya equivale a la propia solicitud o formalización de la misma, y por ende ello determina la atribución de los derechos que la normativa otorga a los solicitantes de protección internacional y entre ellas las condiciones de acogida y su régimen jurídico.
5.7.- Por todo ello, cabe concluir que no existe una facultad general e incondicionada de la entidad gestora de un CAED para «expulsar» discrecionalmente a un usuario. La legalidad de una baja dependerá de su causa, de la situación administrativa del interesado, de si existe una alternativa de alojamiento y, especialmente, de si la medida constituye una simple reorganización o derivación dentro del sistema o supone una verdadera retirada de las condiciones materiales de acogida. Cuando esta última consecuencia se produzca respecto de un solicitante de protección internacional por motivos disciplinarios, la exigencia de intervención de la autoridad administrativa competente y de un procedimiento contradictorio, individualizado, motivado y proporcional encuentra un fundamento normativo particularmente intenso en la Ley 12/2009, el Real Decreto 220/2022 y la Orden ISM/922/2023. A ello se añade actualmente el artículo 23 de la Directiva (UE) 2024/1346, aplicable desde el 12 de junio de 2026, que exige que las decisiones de reducción o retirada sean objetivas, imparciales, individualizadas, motivadas y proporcionadas y que las condiciones materiales de acogida no sean reducidas o retiradas antes de que se adopte la correspondiente decisión (en términos muy similares a lo previsto en el artículo 20.5 de la directiva 2013/33, que era la aplicable ratione temporis en el supuesto litigioso). Por ello, una exclusión material ejecutada exclusivamente por la entidad gestora, carente de resolución administrativa cuando ésta resulte jurídicamente exigible y que deje al interesado sin las condiciones de acogida que le correspondan, es susceptible de impugnación y, atendidas las circunstancias concretas y su imputabilidad a la Administración, efectivamente puede constituir actuación material carente de cobertura administrativa suficiente o vía de hecho.
5.8.- Por todo lo razonado podemos dar ya respuesta a la cuestión planteada por la Sección de Admisión fijando la siguiente doctrina: El régimen jurídico de aplicación a un extranjero solicitante de protección internacional que se encuentra en un Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) es el propio de un solicitante de protección internacional conforme a lo establecido en su normativa”.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso, secc. tercera, de fecha 29 de septiembre de 2026. Recurso nº 643/2024. Ponente: Excma. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde.
Efectos de la fecha de entrada en correos de sobre certificado cerrado
Ha de tomarse como fecha valida de presentación de un recurso administrativo la fecha en que el escrito se envía por correo postal certificado, aunque se presentase en la oficina de correos en sobre cerrado, siempre que en el certificado emitido por el servicio postal conste la fecha de presentación, el nombre del remitente (y este coincida con el recurrente o su representante), se especifique el órgano administrativo destinatario y no existan otros elementos de prueba que permitan albergar una duda razonable sobre la recepción del escrito por el órgano administrativo o que permita dudar sobre cuál era el verdadero contenido que llegó a las dependencias administrativas.
FUNDAMENTO JURÍDICO
“SEGUNDO. La presente controversia se centra en determinar si, a los efectos de establecer la fecha de presentación de un recurso administrativo, deben negarse efectos a la fecha de entrega en correos de un escrito enviado en sobre certificado cerrado.
En el supuesto que nos ocupa, Doña Isabel Martínez García, actuando como representante de D. Cosme , presentó el recurso de reposición en una oficina de correos en sobre cerrado dirigido a la Secretaria de Estado para Avance Digital Subdirección General de atención al usuario. El envió se hizo por correo postal certificado, en el que constaba el nombre del remitente y el órgano administrativo destinatario, así como la fecha de presentación (17/10/2019) y la hora.
El acercamiento de la Administración a los ciudadanos, habilitando nuevas formas de dirigirse y relacionarse con ella, no solo se plasma en nuestra ley de procedimiento administrativo en la articulación de mecanismos para el acceso electrónico a los servicios públicos, sino también estableciendo otros medios que el acceso fácil y cómodo de los ciudadanos, entre los que se encuentre es la posibilidad de presentar escritos no solo en el registro del órgano administrativo sino también en las oficinas de correos.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en consonancia con lo que ya establecían anteriores leyes de procedimiento, dispone en su artículo 16.4 que «Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en las «oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca».
Y el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, dispone en su artículo 31, en relación con la admisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, lo siguiente:
«Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, a través del operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio postal universal, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión. El remitente también podrá exigir que se hagan constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el original, en la primera página de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se quiera enviar, que deberá aportarse como forma de recibo que acredite la presentación de aquél ante el órgano administrativo competente.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina.
Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, siguiendo las formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo».
En este caso, el recurso de reposición que nos ocupa se presentó en sobre cerrado, por lo que no fue posible hacer constar en la cabecera de la primera hoja del documento el nombre de la oficina, la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. Esta circunstancia motivo que la Administración primero y la sentencia de instancia después considerase como fecha de presentación del recurso el momento en que tuvo entrada en el registro del órgano administrativo, desconociendo la fecha en la presentó en la oficina de correos. Y ello determinó que se inadmitiese el mismo al considerarlo extemporáneo.
Frente a la aplicación literal y estricta de lo previsto en el reglamento de servicios postales realizada por la sentencia de instancia, existe una jurisprudencia que ha interpretado este modalidad de presentación con un criterio antiformalista, permitiendo que se tome como fecha valida la que conste en certificado de los escritos presentados en sobre cerrado en la oficina de correos cuando se podían entender razonablemente cumplidas las finalidades que trataban de garantizar, esto es, además de la certeza de la fecha de presentación, la identidad o identificación de los escritos presentados en las Oficinas de Correos que se dirigen a una determinada dependencia Administrativa.
Esta jurisprudencia ha venido afirmando que las actuaciones de los particulares frente a la administración esta caracterizada por el antiformalismo, que se traduce en la imposición de unos requisitos mínimos para las actuaciones de los interesados, así como la admisión generalizada de la subsanación de defectos o errores cometidos. Esta jurisprudencia responde a la concepción de que las exigencias formales solo pueden impedir el acceso a los recursos cuando son esenciales para alcanzar el fin que se persigue. Con base en esta jurisprudencia se admite la presentación de solicitudes de escritos o documentos en las oficinas de correos, pues lo relevante es la fecha que aparece como remitida la carta si se acredita que en la misma se contenía el documento al que se pretende.
Dicha jurisprudencia no es nueva, surgió hace años interpretando las exigencias que en este punto contenían las anteriores leyes de procedimiento administrativo, en esencia coincidentes con la actual regulación. Esta jurisprudencia interpretaba el art. 66.3 de la Ley de procedimiento administrativo de 1958, el art 38.4.c de la Ley 30/1992, así como el Reglamento correos del Servicio de Correos aprobado por el Decreto 1653/1964, de 14 de mayo (art. 205 apartados 2 y 3). Pero dichas normas son, en esencia, coincidentes con el artículo 16.4 de la ley 39/2015 y con la previsión del art. 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.
Así, la STS de 9 de febrero de 1998 y la STS de 9 de octubre de 1.998, afirmaban que es fecha valida de la interposición de un recurso administrativo su presentación en una oficina de correos para un envío certificado, aunque sea en sobre cerrado, a no ser que se demuestre que al organismo a que va dirigido es distinto de aquel que se dice entregado para su certificación y ello con la finalidad de aplicar a los preceptos administrativos la interpretación antiformalista que caracteriza a esta jurisdicción contencioso-administrativa.
En esta jurisprudencia no se buscaba desvirtuar el rigor formal sino de cumplir con el espíritu de esta previsión a los efectos de demostrar la fecha en que se presentó la reclamación, en aquellos casos en los que la Administración no niega la recepción del documento y este figura en el expediente administrativo, entendiendo que el que no se diera cumplimiento al sellado del mismo por la oficina de correos no invalida ni la existencia del escrito ni la remisión dentro del término.
En el supuesto que nos ocupa, la Administración no ha negado haber recibido el recurso de reposición remitido por Doña Isabel Martínez García, actuando en representación de D. Cosme (tal y como venía haciendo a lo largo del expediente administrativo), el cual consta incorporado al expediente administrativo. Es más, así lo reconoce expresamente al tiempo de resolver el recurso de reposición, afirmando que dicho recurso tuvo entrada en la Secretaria de Estado para el Avance Digital el 22 de octubre de 2019, esto es, unos días después de su presentación en la oficina de correos. Tampoco la Administración ha puesto en duda que el escrito presentado en correos y remitido por correo certificado es el que finalmente se recibió en las dependencias administrativas, y sin que tampoco se haya acreditado que en esa fecha se presentasen otros escritos diferentes por el mismo remitente y dirigidos a la misma dependencia administrativa que permita dudar del contenido del sobre remitido por acuse de recibo.
En definitiva, aunque no se cumplieron las exigencias formales previstas en el art. 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de 3 de diciembre, ha de tomarse como fecha valida de presentación del recurso administrativo la fecha en que el escrito se envió por correo postal certificado, aunque se presentase en sobre cerrado, al constar en el certificado expedido por la oficina de correos: la fecha de presentación, el nombre del remitente, y el órgano administrativo destinatario. Y al existir una correlación razonable entre la fecha en que el escrito se envió desde la oficina de correos y el momento en que se recibió en el registro del órgano administrativo, sin que, por otra parte, la Administración haya negado el haber recibido en sus dependencias el envío postal certificado que contenía el recurso de reposición.
Y en tales circunstancias, corresponde a la Administración la prueba de que el contenido del sobre remitido es distinto de aquel que fue entregado en las dependencias de correos para su certificación, o cuando menos que existen elementos de prueba que permitan dudar sobre el verdadero contenido remitido por haberse presentado en esas fechas y por esta vía otros escritos por el mismo remitente dirigidos a la misma dependencia administrativa”.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso, secc. segunda, de fecha 06 de octubre de 2026. Recurso nº 385/2025. Ponente: Excma. Sr. D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos.
Custodia compartida. Aplicación del Mínimo por descendiente del art. 58.1 LIRPF, y de la Reducción de la base liquidable del art. 64 LIRPF
En los supuestos de custodia compartida, tras la entrada en vigor de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, los progenitores que paguen anualidades por alimentos en favor de los hijos por decisión judicial, podrán aplicar en el mismo período impositivo, el mínimo por descendientes del artículo 58 de la LIRPF , y el régimen previsto en los artículos 64 y 75 de dicha norma , en función del tiempo en que exista una efectiva convivencia entre progenitor y descendiente, de manera que ambos regímenes no se solapan.
FUNDAMENTO JURÍDICO
“QUINTO. – Criterio de la Sala sobre la interpretación de los artículos 58.1, 61.1 ª y 64 LIRPF.
1. El abogado del Estado sostiene que la interpretación que la sentencia de la Sala de Valencia hace de las normas legales de aplicación, disponiendo una consecuencia jurídica que no está prevista en norma alguna, es contraria a ellas y no aceptable a la vista del artículo 12.1 de la LGT, por su remisión al artículo 3.1 del Código civil.
En efecto, el artículo 12.1 LGT, establece que las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.1 del Código Civil, y este último establece que «Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas».
Siguiendo una interpretación literal o gramatical del añadido que el legislador ha incorporado al art. 64 LIRPF, puesto en relación con el art. 58, el abogado del Estado sostiene que aquel precepto solo reconoce el derecho a la reducción contemplada en él, a los progenitores que satisfacen anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial y no conviven con ellos.
Sin embargo, esta interpretación, literal o gramatical, no nos puede llevar a interpretar la norma en el sentido de excluir de su aplicación a los progenitores que, en los casos de custodia compartida, si bien conviven con sus hijos durante una parte del año, no lo hacen durante la otra parte, razón por la cual satisfacen a su favor una pensión por alimentos.
2. Al margen de considerar poco clara la redacción empleada por el legislador, no se entiende que el artículo 64 se esté remitiendo únicamente al artículo 58, de manera que bajo la expresión «sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes», comprenda a todo progenitor que tenga derecho a la aplicación de este mínimo, independientemente de cómo se haya determinado su importe. Los arts. 58 y 61 deben de ser interpretados de forma conjunta desde el momento en que la finalidad del artículo 61, como hemos dicho, radica en adaptar el impuesto sobre la renta a las circunstancias personales y familiares del contribuyente, y como tal, forma parte de las normas comunes para la aplicación de los mínimos familiares. Bajo esta premisa podemos admitir que la expresión añadida al artículo 64 se remite a ambos preceptos (58 y 61), permitiendo la aplicación de esta especialidad -que recordemos, se configura legalmente como una especialidad aplicable en los supuestos de anualidades por alimentos a favor de los hijos-, en los casos de custodia compartida en los que el progenitor paga una pensión por alimentos a favor de sus hijos. La compatibilidad por la que nos pregunta el auto de admisión lo es bajo los límites del art. 61 LIRPF, esto es, partiendo de la base del prorrateo previsto en la regla 1ª.
Esta interpretación del art. 64 LIRPF se acomoda al espíritu y finalidad de las normas que regulan el mínimo por descendientes, y en general, al espíritu y finalidad de las normas que conforman el tratamiento fiscal de la familia, y su protección económica, como se verá a continuación.
3. La compatibilidad en el mismo período impositivo del mínimo por descendientes del artículo 58 de la LIRPF y del régimen previsto para las anualidades por alimentos en favor de los hijos por decisión judicial del art. 64, en los casos de custodia compartida, no obedece a la aplicación de un principio de justicia material, sino a la interpretación de las normas aplicables conforme a criterios hermenéuticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, entre el que los que se encuentran la interpretación lógica y finalista de las normas fiscales, y el criterio de interpretación conforme a la Constitución.
Como ha dicho esta Sala en la sentencia de 25 de octubre de 2022 (Recurso: 6568/2020, ECLI:ES:TS:2022:3926) «[e]n toda tarea hermenéutica juega, en mayor o menor medida, un elemento de indagación del sentido y finalidad que, aun en caso de normas que requieren la acepción más estricta posible -como, por ejemplo, las disposiciones penales contra reo-, es necesario y avala la tarea del intérprete jurídico y, entre ellos, más caracterizadamente, la que incumbe al juez».
Y aunque en el presente caso no se cita entre las normas que se dicen infringidas el art. 14 LGT , no está de más recordar lo que añade la citada sentencia «Dentro de que la prohibición establecida en el art. 14 LGT tiene un sentido y finalidad propios, reiteradamente aplicado por esta Sala, debe decirse que lo que la norma prohíbe es la analogía legis, esto es, la extensión de un beneficio fiscal a un caso no previsto en la norma para su obtención, pero tal interdicción no impone, por esa sola razón, una interpretación meramente gramatical de las normas, en sentido restrictivo, que es lo que en el recurso de casación se viene a propugnar. En ningún precepto se establece esta especie de regla limitativa que excluya la posibilidad de interpretar un precepto conforme a su sentido y finalidad, según imponga la realidad social o atendiendo a criterios lógicos, históricos o sistemáticos».
En la misma sentencia de 25 de octubre de 2022 se acaba fijando una doctrina perfectamente aplicable a este caso, según la cual «En la interpretación de toda norma jurídica, incluidas las que reconocen beneficios fiscales rige, según venga impuesto por el texto, naturaleza o finalidad de la norma, el elenco de posibilidades interpretativas que contiene el art. 12 LGT, por virtud de su remisión al artículo 3.1 C.C. y, en especial, la interpretación conforme a la Constitución».
4. Estos son los criterios que nos han de servir de guía para resolver la presente controversia, y para alcanzar, como se desprende de los anteriores apartados, una decisión desestimatoria del recurso.
Acudiendo en primer lugar a los antecedentes legislativos en relación con el art. 64 LIRPF, podemos observar que la ley 26/2014 silencia las razones que condujeron a su modificación. En lo que se refiere al tratamiento fiscal de la familia, la ley se limita a decir que la reforma respeta tanto el concepto de mínimo personal y familiar como su forma de integración en el Impuesto. Destaca como objetivo de la reforma, en este ámbito, por una parte, la elevación del mínimo personal y familiar, y en particular el correspondiente a los ascendientes y descendientes que convivan con el contribuyente, y la finalidad que persigue, incrementar de forma significativa la progresividad del mismo. Y por otra, la aprobación de nuevas deducciones que operarán de forma análoga a la actual deducción por maternidad, esto es, como auténticos impuestos negativos, en el caso de los trabajadores con mayores cargas familiares. Pero nada dice que la modificación de los arts. 64 y 75 obedezca a la intención de dar cobertura legal a la no aplicación de la reducción de la base liquidable con la pensión por alimentos en los supuestos de custodia compartida, lo que además convertiría a la reforma en una modificación de la ley de signo contrario a la voluntad encaminada a favorecer el tratamiento fiscal de la familia, y donde la familia ha sido unos de los pilares vertebradores de la reforma.
5. En segundo lugar, abundando en el fin perseguido por las normas que regulan el mínimo por descendientes, y por conexión con este último, de la reducción prevista en el art. 64 LIRPF, el fin perseguido por ambas es común, la protección económica de la familia mediante la deducción de parte de los gastos que provoca el deber constitucional de asistencia de todo orden a los hijos. Ello determina que la interpretación de estas normas ha de hacerse, precisamente, en el ámbito del tratamiento fiscal de la familia, y a la luz de la protección que el artículo 39.1 CE dispensa a la familia; protección que comprende una protección económica en todas aquellas situaciones en las que se ha producido una ruptura familiar, incluidas aquellas en las que entra en juego una figura jurídica, la custodia compartida, contemplada en el art. 92.5 CC «Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento»
Una interpretación de las normas bajo estos criterios, y en particular conforme a los principios y derechos que protege la Constitución en los términos expuestos, excluye la necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, a lo que solo se vería obligado este tribunal si conforme con lo dispuesto en el art. 5.3 de la LOPJ, no fuese posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional por vía interpretativa.
6. El TC en la sentencia 19/2012, de 15 de febrero (Recurso: 1046/1999 , ECLI:ES:TC:2012:19) se pronunció en el sentido de que la familia a la que manda proteger el art. 39.1 CE nada tiene que ver con el hecho físico de la convivencia entre los miembros que la integran, de modo que no es posible admitir que el progenitor que no vive con sus descendientes pero que mantiene, por imposición legal o judicial, la obligación de prestarles asistencia de todo orden, quede excluido por esa circunstancia del ámbito de protección que exige aquel precepto constitucional.
El TC en la citada sentencia declaró que la expresión «conviva con el contribuyente» y de la letra b) del número 1 del art. 40.3 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias, era inconstitucional. Recuerda que:
«[e]l art. 39.3 CE impone a los padres el deber de «prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad”. Ese precepto constitucional, que «refleja una conexión directa con el art. 14 CE » ( STC 154/2006, de 22 de mayo , FJ 8), impone a los padres, por igual, el deber de prestar asistencia a los hijos, «-asistencia que, naturalmente, incluye la contribución a los alimentos- con independencia de que éstos hayan sido concebidos dentro o fuera del matrimonio ( art. 39.3 CE ), de que se haya producido la nulidad matrimonial, la separación legal o la disolución del matrimonio por divorcio ( art. 92 del Código civil ), o incluso, en fin, de que el progenitor quede excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas ( arts. 110 y 111, in fine, CC )» ( STC 33/2006, de 13 de febrero , FJ 4). Tales alimentos, conforme al art. 142 del Código civil (CC), incluyen el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de los hijos, y deben satisfacerse en medida proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (art. 146 CCC)( SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 3 ; y 33/2006, de 13 de ffebrero,FJ 4)»
7. Estos pronunciamientos son útiles para reforzar la idea de que el fin perseguido por las normas aquí aplicables, es la protección económica de la familia mediante la deducción de parte de los gastos que provoca el deber constitucional de asistencia de todo orden a los hijos. El hecho de que la Ley 40/1998 exigiese la convivencia, como lo sigue haciendo el art. 58 LIRPF, no podía determinar la eliminación del derecho a aplicar el mínimo por descendiente a los progenitores que, aun no conviviendo con sus hijos, satisfacen una pensión por alimentos a su favor.
Con los pronunciamientos que se recogen en la STC 19/2012, el TC no estaba reduciendo el ámbito de la esfera de derechos de los contribuyentes. Por el contrario, lo estaba ampliando a los progenitores que, aun no conviviendo con sus hijos, satisfacen una pensión por alimentos. Y la razón de ello ha sido precisamente dispensar una protección económica a la familia. A esta protección económica también está encaminada la reducción prevista en el art. 64 para las pensiones por alimentos que se satisfacen en cumplimiento del deber constitucional de asistencia de todo orden a los hijos; deber que también está presente en los casos de custodia compartida.
8. En este contexto, conviene destacar que la custodia compartida es la situación en la que a ambos progenitores les corresponde el cuidado y atención de los hijos comunes por periodos temporales, una vez rota la convivencia bajo el mismo techo (STS, Sala de lo civil, de 10 de marzo de 2026, Recurso 6313/2025, ECLI:ES:TS:2026:1119). Y, como señala la STS, Sala de lo civil, de 12 de febrero de 2026 (Recurso 3229/2025 , ECLI:ES:TS:2026:545), entre otras muchas, a partir de la sentencia 257/2013, de 29 de abril , la redacción del artículo 92 CC no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea. Así fue declarado como doctrina jurisprudencial en la STS, Sala de lo civil, de 29 de abril de 2013 (Recurso: 2525/2011, ECLI:ES:TS:2013:2246).
9. Algunas leyes autonómicas han querido ser sensibles a esta situación. La ley valenciana, Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, conocida como «ley de la custodia compartida» (aplicada en la sentencia de divorcio dictada en nuestro caso) ya expresaba en su exposición de motivos que «El régimen de convivencia compartida por ambos progenitores con los hijos e hijas menores pretende facilitar un mejor encaje de la nueva situación familiar por parte de cada menor y el mantenimiento de los lazos de afectividad con ambos progenitores. Asimismo, pretende disminuir el nivel de litigiosidad entre éstos, derivada del frecuente otorgamiento de la convivencia a uno solo de ellos y favorecer la corresponsabilidad y la distribución igualitaria de roles sociales entre hombres y mujeres en las relaciones familiares». Incluso en el art. 5.2, en sede de medidas judiciales, establecía como regla general la atribución a ambos progenitores, de manera compartida, el régimen de convivencia con los hijos e hijas menores de edad; aunque esta ley fue declarada inconstitucional en la STC 192/2016, de 16 de noviembre de 2016 (Recurso: 3859/2011 ECLI:ES:TC:2016:192) por falta de competencia de la Comunidad Valenciana para regular las consecuencias civiles de las relaciones paterno-filiales tras la ruptura de la convivencia de los progenitores.
10. Dicho lo cual, llama la atención que un precepto legal de índole fiscal como es el art. 64 LIPRF, que regula los efectos de las relaciones familiares en un impuesto personal no se haga eco, de forma expresa, de la institución de la custodia compartida, que tiene carta de naturaleza propia en el CC -como institución que debe fomentarse y no entorpecerse- y le asigne, en consecuencia, un tratamiento propio, lo cual evitaría interpretaciones interesadas como la que defiende el abogado del Estado.
11. La sentencia núm. 788/2015, de 18 de noviembre, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 8 de Alicante, que disolvió, por divorcio, el matrimonio formado en su día por el aquí recurrido y su esposa, adoptando la medida de custodia compartida, deja claro que no fue objeto de discusión entre las partes que ambos progenitores mantuviesen la conveniencia compartida con su hija en periodos semanales, lo que llevaban haciendo desde la separación de hecho. La cuestión objeto de debate sobre este extremo se limitó a la fijación de una visita intersemanal de la menor con el progenitor no custodio en cada semana, lo que también fue acordado en la parte dispositiva de la sentencia como una de las medidas reguladoras de los efectos de la disolución del matrimonio: «el ejercicio de la patria potestad y convivencia ordinaria con la hija menor de la pareja será conjunto y compartido por ambos progenitores por periodos sucesivos y alternos semanales». Además, durante la semana en la que la menor permaneciese con un solo progenitor, conviviría con el otro una tarde.
12. En estos casos de custodia compartida, ambos progenitores pueden aplicar el art. 61.1ª LIRPF, y pueden aplicar el mínimo por descendiente del art. 58, pues el descendiente convive con ambos progenitores según el tiempo que fije la resolución judicial o el convenio regulador. Esto es lo que da lugar a que su importe se prorratee entre ellos. Pero la aplicación del mínimo por descendientes por ambos progenitores no elimina la posibilidad de aplicar el régimen del art. 64 al progenitor que se ve obligado a abonar una pensión alimenticia. Así como la aplicación del art. 58 (mínimo por descendiente) se corresponde con la parte del periodo impositivo en que el progenitor convive con su hijo, la aplicación del art. 64 (reducción de la base liquidable) se corresponde con la parte del tiempo en el que no hay convivencia efectiva del progenitor con el hijo, de manera que ambos regímenes no se solapan. Su aplicación es sucesiva y no simultánea.
El art. 64 LIPRF excluye a los progenitores que tengan derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, y resulta que, en los casos de custodia compartida, el progenitor que paga una pensión por alimentos no está aplicando el mínimo por descendiente de forma completa. El descendiente no convive durante todo el periodo impositivo con el progenitor que le paga una pensión por alimentos. Lo hace en un 50 %, o en el tiempo de convivencia asignado en la sentencia o en el convenio regulador a cada progenitor, por lo que dicha pensión no puede quedar excluida de la aplicación de los arts. 64 y 75 LIRPF, sino que debe verse favorecida por la reducción prevista en ella.
13. Lo contrario provocaría una desigualdad de trato entre situaciones jurídicas esencialmente equivalentes, además de otras consecuencias que resultan inadmisibles bajo criterios de igualdad contributiva y de protección a la familia. Empezando por estas últimas, la interpretación que postula el abogado del Estado provocaría una doble consecuencia, que no puede recibir apoyo bajo criterios de igualdad contributiva y de protección a la familia: (i) por una parte, significaría un retroceso en el estímulo de una figura jurídica y propia del derecho de familia, que fue introducido en el Código Civil en el año 2005 con el objeto de procurar la mejor realización de beneficio e interés de los hijos que atraviesan por un proceso de separación o divorcio de sus padres, y con el objeto de hacer que ambos progenitores perciban que su responsabilidad para con ellos continúa a pesar de la separación o el divorcio. Así se expresa la Ley 15/2005, de 8 de julio, que también destaca como propósito de la norma, reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia, procurando la realización del principio de corresponsabilidad en el ejercicio de la patria potestad; (ii) y por otra, colocaría en peor situación al progenitor que presta asistencia económica a sus descendientes y solo conviven con ellos la mitad del periodo impositivo, respecto de los progenitores que abonan una pensión de alimentos, pero no conviven con sus hijos. La convivencia no es razón suficiente que justifique esta diferencia de trato, cuando la finalidad que persigue el art. 64 LIRPF es asegurar una disminución de la carga tributaria al contribuyente que abona una pensión por alimentos, lo que sucede en los casos de custodia compartida.
14. Y ya para finalizar, completamos el anterior razonamiento diciendo que una interpretación del art. 64 LIRPF conforme con la Constitución, invita a esta Sala a efectuar una interpretación de esta norma que permita conseguir el resultado perseguido por ella (reducir las cargas familiares), y al mismo tiempo que evite una desigualdad de trato entre situaciones jurídicas esencialmente equivalentes, a lo que conduciría la interpretación defendida por el abogado del Estado.
Esta desigualdad se manifiesta en un doble plano: en el de la progresividad del impuesto y el del tratamiento fiscal a la familia.
(i) Desde una perspectiva puramente técnica y de técnica normativa fiscal, la diferencia de tributación y el perjuicio para el contribuyente se revela a través de la interacción de tres elementos de la Ley 35/2006 del IRPF: la estructura de la base liquidable general, la mecánica de la escala progresiva y el concepto que integra el «mínimo familiar». Desde el punto de vista de la escala aplicable, debemos tener en cuenta que el artículo 64 LIRF no es una reducción directa de la base imponible, sino una especialidad en la aplicación de las escalas de gravamen. La base liquidable general se fractura en dos bloques: por un lado, el importe de las anualidades por alimentos y por otro, el remanente del resto de los rendimientos. Al aplicar la escala progresiva a cada bloque de forma separada, se evita que las rentas destinadas a alimentos salten a los tramos impositivos superiores.
El progenitor en un régimen de custodia compartida se ve obligado, siguiendo la postura de la AEAT, a aplicar la escala de gravamen sobre la base liquidable general total acumulada, lo que empuja los ingresos hacia tipos marginales más elevados, gravando el importe destinado a la pensión al tipo máximo que te corresponde por los ingresos propios. Asimismo, se pierde el incremento técnico de 1.980 euros en el cálculo del mínimo personal y familiar. Y es que, el artículo 64 LIRPF cuantifica la minoración de la cuota mediante una fórmula que añade un incentivo. Esto es, la cuota resultante se minorará en el resultado de aplicar la escala impositiva al mínimo personal y familiar incrementado en 1980 euros. Si vetamos la posibilidad de aplicar este artículo 64 LIRPF, el incremento de 1.980 euros en la base de cálculo del mínimo personal y familiar desaparece.
(ii) Y, por otra parte, desde la perspectiva del tratamiento fiscal a la familia, abundando en lo ya expuesto pero ahora bajo el enfoque del principio de igualdad, hemos de añadir que si los padres vienen obligados por la Constitución a prestar asistencia de todo orden a sus hijos menores ( art. 39.3 CE ), los poderes públicos vienen obligados, a su vez, a asegurar la protección económica de la familia ( art. 39.1 CE ), y, aunque, desde un punto de vista constitucional, corresponde al legislador decidir la opción legislativa más adecuada, sin embargo, si el legislador opta por garantizar la protección económica de la familia permitiendo la deducción de una parte de los gastos que aquella asistencia provoca, debe hacerlo sin establecer discriminaciones injustificadas entre sus potenciales destinatarios, al tratarse a fin de cuentas, de la igualdad de todos ante una exigencia constitucional -el deber de contribuir o la solidaridad en el levantamiento de las cargas públicas- como así lo ha manifestado el TC en su STC 57/2005, de 14 de marzo , FJ 4.
En el presente caso, la razón que justifica que el progenitor no pueda deducir las cantidades en régimen de alimentos, radica en que tiene derecho igualmente a un porcentaje del mínimo personal y familiar prorrateado en función de la convivencia con los hijos. Esto implica que la convivencia con el hijo se eleva como el criterio determinante que legitima el trato tributario dispar recibido en relación con los progenitores que abonan pensión de alimentos, pero no conviven con el hijo. Pues bien, no parece que la convivencia pueda arrogarse como una razón que justifique este factor diferencial que implica que estos progenitores soporten un régimen tributario mucho más gravoso, máxime cuando el objetivo de la modificación legal era reducir las cargas familiares”.