La transformación tecnológica no puede avanzar a costa de las garantías jurídicas ni convertir la complejidad de los sistemas automatizados en un obstáculo para el ejercicio de los derechos. Así lo ha defendido el diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), José Ramón Couso, durante su intervención en la inauguración de las IV Jornadas sobre Sociedad de la Información, TICs y Derechos Fundamentales, celebradas los días 4 y 5 de noviembre en el Tribunal Supremo.
«No podemos aceptar que la complejidad técnica de un algoritmo termine convirtiéndose en una barrera para el ejercicio de un derecho, ni que la automatización diluya la responsabilidad de quienes deben responder por sus decisiones», ha advertido Couso ante los juristas y especialistas reunidos en este encuentro, organizado por la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo con la colaboración del ICAM.
En su intervención, el representante colegial ha llamado a establecer límites jurídicos claros al desarrollo de las nuevas tecnologías, especialmente cuando su utilización puede afectar a derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la libertad de expresión, la presunción de inocencia o el derecho de defensa.
Couso ha reconocido las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para agilizar procedimientos, mejorar el acceso a la información jurídica y facilitar el trabajo de los profesionales. Sin embargo, ha advertido de los riesgos asociados a la falta de transparencia de los algoritmos, las posibles decisiones discriminatorias, la difusión de contenidos falsos y el tratamiento masivo de datos personales.
«No podemos permitir que la velocidad de los avances tecnológicos nos lleve a aceptar como inevitable todo aquello que resulta técnicamente posible», ha señalado, insistiendo en la necesidad de construir respuestas jurídicas proporcionadas y respetuosas con los principios constitucionales.
El secreto profesional, una garantía irrenunciable en el entorno digital
Uno de los ejes de su intervención ha sido la protección del secreto profesional de la abogacía, una garantía que, según ha recordado, pertenece a los ciudadanos y resulta indispensable para el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
«El secreto profesional no es un privilegio del abogado. Es un derecho de los ciudadanos y una garantía indispensable para el ejercicio efectivo de su derecho de defensa», ha subrayado.
En este sentido, ha alertado de los riesgos que puede entrañar la introducción de información confidencial de los clientes en herramientas de inteligencia artificial cuando se desconocen las condiciones de almacenamiento, acceso o utilización posterior de esos datos.
De igual modo la divulgación de conversaciones en el ámbito profesional o laboral pueden atentar contra el principio de inocencia y lesionar derechos fundamentales al producirse filtraciones a través de RRSS e incluso, originar señalamientos públicos condenatorios a un trabajador que pretenden suplantar la función jurisdiccional y que quebrantan la efectiva tutela jurídica.
Para el diputado, las obligaciones deontológicas y las garantías de confidencialidad deben mantener toda su eficacia con independencia de los medios tecnológicos utilizados. «La tecnología puede evolucionar, pero el deber de proteger aquello que nuestros clientes nos confían debe permanecer intacto», ha afirmado.
Couso ha enmarcado esta posición en las actuaciones desarrolladas por el Colegio para proteger el secreto profesional, tanto en el ejercicio independiente como en la abogacía de empresa, y para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente.
Una Justicia digital que todavía no responde a las expectativas de la abogacía
La intervención también ha servido para evidenciar la prioridad del ICAM en esta materia y señalar los resultados del primer Estudio sobre Justicia Digital del ICAM, elaborado a partir de las respuestas de 1.373 profesionales de la Abogacía.
La modernización tecnológica de los tribunales no puede limitarse a sustituir los procedimientos en papel por herramientas electrónicas, sino que debe traducirse en mejoras reales de funcionamiento, eficacia y garantías para profesionales y ciudadanos.
En este ámbito, ha recordado algunas de las iniciativas impulsadas por el ICAM en los últimos años, entre ellas el Decálogo de Derechos de la Abogacía ante la Justicia Digital, la Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía y la propuesta de creación de un Registro Estatal de Algoritmos con impacto en las relaciones de consumo, orientada a reforzar la transparencia y el control de las decisiones automatizadas.
El Derecho frente a los nuevos límites del poder tecnológico
Durante su intervención, Couso ha recuperado el pensamiento de la Escuela de Salamanca y las reflexiones de juristas como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto sobre los límites del poder y los derechos de las personas para establecer un paralelismo con los desafíos que plantea actualmente la transformación digital.
A su juicio, la respuesta a estos nuevos problemas exige recuperar una tradición jurídica basada en la reflexión ante los nuevos límites y oportunidades que la Ciencia nos plantea, el dialogo y el consenso para fijar criterios y adoptar decisiones, con la participación activa del Poder Judicial, la Academia, la Abogacía y los profesionales del sector tecnológico.
En este escenario, ha destacado especialmente la función del Tribunal Supremo en la interpretación y protección de los derechos fundamentales ante conflictos derivados de la evolución tecnológica, así como el trabajo de sus magistrados y letrados para proporcionar seguridad jurídica.
Las jornadas, inauguradas por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff, han reunido a magistrados, juristas, académicos y profesionales de la comunicación para analizar cuestiones como los discursos de odio, la libertad de expresión, el secreto profesional de los periodistas, la inteligencia artificial generativa y los nuevos límites de las libertades de información y expresión.
En el acto de clausura intervino la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Pellicer quien puso de relevancia la labor de los letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y la necesidad de proteger los derechos fundamentales en un ámbito tecnológico en evolución y con retos y respuestas que deben darse en el marco del Estado de Derecho..
