El Diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, José Ramón Couso, ha participado en la mesa redonda «Cuestiones legales: crisis empresariales y cambio de paradigma legislativo», junto a Juana Pulgar, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y vocal de la Comisión General de Codificación. La sesión se ha celebrado en el marco de la jornada «Empresa en funcionamiento», organizada el 28 de octubre por el Colegio de Economistas de Madrid.
Durante su intervención, Couso ha situado la preservación de la actividad empresarial como uno de los objetivos esenciales para abordar las dificultades económicas. «El mantenimiento de la empresa en funcionamiento es la mejor forma de evitar la pérdida de valor», ha afirmado. Para ilustrarlo, ha recurrido a una comparación: «No vale lo mismo un coche desguazado que un coche en funcionamiento».
El diputado del ICAM ha advertido de los costes económicos y temporales asociados a los procedimientos concursales y de la pérdida de valor que puede producirse cuando una compañía interrumpe su actividad. Frente a ello, ha destacado la amplitud de las herramientas disponibles para impulsar una reestructuración y preservar empresas viables.
En este sentido, ha explicado el papel del preconcurso como «escudo protector» para facilitar la negociación y evitar que las ejecuciones comprometan la continuidad del negocio. «Si llegan ejecuciones, embargos y vuela la tesorería de la compañía, ¿cómo va a continuar en funcionamiento?», ha planteado.
Couso también ha subrayado que los planes de reestructuración permiten actuar más allá de la refinanciación de la deuda, mediante capitalizaciones de créditos, operaciones societarias o modificaciones estructurales. Incluso, ha señalado, pueden servir para transmitir el negocio conservando su actividad: «El contenido del plan de reestructuración puede ser precisamente preservar la actividad de la compañía vendiéndola». En todo caso, ha insistido en un requisito esencial: «Debe garantizarse esa viabilidad».
Otro de los ejes de su intervención ha sido la figura del experto en reestructuración y su contribución a recuperar la confianza entre las partes. «El experto es alguien que debe generar confianza», ha afirmado, destacando su labor de mediación y colaboración entre socios, acreedores, financiadores y trabajadores. Desde su experiencia profesional, ha defendido la conveniencia de contar con esta figura también en los supuestos en los que su nombramiento no resulta obligatorio.
Por su parte, Juana Pulgar ha abordado el cambio de paradigma que representan los marcos de reestructuración preventiva y la posibilidad de anticiparse a las dificultades económicas. Sin embargo, ha advertido de que muchos planes se negocian cuando el deterioro empresarial ya es profundo: «Hay un riesgo que estamos teniendo ahora y es que el estigma del concurso se traslade al preconcurso».
La catedrática ha explicado que la posibilidad de extender los efectos de un plan a acreedores y socios disidentes introduce cambios relevantes en los principios tradicionales del derecho contractual y societario. Asimismo, ha analizado el alcance del control judicial en la homologación de estos acuerdos y la relación entre la intervención del juez y la autonomía de las partes. «¿Hasta dónde debe llegar el control del juez si no hay contradicción previa?», ha planteado, al examinar la evolución de la práctica judicial.
Pulgar también ha destacado la importancia de la valoración de la compañía para determinar los efectos del plan sobre los distintos afectados. «El informe sobre el valor económico de la empresa en funcionamiento es clave en la figura del experto», ha señalado.
En relación con los siguientes pasos de la armonización europea de la insolvencia, ha puesto el acento en el prepack, mecanismo que permite preparar la transmisión de una unidad productiva antes de ejecutar la operación en el concurso. «Las liquidaciones pueden ser conservativas», ha afirmado, defendiendo la posibilidad de mantener la unidad en funcionamiento y preservar puestos de trabajo. Además, ha identificado el concepto de insolvencia y la prelación entre acreedores como dos cuestiones pendientes de armonización.
Financiación y auditoría ante las dificultades empresariales
La jornada ha completado el análisis jurídico con las perspectivas financiera y auditora. La apertura institucional ha contado con Amelia Pérez Zabaleta, decana-presidenta del Colegio de Economistas de Madrid; Ángel Luis Saiz de Moratilla y Francisco Molina Valiente, coordinador del encuentro.
La mesa sobre la respuesta de los financiadores públicos y privados ante las tensiones de liquidez y solvencia ha reunido a Damián Flores Cacho, de COFIDES; Luis Sánchez Velo, de Banco Santander, y Juan José Asegurado Fernández, de BBVA, con Ángel Martín Torres como moderador.
Por su parte, Francisco Martínez Casado, Federico Díaz Riesgo y Myriam Rebollo Díaz han integrado la sesión sobre la evaluación del principio de empresa en funcionamiento y sus efectos en la auditoría, moderada por Francisco Molina Valiente. El programa se ha completado con un espacio de conclusiones y preguntas a cargo de Enrique Bujidos y del coordinador del acto.