- El decano del Colegio de Abogados de Madrid defiende que se mantenga el statu en el sistema de elección de los vocales del CGPJ y exhorta a los poderes públicos a llegar a un acuerdo para no poner en peligro la seguridad jurídica
En el marco de la conferencia impartida hoy en el Nueva Economía Fórum por el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, el decano José María Alonso ha compartido la inquietud creciente en el colectivo de la abogacía a raíz de la propuesta presentada en el Congreso de los Diputados relativa a la modificación del actual sistema de elección de los vocales del CGPJ.
“Estamos viendo con extraordinaria preocupación lo que está sucediendo en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial”, ha señalado el decano, recordando que esa preocupación quedó plasmada ayer en un comunicado en el que los miembros de la Junta de Gobierno del ICAM expresan su oposición a las medidas anunciadas en lo que se refiere a cambiar el statu quo a la hora de designar a los magistrados del CGPJ. Una modificación del statu quo que permitiría a los miembros del partido de Gobierno, y a sus apoyos parlamentarios, elegir a la mayoría de los miembros del CGPJ.
“Dijimos que eso, a nuestro entender, altera la seguridad jurídica. Y como defensores de los ciudadanos, los que tenemos que hacer valer sus derechos, entre otros, frente a las posibles arbitrariedades de la Administración de Justicia, nos parece totalmente contrario a la seguridad jurídica el que los representantes de la judicatura sean designados por el gobierno de turno. No nos estamos refiriendo al Gobierno actual, sino a cualquiera que pueda venir en el futuro y que goce de la mayoría absoluta en el Parlamento. Con lo cual, es dejar en manos del Ejecutivo la designación del Judicial, y se rompería radicalmente la separación de poderes“, ha subrayado Alonso.
En opinión del decano madrileño, aunque “la inmensa mayoría de los jueces son independientes”, si sus órganos de gobierno están de alguna manera politizados “la percepción de la ciudadanía será absolutamente contraria a esa independencia judicial que es absolutamente necesaria para que funcione el estado de derecho y para que tengamos un sentimiento de que la seguridad jurídica impera en España”.
Desde el Colegio de Abogados de Madrid, que con cerca de 78.000 personas colegiadas aglutina a más de un tercio del total de la abogacía española, los miembros de la Junta de Gobierno defienden que se mantenga el statu quo y que se trate de llegar a un acuerdo entre los órganos de gobierno. Y en el caso de que se decidiera hacer una reforma, Alonso aboga por que sean los jueces quienes designen a sus propios representantes: “estoy convencido de que, si los jueces tiene que elegir a sus propios representantes, elegirán a los mejores”. Todo ello, ha recalcado, “sin perjuicio de que luego esos jueces designados tuvieran la ratificación parlamentaria, para que la voz del pueblo también se oiga”.