El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a través de su Sección de Derechos Humanos, y la World Jurists Association (WJA) han formulado un llamamiento internacional urgente para reclamar la liberación inmediata e incondicional del abogado ugandés Erias Lukwago y denunciar la persecución que sufren los integrantes del equipo de defensa del líder opositor Kizza Besigye.
Ambas instituciones han manifestado su «grave y urgente preocupación» por la situación de Lukwago y de sus compañeros Martha Karua y Eron Kiiza, que han asumido la defensa de Besigye en un procedimiento de especial sensibilidad política.
Según recoge la alerta conjunta, agentes de policía armados irrumpieron el pasado 15 de junio en el domicilio de Lukwago, en Kampala, y lo trasladaron sin orden judicial a un lugar desconocido. Durante cerca de 48 horas se desconoció su paradero y, de acuerdo con la denuncia de su familia, habría sido golpeado.
El 17 de junio, el abogado fue acusado de un delito de encubrimiento de traición, que puede ser castigado con cadena perpetua, por supuestamente no haber revelado información relacionada con el mismo procedimiento en el que ejerce como defensor. Desde entonces permanece en prisión preventiva en Luzira y sus solicitudes de libertad bajo fianza han sido rechazadas, pese al deterioro de su estado de salud.
Obstáculos al ejercicio del derecho de defensa
La alerta también denuncia que la abogada keniana Martha Karua, principal integrante del equipo de defensa, fue retenida en el aeropuerto de Entebbe, declarada persona non grata y deportada de manera sumaria cuando trataba de entrar en Uganda.
El ICAM y la WJA consideran que estos hechos forman parte de un patrón creciente de intimidación contra los abogados que intervienen en asuntos políticamente sensibles. Entre los precedentes citan la detención, agresión y condena sumaria por un tribunal militar del letrado Eron Kiiza, ocurrida el 7 de enero de 2025.
Las consecuencias de esta situación se hicieron visibles durante la vista celebrada el 15 de julio, cuando Besigye rechazó la defensa impuesta por el tribunal después de haber sido privado de su equipo jurídico. «La ausencia de nuestros abogados ha sido provocada por el propio Estado», declaró ante el juez. La vista quedó aplazada hasta el 29 de julio.
Para ambas organizaciones, la persecución de los profesionales encargados de la defensa no solo compromete la independencia de la abogacía, sino que priva a las personas acusadas de su derecho a elegir abogado y menoscaba las garantías esenciales de un juicio justo.
Vulneración de las obligaciones internacionales
El llamamiento sostiene que los hechos denunciados vulneran los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, que obligan a los Estados a garantizar que los profesionales puedan desempeñar sus funciones sin intimidaciones, obstáculos, acoso ni interferencias indebidas.
También advierte de que la actuación de las autoridades podría contravenir las obligaciones asumidas por Uganda en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
«Perseguir a los abogados por el mero ejercicio de sus funciones profesionales golpea directamente la independencia de la abogacía y el derecho a un juicio justo, pilares sin los cuales el Estado de derecho no puede sostenerse en ningún lugar», señala la alerta.
Llamamiento al Gobierno de Uganda
El ICAM y la World Jurists Association solicitan al Gobierno ugandés que libere de forma inmediata e incondicional a Erias Lukwago, retire los cargos formulados contra él y garantice su integridad física, su dignidad, la atención médica que precise y el acceso a la asistencia letrada de su elección.
Asimismo, reclaman una investigación independiente e imparcial sobre su desaparición y los malos tratos denunciados, así como la revocación de la declaración de persona non grata impuesta a Martha Karua y la garantía de que pueda regresar al país con seguridad.
El llamamiento exige también que las autoridades aseguren públicamente que los abogados puedan ejercer su profesión y representar a clientes involucrados en procedimientos políticamente sensibles sin sufrir intimidaciones, represalias ni injerencias.
Por último, ambas organizaciones instan al Gobierno de Uganda a cooperar con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados y piden a la comunidad diplomática, a los organismos internacionales de derechos humanos y a los colegios de abogados de todo el mundo que sigan de cerca el caso y exijan la protección de los profesionales amenazados por el ejercicio legítimo de la defensa.
