- Ante la votación prevista este miércoles en el Congreso sobre la futura pasarela al RETA, la campaña del ICAM “De abogado a diputado” da voz a los profesionales que ejercieron durante décadas bajo el sistema mutualista y hoy reclaman una solución justa que tenga en cuenta la diversidad real de situaciones existentes dentro del colectivo.
- Los mensajes describen largas carreras profesionales, en muchos casos vinculadas al Turno de Oficio, que desembocan en exiguas pensiones, años de cotización sin reflejo en el sistema público y situaciones de desprotección ante enfermedad o incapacidad.
- La campaña también permite a los mutualistas dirigirse por carta a los grupos parlamentarios para reclamar una solución “urgente, completa y garantista”; mañana martes, representantes del ICAM entregarán en el Congreso las remitidas por los afectados.
Durante décadas ejercieron por cuenta propia en pequeños despachos, compatibilizando la práctica privada de la abogacía con su actividad en el Turno de Oficio al servicio de la ciudadanía más vulnerable, dentro de un modelo alternativo de previsión social que durante años funcionó como vía legal de cobertura para los profesionales de la abogacía frente al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Hoy, cuando encaran la recta final de su trayectoria profesional, los testimonios reunidos por el ICAM dibujan una preocupación compartida: pensiones que en algunos casos apenas alcanzan los 500 o 600 euros mensuales, años completos de aportaciones sin reflejo en el sistema público y el temor a que la futura regulación deje fuera a mutualistas con décadas de ejercicio profesional a sus espaldas.
Ese es el retrato que emerge de los más de cien testimonios remitidos a través de “De abogado a diputado. Por una pasarela al RETA justa”, la campaña impulsada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ante la votación parlamentaria programada este miércoles sobre la futura regulación de la pasarela al RETA. Los mensajes enviados por los mutualistas permiten reconstruir además la evolución de un sistema que durante décadas funcionó como alternativa legal al RETA para miles de abogados y cuya integración en el sistema público de protección social sigue hoy sin contar con un mecanismo general de reconocimiento o traslado de cotizaciones.
Una generación marcada por el sistema mutualista
Muchos de los testimonios sitúan el origen del problema en el propio diseño histórico del sistema. “Cuando empecé ejercer la Mutualidad era de carácter obligatorio. Cuando se abrió la posibilidad de poderme dar de alta en autónomos ya llevaba pagando a la Mutualidad muchos años y me dijeron que si me pasaba al RETA perdía todo lo aportado y tenía que empezar desde 0”, explica uno de los abogados participantes.
La misma idea aparece en numerosos relatos de profesionales que comenzaron a ejercer en los años noventa. “Me incorporé a la mutualidad en 1995 cuando era el régimen obligatorio”, señala otra mutualista, que reclama que esas aportaciones sean tenidas en cuenta “conforme a lo realmente pagado”.
“Pago Mutualidad desde 1994. En ese momento era obligatorio”, resume otra de las participantes, que explica cómo durante años asumió simultáneamente los costes del despacho, la colegiación o el transporte mientras ejercía por cuenta propia.
Otros testimonios reflejan trayectorias más complejas, frecuentes entre los mutualistas con carreras mixtas. “Los quince primeros años de ejercicio profesional fueron cotizando en la Mutualidad y, de no modificarse la situación, los quince años abonados a la Mutualidad no servirán para nada”, resume una abogada que posteriormente pasó al sistema público.
Otra participante explica que, pese a llevar trabajando 33 años, “para la Seguridad Social solo tengo 20 años cotizados” porque estuvo adscrita sucesivamente “a un sistema u otro por imposición sin haber tenido capacidad de decisión”.
Décadas de ejercicio y Turno de Oficio
Una parte importante de los testimonios procede además de abogados y abogadas vinculados durante décadas al Turno de Oficio. Muchos describen trayectorias prolongadas en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, combinando guardias y atención a colectivos vulnerables mientras cotizaban exclusivamente a través del sistema mutualista.
“Llevo ejerciendo desde el año 1986 y en marzo de este año hice 40 años de ejercicio profesional. Estoy en el Turno de Oficio desde hace más de 35 años”, explica una de las letradas participantes. “Cuando empecé a ejercer, la Mutualidad era de carácter obligatorio y además de pagar la Mutualidad tenía que pagar un seguro médico privado.
Nunca di mi consentimiento a pasar a lo que ahora llaman Plan Universal, pero de la noche a la mañana pasé de tener una pensión digna a que me informaran de que mi pensión se reducía a 525€ cuando cumpla los 69 años”, afirma.
“Llevo 43 años ejerciendo la Abogacía y en el Turno de Oficio ininterrumpidamente, también estuve en Asistencia al Detenido durante 20 años”, relata otra mutualista. “En este tiempo, he atendido a miles de personas solucionando sus problemas con mayor diligencia, dedicación y entrega de la que he sido capaz, realizando de esta manera una gran labor social”.
En varios de los testimonios aparece también la sensación de haber desarrollado durante décadas una actividad esencial para el funcionamiento del sistema de Justicia sin haber generado una protección equivalente a la del sistema público. “Durante estos 43 años de ejercicio en Turno de Oficio, prestando servicios para el Estado y Comunidad Autónoma, no hemos recibido más que una ‘ridícula compensación económica’”, señala otra de las afectadas.
“No puedo jubilarme”
Los testimonios recogidos por la campaña reflejan igualmente situaciones de abogados y abogadas que aseguran no poder jubilarse o que afrontan prestaciones muy alejadas de sus expectativas tras décadas de ejercicio profesional.
“Después de 41 años de ejercicio de la abogacía, de los que 36 años han sido compartidos como abogado del Turno de Oficio en casi todas las materias, al solicitar la pensión a la Mutualidad se me ofrecen 480€ de pensión vitalicia, lo que creo que es tremendamente injusto e insuficiente para tener una vida mínimamente digna”, explica un abogado mutualista.
“Llevo 30 años de ejercicio profesional, muchos de ellos dedicados al Turno de Oficio, y me veo en la situación de que, a pesar del esfuerzo de todos estos años, voy a cobrar una pensión de jubilación de 800€, absolutamente insuficiente para vivir con cierta dignidad”, relata otra letrada.
“Ahora, lo que creo, es que no podré dejar de trabajar nunca si quiero subsistir”, resume otro de los participantes tras tres décadas ejerciendo la abogacía desde un pequeño despacho.
En algunos casos, la preocupación se extiende también a familiares que permanecen aún en activo pese a haber alcanzado edades muy avanzadas. “Mi padre es abogado aún en ejercicio aunque tiene 80 años, percibe una prestación escasa de la Mutualidad, no quiero que me pase como a él”, explica una de las participantes, que reclama “una pasarela justa, que acoja a todos los que se quieran unir (incluidos los pasivos) y poder tener una pensión de jubilación digna”.
La enfermedad y la protección durante la vida activa
Algunos testimonios amplían además el foco más allá de la jubilación y ponen el acento en las diferencias de protección existentes entre el sistema mutualista alternativo y el sistema público ante situaciones de enfermedad o incapacidad temporal.
“Mi preocupación no es meramente teórica ni se limita a la jubilación futura”, explica uno de los abogados participantes, colegiado desde el año 2000. “Actualmente atravieso un proceso oncológico grave de cavidad oral/suelo de boca, tratado con radioquimioterapia, con seguimiento especializado y afectación directa de mi capacidad de trabajo”.
Una experiencia, sostiene, que “me ha hecho constatar que el problema de los mutualistas alternativos no afecta únicamente a la pensión de jubilación. También incide en la protección real durante la vida activa cuando sobrevienen contingencias graves, como una enfermedad oncológica, que pueden impedir o limitar seriamente el ejercicio profesional”.
El mismo abogado advierte además de la situación de afrontan algunos mutualistas: “Me preocupa especialmente quedar situado en la denominada zona gris de los 50 a 54 años: no soy un profesional joven que pueda reconstruir desde cero una carrera pública completa, pero tampoco entro necesariamente en la protección reforzada prevista para los mayores de 55 años”.
“Solo reclamo justicia”
Más allá de las diferencias entre perfiles o trayectorias profesionales, los testimonios comparten una misma sensación de incertidumbre respecto al futuro tras décadas de ejercicio profesional bajo un sistema legalmente habilitado durante años como alternativa al RETA.
“Casi 40 años de ejercicio profesional, llenos de trabajo, urgencias, alegrías, sinsabores, reformas legales y actividad, se me han reducido a una pensión de 600 euros”, explica uno de los abogados participantes. “Solo reclamo de ustedes algo a lo que he dedicado toda mi vida: Justicia”.
Otro mutualista resume así su situación personal y económica tras más de tres décadas de ejercicio: “he aportado durante muchos años a un sistema legalmente permitido, pero posteriormente me encuentro con menores derechos de jubilación dentro del sistema público”.
Por su parte, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, subraya que la campaña nace precisamente de la necesidad de trasladar al debate parlamentario la realidad que viven miles de abogados mutualistas. “El Colegio no pretende sustituir la voz de los afectados, sino amplificarla institucionalmente”, señala Ribón. “Creemos que el legislador debe escuchar a los colectivos, atender las soluciones de consenso que vienen reclamando desde hace años y construir una pasarela que responda de verdad a la diversidad de situaciones existentes entre los mutualistas”.
A 48 horas de la votación parlamentaria sobre la futura pasarela al RETA, los testimonios reunidos por el ICAM reflejan el alcance generacional y profesional de un debate que marcará el futuro de miles de abogados y abogadas que ejercieron durante décadas bajo el sistema mutualista alternativo y que hoy reclaman una solución capaz de reconocer la diversidad real de trayectorias y situaciones existentes dentro del colectivo.
Como parte de la campaña “De abogado a diputado”, representantes del ICAM entregarán mañana martes en el Congreso las cartas remitidas por mutualistas a los distintos grupos parlamentarios. Mediante una plataforma habilitada por el Colegio de Madrid, los afectados pueden dirigirse directamente a los diputados para reclamar una solución “urgente, completa y garantista” que asegure una pasarela al RETA “justa, real y sin exclusiones” para todos los mutualistas afectados.
Información relacionada
Campaña “De Abogado a Diputado. Por una pasarela al RETA justa”