- • El ICAM y la COMJIB reúnen en Madrid a representantes de gobiernos, instituciones judiciales, organismos internacionales y sociedad civil para abordar los desafíos de aplicación de la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia.
- • El encuentro deja compromisos concretos para impulsar su ratificación, evaluar su cumplimiento y acercar los servicios jurídicos a las personas más vulnerables.
La Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia ha abierto una nueva etapa para la cooperación jurídica regional. Tras la adopción de su texto el pasado 5 de marzo en Panamá, durante la XXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el principal desafío es conseguir que ese reconocimiento del acceso a la justicia como derecho humano se traduzca en políticas públicas, servicios accesibles y garantías efectivas para la ciudadanía.
Con ese objetivo, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha acogido el “Diálogo sobre la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia”, un encuentro que ha reunido a representantes gubernamentales de distintos países, instituciones judiciales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para analizar las oportunidades y los retos que plantea la puesta en práctica del nuevo instrumento regional.
La jornada, inaugurada por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y el secretario general de la COMJIB, Enrique Gil Botero, ha coincidido con un nuevo paso en la alianza estratégica entre ambas instituciones, materializada en la firma de un convenio de colaboración y en la incorporación del gabinete del secretario general de la COMJIB en la sede colegial. Una cooperación orientada a fortalecer el Estado de Derecho, la formación jurídica, la modernización de la justicia y la proyección internacional de la abogacía iberoamericana.
Durante la apertura, Ribón ha reivindicado el papel de la abogacía para convertir los compromisos internacionales en garantías reales. “Un tribunal al que nadie sabe cómo llegar, cuyas sentencias nadie entiende o ante el que se comparece sin defensa no es accesible, por muy abiertas que tenga las puertas”, ha señalado.
El decano ha destacado especialmente la contribución del Turno de Oficio, recordando que el ICAM tramita cada año más de 167.000 designaciones de asistencia jurídica gratuita. “De nada servirá la Convención si se queda en el texto. Necesita abogados que la conozcan y la invoquen, un lenguaje que la gente entienda y una defensa independiente”, ha subrayado.
En la misma línea, Gil Botero ha defendido la necesidad de superar una concepción del acceso a la justicia limitada a la posibilidad de acudir a los tribunales. A su juicio, los obstáculos comienzan mucho antes, cuando las personas desconocen sus derechos, no saben a qué instituciones dirigirse o encuentran barreras económicas, geográficas, sociales o lingüísticas que les impiden obtener una respuesta.
“¿Qué ocurre con los problemas jurídicos de las personas que nunca llegan a nuestros tribunales?”, ha planteado el secretario general, situando esta cuestión en el origen de la Convención.
Gil Botero ha insistido en que el verdadero éxito del instrumento dependerá de su capacidad para transformar la realidad de quienes encuentran mayores dificultades para ejercer sus derechos. “No podemos conformarnos con una Convención bien redactada. Su verdadero valor se medirá en su capacidad para cambiar la realidad”, ha advertido, reclamando voluntad política, coordinación institucional y continuidad en los esfuerzos.
Uno de los antecedentes fundamentales de la Convención, como se ha recordado durante el diálogo en varios momentos, son las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, aprobadas en 2008 por la Cumbre Judicial Iberoamericana y actualizadas en 2018. Consideradas un referente para la protección de quienes encuentran mayores obstáculos para ejercer sus derechos, estas reglas han servido de inspiración para la elaboración del nuevo instrumento regional.
En este sentido, Enrique Gil Botero ha destacado que uno de los grandes avances de la Convención consiste precisamente en trasladar los principios de las Reglas de Brasilia, hasta ahora encuadrados en el ámbito del derecho blando (soft law), a un marco de obligaciones jurídicas para los Estados, con el objetivo de convertir las garantías formales en derechos efectivamente exigibles.
El papel de los gobiernos: del reconocimiento jurídico a las políticas públicas
El primer bloque del diálogo ha estado dedicado a la responsabilidad de los poderes ejecutivos en el desarrollo de políticas públicas de acceso a la justicia, con intervenciones de representantes de Uruguay, República Dominicana y Nicaragua.
Uno de los anuncios más relevantes ha llegado de la mano del ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía, quien ha expresado su compromiso de impulsar ante el Ejecutivo y la Cancillería de su país el proceso de ratificación parlamentaria de la Convención.
El ministro ha defendido que el acceso a la justicia comprende no solo los procedimientos jurisdiccionales, sino también la información jurídica, la prevención de conflictos, la mediación y otros mecanismos capaces de ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, ha explicado que el nuevo instrumento ha servido de referencia para los trabajos del Mercosur en materia de buenas prácticas de acceso a la justicia.
Por parte de República Dominicana, el viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Cañahuate, ha situado el reto en la capacidad de los Estados para transformar los derechos reconocidos en actuaciones coordinadas. En este sentido, ha identificado tres elementos fundamentales: el liderazgo institucional en el diseño de las políticas públicas, la coordinación entre los distintos poderes y la incorporación de los derechos humanos como eje transversal de la acción estatal.
“La democracia se consolida cuando los derechos se convierten en hechos”, ha afirmado, al tiempo que ha defendido la necesidad de articular estos esfuerzos respetando la independencia judicial.
El subprocurador general de Justicia de Nicaragua, Denis Sánchez, ha presentado las reformas normativas e institucionales impulsadas en su país y ha destacado la importancia de garantizar la igualdad efectiva, la asistencia de intérpretes, la defensa pública y la cooperación jurídica internacional. Su intervención ha abordado también la relación entre acceso a la justicia, protección de las víctimas y lucha contra la criminalidad organizada.
La perspectiva de género, las víctimas y la cooperación judicial
La segunda parte del encuentro ha situado el foco en la contribución de las instituciones judiciales, los ministerios públicos y los organismos internacionales al desarrollo de la Convención.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial y comisionada de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, María Pilar Esther Rojo Beltrán, ha reivindicado el papel de las Reglas de Brasilia y de la Declaración Iberoamericana de los Derechos de las Mujeres en relación con los sistemas de justicia, aprobada en 2023, como antecedentes del nuevo marco regional.
Rojo Beltrán ha incidido en la necesidad de incorporar la perspectiva de género a toda la actividad judicial, identificar las barreras que afectan a mujeres y niñas y combatir los sesgos y estereotipos que pueden condicionar su acceso a la justicia. También ha destacado la importancia de la interseccionalidad, especialmente cuando concurren distintas situaciones de vulnerabilidad sobre una misma persona.
Por su parte, Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado, ha expuesto los compromisos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), entre ellos la creación de un grupo de trabajo específico sobre acceso a la justicia, destinado a intercambiar experiencias y elaborar pautas comunes para mejorar la atención a las personas.
El fiscal ha destacado especialmente la figura del facilitador procesal como instrumento para garantizar que la ciudadanía pueda comprender el funcionamiento del sistema judicial y hacerse entender por sus operadores.
También ha recordado que el acceso efectivo a la justicia no puede detenerse en las fronteras nacionales, particularmente cuando las víctimas, los responsables de los delitos o las pruebas se encuentran en distintos países. En este ámbito, ha puesto en valor las posibilidades de cooperación internacional previstas en la Convención.
Medir los resultados y movilizar recursos, prioridades de los organismos internacionales
La participación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) ha permitido abordar otra de las cuestiones centrales del encuentro: cómo evaluar la aplicación de la Convención y comprobar que sus principios tienen efectos reales.
Marta Encinas-Martín, asesora sénior de la OCDE, ha explicado los trabajos previstos junto a la COMJIB para desarrollar herramientas de evaluación e indicadores comparables que permitan conocer el grado de aplicación de los compromisos en los distintos países.
Esta colaboración, vinculada al memorando de entendimiento suscrito en Panamá, pretende identificar brechas, compartir buenas prácticas y facilitar el diseño de políticas basadas en evidencias. Encinas-Martín también ha propuesto ampliar la evaluación al ámbito de la educación en derechos, una de las condiciones esenciales para que la ciudadanía pueda ejercerlos.
Desde el PNUD, su representante ha defendido la necesidad de acompañar a los Estados durante todo el ciclo de las políticas públicas, desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de resultados. Para ello, ha expuesto la experiencia del organismo en proyectos de transformación digital, justicia territorial e innovación institucional desarrollados en distintos países iberoamericanos.
La representante del PNUD ha insistido en que la implementación de la Convención necesitará recursos, asistencia técnica y alianzas capaces de conectar las prioridades nacionales con la cooperación internacional. En este sentido, ha planteado la conveniencia de avanzar hacia una hoja de ruta que facilite la adopción de estrategias nacionales y la movilización de financiación.
La intervención de IDLO ha ampliado el debate hacia el reconocimiento de las distintas vías de resolución de conflictos, desde la justicia formal hasta los mecanismos comunitarios e indígenas, siempre con garantías para los derechos fundamentales.
A estas perspectivas se han sumado las aportaciones de otros organismos iberoamericanos. La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) ha destacado la importancia de la educación jurídica y la justicia restaurativa para las personas jóvenes; la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) ha subrayado la conexión entre acceso a la justicia y protección de los derechos sociales; y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha compartido experiencias de educación en derechos humanos y proyectos dirigidos a personas con discapacidad y comunidades indígenas.
Una justicia que salga al encuentro de las personas
El diálogo ha incorporado también experiencias procedentes de los poderes judiciales y las defensorías públicas, poniendo de manifiesto que la accesibilidad exige modificar la relación cotidiana entre las instituciones y la ciudadanía.
Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jessica Malegarie, directora de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales, ha anunciado que la institución trabaja en una resolución de adhesión a la Convención para orientar sus políticas de acceso a la justicia conforme a sus principios.
Malegarie ha defendido un modelo de intervención territorial basado en la educación en derechos, la atención directa y el empoderamiento jurídico de las comunidades. Asimismo, ha reclamado que los resultados de las políticas públicas no se midan únicamente por los servicios disponibles, sino también por su capacidad para resolver los problemas concretos de las personas.
En representación de la defensa pública, Fernanda Fernandes, presidenta de la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores Públicos de Brasil (ANADEP), ha reivindicado la importancia de una asistencia jurídica integral, gratuita, independiente y capaz de actuar también fuera de los procesos judiciales.
Ha señalado como prioridades el fortalecimiento de las defensorías públicas, la ampliación de su cobertura territorial y el reconocimiento de las actuaciones extrajudiciales y colectivas.
Su intervención ha incluido, además, una propuesta para articular una red de seguimiento e intercambio de buenas prácticas que contribuya a acompañar la aplicación de la Convención en los distintos países.
La sociedad civil presenta nuevas herramientas para impulsar la Convención
La última parte del encuentro ha dado protagonismo a la sociedad civil y a las alianzas internacionales que han participado en la elaboración del instrumento.
María Fernanda Rodríguez, coordinadora de la Alianza Iberoamericana para el Acceso a Justicia, ha presentado un marco interpretativo y de implementación de la Convención, concebido como una herramienta de apoyo para instituciones, operadores jurídicos y responsables de políticas públicas.
El documento propone trasladar los principios del tratado a medidas concretas de gestión, evaluación y seguimiento. Entre sus ideas centrales figura un cambio en los criterios para medir el funcionamiento de los sistemas de justicia: más allá del número de procedimientos iniciados o de sentencias dictadas, la evaluación debe atender a la capacidad real de las instituciones para responder a las necesidades jurídicas de la población.
Rodríguez ha destacado igualmente la importancia de desarrollar sistemas de información, promover diálogos nacionales y facilitar materiales formativos que permitan difundir la Convención entre profesionales y organizaciones comunitarias.
El encuentro ha incorporado, además, una dimensión interregional a través de la participación de Mercedes Correa Saravia, vinculada a los trabajos de las alianzas iberoamericana y africana de acceso a la justicia, quien ha expuesto los avances de las iniciativas desarrolladas en África y las posibilidades de colaboración con Iberoamérica.
Correa Saravia ha explicado que la experiencia iberoamericana está sirviendo como referencia para promover en el continente africano una iniciativa orientada a desarrollar lineamientos regionales sobre justicia centrada en las personas. Según ha anunciado, una propuesta de resolución en este sentido ha recibido ya respaldo en una instancia preparatoria, como paso previo a su consideración por el órgano plenario.
De la Convención a su aplicación efectiva
El encuentro ha permitido identificar una agenda compartida para la siguiente fase del proceso: promover la firma y ratificación de la Convención, fortalecer los servicios de asistencia jurídica, incorporar la perspectiva de género y la atención a colectivos vulnerables, mejorar la formación de los operadores jurídicos y desarrollar instrumentos que permitan evaluar los resultados.
También ha dejado iniciativas concretas sobre la mesa, desde el compromiso de Uruguay de impulsar su ratificación hasta los trabajos de evaluación previstos con la OCDE, la propuesta de hoja de ruta del PNUD, el nuevo grupo de trabajo de los ministerios públicos y las herramientas de implementación presentadas por la sociedad civil.
Más allá de las distintas perspectivas institucionales, las intervenciones han coincidido en una idea: el acceso a la justicia no puede considerarse garantizado por la mera existencia de tribunales, leyes o procedimientos. Requiere que las personas conozcan sus derechos, dispongan de acompañamiento jurídico y puedan obtener respuestas comprensibles, oportunas y efectivas.
Con esa premisa, el diálogo celebrado en el ICAM ha situado la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia como punto de partida de una nueva etapa de cooperación regional, en la que la medida del éxito no será únicamente el número de Estados que se adhieran al instrumento, sino su capacidad para reducir la distancia entre los derechos reconocidos y la justicia que experimenta la ciudadanía.
Una aspiración que Ribón ha condensado durante su intervención inaugural: “Ojalá que dentro de unos años podamos decir que esta tarde de octubre en Madrid la justicia quedó un poco más cerca de quienes más la necesitan”.
Entre las autoridades asistentes al encuentro, se encontraban, además de los intervientes: María Isabel Martín López, fiscal superior de la Comunidad de Madrid; Eva Descárrega, embajadora de Andorra; Bernardo Greiber, embajador de Uruguay; Eduardo Jorge Lima, embajador de Cabo Verde; y representantes de la diplomacia angoleña. Asimismo, han asistido representantes del ámbito judicial y de la abogacía, junto a Ricardo Alonso, director general del Centro Universitario ICAM, Luis Martín Mingarro, Decano emérito del ICAM y expresidente de la UIBA, y otras personalidades de la comunidad jurídica iberoamericana.
Información relacionada
VÍDEO COMPLETO | Diálogo sobre la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia (CIAJ)