El traslado del Estadio del Club Atlético de Madrid a la Peineta, desde un enfoque jurídico, político y social, fue el tema central del debate organizado en la tarde de ayer por el Colegio en colaboración con la Asociación Los 50.
Con una gran acogida de público, esta jornada tuvo como objetivo contribuir a entender la operación urbanística, su viabilidad real, qué ventajas tendría el traslado para el Club y para la afición, así como los riesgos y desventajas que ofrece.
Juan Pedro Valentín, representante de la Asociación Los 50, fue el encargado de moderar la mesa de debate que se iniciaba con la intervención de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, quien señaló que esta “operación compleja, nació en 2008 como una forma y signo de modernidad, ofreciendo mejores y más servicios a los socios”.
El directivo, si bien recordó el 50 aniversario del Calderón que se conmemora este año afirmó que “hay que dar este salto y este cambio hacia la modernidad, ahora que lo permiten los medios y la masa social que aglutina el Club”. Además, recordó que la operación, que concluirá en 2017, sigue siendo viable a pesar de las modificaciones que ha sufrido. La segmentación de la Peineta por secciones, con 13.000 localidades más, dividirá el estadio por zonas, como familia, discapacitados, rival o animación joven.
Gil Marín quiso además recalcar que la inseguridad que provoca una carretera pasando por debajo de un estadio será solventada, y afirmó estar buscando soluciones alternativas para la financiación del soterramiento de ese tramo de la M-30, como parte de la operación Mahou-Calderón.
Francisco J. Estévez, letrado-director de los asuntos tramitados en nombre de la Asociación ante el Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo, hizo un repaso por los procedimientos judiciales del ámbito Mahou-Calderón, cuyo “avance se ha forzado ante el fracaso del proyecto olímpico”. Estévez habló sobre las irregularidades en la recalificación de terrenos y la fallida modificación del PGOU, que “han supuesto victorias para nuestra asociación ante la Justicia y una modificación importante del proyecto”.
Según el convenio firmado entre Mahou, el Club y el Ayuntamiento, a la corporación municipal le correspondería el pago del 40% del coste de este soterramiento, unos 80 millones de euros, pago que probablemente no se llevará a cabo.