El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, intervino este lunes en el Congreso de los Diputados en la jornada “Un año de la Ley de Eficiencia. #RevisiónYa”, organizada por el Grupo Parlamentario Popular, para trasladar la posición institucional del ICAM sobre el primer año de aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Ribón participó en la segunda mesa de la jornada, titulada “Los problemas de los profesionales antes y después de la ley de eficiencia y el coste para los ciudadanos”, moderada por Carlos Berbell, director de Confilegal. En ella intervinieron también Cristina Vallejo Ros, Decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona; Carmen Giménez Cardona, Decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid; y Margarita Ribas Yglesias, Vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona.
Reformar la Justicia sin dificultar el acceso a los tribunales
Durante su intervención, el Decano subrayó que el ICAM no se opone a la modernización de la Justicia, sino a que esta pueda derivar en nuevas cargas para quienes acuden a los tribunales. “La abogacía no teme a las reformas; las reclama cuando son necesarias”, afirmó Ribón, antes de advertir de que “el problema surge cuando la eficiencia prometida se convierte en burocracia real”. En este sentido, resumió la posición del Colegio con una frase clara: “Reformar, sí. Dificultar el acceso a la Justicia, no”.
El Decano apoyó su intervención en los datos del estudio realizado por el ICAM entre la colegiatura madrileña, con 1.164 respuestas. Según expuso, el 83,7% de los profesionales valora de forma negativa o muy negativa la obligatoriedad de los MASC como requisito previo para acceder a la vía judicial, mientras que solo el 9,2% afirma que la negociación previa consiguió resolver efectivamente el conflicto fuera de los tribunales. “En la inmensa mayoría de los casos el asunto termina igualmente ante un juez, pero después de haber recorrido una fase adicional que consume tiempo, recursos y esfuerzos para todas las partes”, señaló.
Ribón advirtió también del incremento de la carga de trabajo previa a la presentación de demandas, de las dificultades para acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad y de la inseguridad jurídica generada por la disparidad de criterios judiciales. En este punto, recordó que el 74% de los profesionales detecta interpretaciones desiguales sobre la aplicación de la norma y afirmó que, “cuando diferentes órganos judiciales exigen cosas distintas para acreditar un mismo requisito, el sistema deja de ser previsible y la eficiencia pierde buena parte de su sentido”.
Los MASC: instrumentos útiles, pero no barreras obligatorias
El Decano insistió en que el ICAM reconoce el valor de los medios adecuados de solución de controversias cuando responden a una voluntad real de las partes, pero rechazó su configuración como requisito obligatorio generalizado. “Los MASC pueden ser instrumentos útiles y eficaces cuando responden a la voluntad real de las partes de alcanzar acuerdos. Lo que cuestionamos es su conversión en un requisito obligatorio que, en demasiadas ocasiones, está funcionando como una barrera de acceso a la Justicia”, manifestó.
En su discurso, Ribón recordó que el ICAM presentó cerca de cuarenta propuestas de enmienda durante la tramitación parlamentaria de la norma, con el objetivo de mejorar su eficacia y evitar efectos indeseados. “Nuestra posición ha sido siempre constructiva. No nos limitamos a señalar problemas; trabajamos para aportar soluciones”, afirmó, al tiempo que reclamó una revisión de aquellos aspectos que la experiencia práctica ha demostrado que no están funcionando adecuadamente.
Familia e infancia: una respuesta judicial que no puede demorarse
Entre los ámbitos que requieren especial atención, el Decano destacó los procedimientos de familia con menores, los conflictos transfronterizos, la justicia gratuita y la implantación de los Tribunales de Instancia. Sobre los asuntos de familia e infancia, advirtió de que “cuando están en juego los intereses de menores, la respuesta judicial debe llegar con rapidez y con todas las garantías”, por lo que la imposición automática de una fase negociadora previa puede producir efectos contrarios a los perseguidos.
Ribón puso el acento en que, en los procedimientos de familia, el tiempo no es un elemento neutro. La demora en la adopción de medidas puede agravar el conflicto, consolidar situaciones de hecho perjudiciales y afectar directamente al interés superior del menor. Por ello, el ICAM considera imprescindible revisar la aplicación automática de los requisitos previos en estos asuntos, para evitar que una herramienta concebida para favorecer soluciones consensuadas termine retrasando decisiones judiciales urgentes o necesarias para proteger a niños, niñas y adolescentes.
El Decano también se refirió a los procedimientos internacionales de familia, que están poniendo de manifiesto dificultades añadidas derivadas de la exigencia de requisitos previos que no encuentran equivalente en la mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno. Esta situación, advirtió, puede generar escenarios de mayor complejidad procesal y merece una revisión específica para evitar disfunciones en litigios transfronterizos especialmente sensibles.
Ribón alertó igualmente de las incidencias operativas, tecnológicas y organizativas vinculadas al nuevo modelo de Tribunales de Instancia, con problemas en LexNET, coexistencia de distintos sistemas de reparto y dificultades para identificar correctamente el destino de determinados escritos. A ello sumó la necesidad de proteger especialmente a los ciudadanos más vulnerables, recordando que “la eficiencia nunca debe alcanzarse a costa de debilitar las garantías de quienes más necesitan la protección de la Justicia”.
Una llamada al diálogo para corregir los aspectos más lesivos
El Decano concluyó su intervención reivindicando una revisión normativa y aplicativa de la Ley de Eficiencia desde el diálogo institucional y la cooperación entre operadores jurídicos. “El debate no es reforma sí o reforma no. El debate es qué reforma sirve realmente a la Justicia y a los ciudadanos”, afirmó. Y añadió: “La verdadera eficiencia no consiste en añadir filtros o trámites previos. La verdadera eficiencia consiste en resolver los conflictos con más rapidez, con más seguridad jurídica y con una tutela judicial efectiva plena”.
“Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid queremos reiterar hoy nuestra disposición al diálogo y al trabajo conjunto”, concluyó Ribón, tendiendo la mano al legislador, al Ministerio de Justicia, a los grupos parlamentarios y al conjunto de operadores jurídicos para corregir los aspectos más lesivos de la norma y avanzar hacia “una Justicia verdaderamente moderna, eficaz, garantista y al servicio de los ciudadanos”.