Eugenio Ribón alerta de retrasos y disfunciones en la aplicación de las últimas reformas de Justicia

  • • El decano del ICAM publica en La Razón la tribuna “Las reformas de Justicia a examen”, en la que reclama evaluar el impacto real de las principales transformaciones del sistema judicial y reforzar los medios, la eficacia y la independencia de la Justicia.

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, firma en La Razón la tribuna “Las reformas de Justicia a examen”,  en la que, con motivo del inicio del año judicial,  realiza un balance de algunas de las principales reformas acometidas en los últimos años y plantea la necesidad de analizar sus resultados desde la experiencia práctica de los profesionales.

En su artículo, Ribón sostiene que la modernización de la Justicia debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de su funcionamiento y de los recursos necesarios para que las reformas se traduzcan en una mejora efectiva del servicio público.

Entre las cuestiones abordadas figura la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, tanto en lo relativo a la implantación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como a la nueva organización derivada de los Tribunales de Instancia.

El Decano recuerda, a este respecto, los resultados del estudio realizado por el ICAM entre 1.164 profesionales sobre los MASC: el 84% rechaza su obligatoriedad, solo alrededor de un 10% de los intentos finaliza en acuerdo y nueve de cada diez encuestados consideran que los nuevos trámites están provocando retrasos en los procedimientos.

La tribuna pone también el foco en el proceso de digitalización de la Justicia. Ribón defiende que su éxito no debe medirse únicamente por el número de herramientas o aplicaciones implantadas, sino por su capacidad real para facilitar el trabajo de los operadores jurídicos, agilizar los procedimientos y garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

A ello se suma la preocupación por los tiempos de respuesta de determinados órganos judiciales, especialmente en la jurisdicción social, donde las demoras pueden afectar de manera especialmente intensa a ciudadanos que esperan una resolución sobre cuestiones como despidos, incapacidades o prestaciones de la Seguridad Social.

Ante este escenario, el Decano del ICAM plantea un cambio de enfoque: no se trata de frenar la modernización de la Justicia, sino de mejorar su implementación, evaluar sus resultados y dotar al sistema de los medios suficientes.

La reflexión concluye reivindicando, junto a la eficacia y la accesibilidad, la independencia judicial y la separación de poderes como garantías esenciales del Estado de Derecho y como condiciones indispensables para mantener la confianza de ciudadanos y empresas en la Justicia.

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