La segunda parte de la jornada sobre la especialización de los Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad organizada por el Instituto I+D ICAM y el Instituto I+Dret del ICAB se ha centrado en analizar algunos aspectos concretos del Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que posibilitan, precisamente, la creación de juzgados especializados en Infancia, Familia y Capacidad, con carácter general, en todos los partidos judiciales de nuestro país.
La mesa redonda ha contado con la presencia de representantes políticos en materia de justicia de buena parte del arco parlamentario: Luis Santamaría, del Partido Popular; Miguel Ángel González, del Partido Socialista; Eduardo Luis Ruiz, del grupo parlamentario Vox; y Genís Boadella, del Grupo Plural y ha sido moderada por el magistrado Francisco Javier Pereda Gámez, Presidente de la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dedicada a Infancia, Familia y Capacidad.
Una mesa que ha girado en torno a 4 cuestiones expuestas por el magistrado: la mejora del artículo 86.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que menciona la especialización de los órganos judiciales pero la supedita a la carga de trabajo; el contenido del artículo 86.5, que define las competencias “de una forma clásica”, en opinión del magistrado, sin dar prioridad a la protección de la infancia; el artículo 329.4, debe permitir la especialización de los jueces y juezas en estas materias; y la Disposición Adicional Segunda, sobre la creación de secciones en los Institutos de Medicina Legal dotadas con psicólogos y otros profesionales, que servirán como apoyo técnico a los órganos judiciales.
Precisamente este último punto, el relativo a las secciones especializadas en los Institutos de Medicina Legal no ha suscitado debate alguno por parte de las formaciones políticas, coincidiendo todas en su necesaria creación. No ha sido así con la creación de los órganos especializados según la carga de trabajo. El Partido Popular apoya su creación en todos los juzgados de primera instancia, como también lo hace el Grupo Plural. Aunque Vox lo valora positivamente alerta de que, entonces, “otras cuestiones pueden sufrir retrasos”. Vox, por otro lado, se opone frontalmente a toda la ley, por lo que no ha presentado enmiendas específicas sobre esta cuestión, aunque esto “no significa que no vaya a apoyar las enmiendas sobre especialización”. El PSOE, partido que propone el texto original, continúa defendiendo el artículo de forma íntegra, entre otras cuestiones porque cree que “con esta ley tenemos los mimbres para hacerlo realidad”.
Sobre la definición de competencias, el PSOE defiende su redacción argumentando que esta lo expresa de “forma gráfica”. Tanto los populares como el Grupo Plural apoyan otra redacción, más adaptada a la realidad. “Lo importante aquí es la competencia no la semántica”, sintetizaba el diputado de Vox.
Una de las cuestiones más importantes es la referida a cuándo considerar a un juez especializado en Infancia, Familia y Capacidad, para evitar que la manera de hacerlo sea con un “simple cursillo”, como señalaba el magistrado. Para el Grupo Plural no es suficiente un curso formativo, igual que para Vox, que defiende esta especialización como “cualquier otra de la Carrera Judicial”, igual que lo hace el Partido Socialista. El PP va más allá al pedir una “prueba de conocimientos” sobre esta materia.
Aunque aún le queda recorrido parlamentario, los grupos parlamentarios presentes en la jornada han mostrado su compromiso con la creación de juzgados y jueces especializados en materia de Infancia, Familia y Capacidad, como llevan años reclamando muchos los profesionales y algunas de las organizaciones más relevantes en este ámbito, como la Plataforma Familia y Derecho, AEAFA, SCAF y los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona.