Hoy 6 de junio entra el vigor el Decreto 35/2025, aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que establece una nueva regulación para la asistencia jurídica gratuita en la región.
Este decreto reemplaza al anterior Decreto 86/2003 y adapta la normativa autonómica a las reformas legales recientes, como la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia.
Principales novedades del Decreto 35/2025
- Ámbito de aplicación: El decreto se aplica a los procedimientos judiciales y administrativos dentro de la Comunidad de Madrid, incluyendo la asistencia previa al proceso, como el asesoramiento y orientación jurídica.
- Procedimiento simplificado: Se establece un procedimiento más ágil para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con un formulario normalizado (Anexo I) y plazos definidos para cada etapa del proceso.
- Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (CAJGR): Se refuerzan las competencias de la CAJGR, órgano encargado de reconocer o denegar el derecho, con plena autonomía funcional y adscrita a la consejería competente en materia de justicia.
- Bases económicas y módulos de indemnización: El Anexo II del decreto actualiza las bases económicas y los módulos de indemnización para las actuaciones de los profesionales del turno de oficio, incluyendo nuevas actuaciones como las previas al juicio civil. Los baremos que se incluyen en el anexo del Decreto ya se están aplicando por el Colegio desde el 1 de enero.
- Momento del devengo de la indemnización: El Anexo III regula el momento en que se devengan las indemnizaciones para los profesionales designados en turno de oficio.
- Revocación del derecho: Se establece que la declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por parte del solicitante podrá dar lugar a la revocación del derecho y la obligación de abonar los honorarios devengados.
- Impugnación de resoluciones: Se detallan los procedimientos para impugnar las resoluciones de la CAJGR, incluyendo las que reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Este decreto busca garantizar una prestación más eficiente y adaptada a las necesidades actuales de los ciudadanos madrileños, asegurando el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.