Ayer, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) fue escenario de una jornada dedicada a analizar el impacto del daño moral en los casos de impago de pensiones alimenticias, un fenómeno con importantes repercusiones legales y emocionales para las víctimas. Organizado conjuntamente por la Sección de Derecho de Familia y la Sección de Abogados Penalistas, el evento fue inaugurado por la Vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, y reunió a juristas y expertos para debatir sobre este tema.
La mesa redonda fue moderada por Rubén Martín de Pablos, copresidente de la Sección de Abogados Penalistas del ICAM, y Julia Clavero, miembro del Consejo Asesor de la Sección de Familia y Sucesiones, y contó con la participación del magistrado Vicente Magro, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Magro destacó la necesidad de considerar el daño moral como un factor relevante y cuantificable en los casos de impago de pensiones. En su intervención, el magistrado abordó cómo este incumplimiento, que supone “una violencia económica” puede ser entendido como una manifestación de violencia de género, al generar una vulnerabilidad económica y emocional en las víctimas. Según explicó, el daño moral debe demostrarse adecuadamente para que el tribunal pueda valorar su inclusión en la sentencia, lo cual exige pruebas que acrediten el sufrimiento causado a la víctima, y debe centrarse en el impacto que produce sobre la victima y en su sufrimiento.
Durante la jornada, Magro también profundizó en la naturaleza del daño moral, diferenciándolo del daño punitivo, más común en el sistema legal estadounidense, cuyo propósito es sancionar al autor de una conducta dañina.
