El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), celebraron el pasado miércoles una nueva sesión del ciclo de desayunos “Explainers Jurídicos”, centrada en los márgenes de legalidad en la contratación pública y las vías jurídicas para prevenir el fraude. La jornada contó con la intervención destacada de Alberto Dorrego, presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM y socio del área de Derecho Público en Eversheds Sutherland.
Durante el encuentro, abierto a las preguntas de los periodistas, Dorrego ofreció una visión integral sobre los principales riesgos legales que afectan a la contratación pública, las prácticas fraudulentas más recurrentes, las responsabilidades administrativas y penales, y las medidas de prevención más eficaces.
Dorrego comenzó subrayando la magnitud de la contratación pública en España: “La contratación pública supone en torno al 20% del PIB, estamos hablando de cifras mareantes, de aproximadamente 250.000 millones de euros que se despliegan por todas las administraciones públicas”. A pesar de estos volúmenes, quiso destacar que “la mayor parte de la contratación pública en España es limpia”.
Entre los principales fallos del sistema, Dorrego señaló las malas prácticas en la preparación de las licitaciones, la debilidad de los mecanismos de control y la influencia indebida en las valoraciones técnicas. “El corazón del problema está en la independencia de criterio de los evaluadores técnicos y en la ausencia de conflictos de interés”, afirmó. En este sentido, puso especial énfasis en la importancia de que las personas encargadas de estas valoraciones sean preferentemente funcionarios públicos con independencia y experiencia.
El ponente también denunció la existencia de prácticas como el fraccionamiento indebido de contratos para eludir los procedimientos de licitación pública, así como el uso abusivo de los contratos menores. “Es muy frecuente que sorprendentemente haya muchos contratos que llegan justo hasta el borde de un euro menos que el límite legal del contrato menor”, advirtió Dorrego.
Problemas de ejecución en los Fondos Next Generation
Otro de los temas clave abordados durante la jornada fue la gestión de los Fondos Next Generation. Dorrego lamentó el bajo nivel de ejecución en España, calificándolo de “imperdonable” por suponer “una oportunidad perdida para la transformación económica del país”. Según explicó, esta situación se debe, principalmente, a “razones esencialmente administrativas y deficiencias en la gestión”.
El experto criticó que la legislación actual, especialmente la Ley de Contratos del Sector Público, es “demasiado compleja y está diseñada para no contratar o gastar poco”, generando “una burocracia desmedida” que no garantiza mayor transparencia, sino que “aumenta los costes, reduce la concurrencia a las licitaciones y provoca adjudicaciones eternas que llevan a perder los fondos europeos”.
Dorrego advirtió que esta complejidad encarece significativamente los costes para las empresas que desean licitar y genera procesos que “pueden demorarse hasta dos años”, lo que desincentiva la participación y provoca que muchos contratos de gran envergadura reciban “la oferta de un único candidato”.
A su juicio, uno de los grandes errores ha sido no crear una normativa específica para la gestión de los fondos europeos y no apostar por una mayor descentralización y colaboración público-privada.
La importancia de los mecanismos de control
Dorrego valoró positivamente la evolución normativa en materia de prevención y control del fraude, resaltando la relevancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las prohibiciones de contratar como herramientas eficaces para disuadir malas prácticas. “Las empresas tienen muchísimo cuidado con las prohibiciones de contratar, porque pueden sacarlas directamente del mercado”, explicó.
Finalmente, puso en valor la importancia de los controles administrativos tradicionales y la supervisión institucional, especialmente el papel de los interventores y los servicios jurídicos de las administraciones públicas como barrera fundamental frente a las irregularidades. “El interventor es un funcionario completamente independiente. Sacar a los interventores de los procesos de licitación es incurrir en riesgos”, concluyó.
Sobre el ciclo “Explainers Jurídicos” ICAM – ACIJUR
Estos encuentros se enmarcan en el ciclo “Explainers Jurídicos” del ICAM y ACIJUR, una iniciativa conjunta fruto del reciente convenio firmado por ambas instituciones. Se trata de una serie de sesiones breves dirigidas a periodistas especializados en tribunales y justicia, cuyo objetivo es ofrecer claves claras, rigurosas y accesibles sobre novedades legislativas, resoluciones judiciales relevantes y conceptos jurídicos complejos de especial interés para los medios de comunicación. Con este formato, el ICAM y ACIJUR buscan facilitar la comprensión y la difusión de la información jurídica con el máximo rigor.