El ICAM se suma a las voces jurídicas y de organismos internacionales que alertan sobre la reforma del Poder Judicial en México

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha emitido una declaración institucional en la que expresa su preocupación ante la aprobación de la reciente reforma del Poder Judicial en México, que tuvo lugar este 4 de septiembre en la Cámara de Diputados y que ya ha sido ratificada en el Senado mexicano.

El ICAM ha seguido de cerca el desarrollo de esta reforma, que fue presentada el 5 de febrero de 2024 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido objeto de críticas por parte de diversas instituciones jurídicas tanto en México como a nivel internacional.

La reforma judicial, considerada la más significativa en los últimos 30 años, introduce cambios en el sistema de elección de jueces y magistrados, la duración de sus mandatos, la estructura disciplinaria del Poder Judicial, y la vinculación de los salarios judiciales al salario del presidente de la República.

Principales preocupaciones del ICAM

El ICAM destaca varias áreas de preocupación respecto a esta reforma. En primer lugar, el nuevo sistema de elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados federales podría comprometer gravemente la independencia, imparcialidad y competencia del Poder Judicial, sometiendo a sus integrantes a presiones políticas y económicas.

Además, la propuesta de reducir la duración de los mandatos de los jueces y magistrados generaría una sincronización de sus períodos con el sexenio presidencial, lo que incrementaría su vulnerabilidad frente a influencias políticas, afectando su estabilidad en los cargos.

Otro motivo de preocupación es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial cuyas decisiones en procedimientos disciplinarios serían inapelables. Este órgano contraviene los estándares internacionales de independencia judicial y expone al tribunal a posibles presiones externas, comprometiendo la autonomía del Poder Judicial.

Finalmente, la vinculación de los salarios judiciales al del presidente de la República vulnera la autonomía económica del Poder Judicial, lo que podría poner en riesgo su independencia financiera y funcional.

Apoyo institucional y preocupación internacional

El ICAM se une, así, a las críticas y advertencias emitidas por diversas instituciones de la abogacía y la judicatura mexicanas, entre ellas el Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.

Asimismo, organizaciones internacionales como la International Bar Association (IBA), la Union International des Avocats (UIA), el New York City Bar Association, y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, han expresado preocupaciones similares.

Además, se suma el informe publicado el pasado mayo por la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, que concluye que la reforma representa una amenaza significativa a la independencia judicial en México.

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha declarado: “Desde el ICAM creemos firmemente que la independencia judicial es un pilar fundamental para el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. La reforma del Poder Judicial en México, tal y como ha sido aprobada, suscita serias preocupaciones sobre la politización de la justicia y la falta de garantías para preservar la imparcialidad de sus jueces. Exhortamos a las autoridades mexicanas a reconsiderar estos aspectos y garantizar un sistema judicial que sea independiente y a prueba de influencias externas. La abogacía internacional está observando con gran interés este proceso y se une en la defensa de los principios esenciales que deben regir la justicia en cualquier democracia”.

Llamamiento al diálogo

El ICAM subraya la importancia de que cualquier reforma judicial sea resultado de un proceso de debate amplio y transparente, y exhorta a que se reconsideren los aspectos más controvertidos de la reforma para garantizar el equilibrio de poderes y la protección del Estado de Derecho en México.

Desde el ICAM se seguirá monitoreando de cerca la evolución de esta reforma y sus implicaciones para el sistema judicial mexicano.

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