En una convocatoria de alto nivel y con un enfoque transversal, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), junto con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), organizaron un desayuno de trabajo que reunió a los principales actores del ecosistema mediático español. El objetivo: analizar conjuntamente los desafíos que plantea la aplicación del nuevo Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) y explorar mecanismos de colaboración frente a la desinformación.
El encuentro, celebrado en la sede del ICAM, contó con la intervención destacada del vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo, así como con representantes de entidades verificadoras, asociaciones de periodistas, editores, organizaciones de consumidores, expertos académicos y firmas legales. La sesión fue inaugurada por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y moderada por Manuel Sánchez de Diego (presidente de la Sección de Derecho de la Comunicación del ICAM y jurista de la PDLI) y contó también con la presencia de Roberta Poza, como Diputada responsable de Relaciones Institucionales del ICAM.
El coloquio se celebró con la mirada puesta en una fecha clave: el 8 de agosto, cuando el Reglamento será de aplicación plena, en su mayor parte, y España tendrá que tener adaptado su marco institucional (incluyendo las nuevas competencias previstas para la CNMC) para ello.
Durante su intervención, el decano Eugenio Ribón subrayó la responsabilidad institucional del ICAM como “espacio neutral, abierto y riguroso para el debate plural”, destacando que sin transparencia, libertad informativa e independencia editorial “no hay democracia sólida”. En este sentido, aseguró que promover foros como este desayuno de trabajo forma parte de la misión del Colegio y de su compromiso con el interés general. “Vivimos tiempos de transformación informativa profunda. La desinformación ya no es un fenómeno marginal: es una amenaza estructural al corazón mismo de nuestras democracias y que debe combatirse, pero salvarguardando al mismo tiempo principios irrenunciables como la libertad de expresión e información”, afirmó.
Ribón reivindicó además el papel de los verificadores como “ejercientes de una verdadera higiene democrática” y destacó la labor de la CNMC en la futura aplicación del EMFA, al asegurar que el nuevo reglamento europeo ofrece “retos ambiciosos, pero también oportunidades valiosas para construir un ecosistema informativo libre de interferencias indebidas, resistente a la manipulación y profundamente democrático”. El ICAM, recordó, cofundador de la PDLI, aspira a que este encuentro sea un punto de partida para una colaboración estable entre instituciones, con visión a largo plazo.
Bajo el título “Desinformación y regulación digital: el papel de los verificadores en el marco del nuevo Reglamento EMFA”, el coloquio abordó el papel que deben desempeñar tanto los reguladores como los actores independientes para proteger la libertad informativa en un entorno digital cada vez más vulnerable a la manipulación.
La CNMC, como autoridad independiente, está llamada a desempeñar un papel clave en la supervisión del cumplimiento del EMFA en España, en aspectos como la vigilancia del pluralismo, la transparencia en la propiedad de los medios y la protección frente a interferencias políticas o económicas. En su intervención, Castillejo destacó que “el EMFA ofrece una oportunidad histórica para reforzar las garantías democráticas del sistema mediático europeo”.
El evento también puso en valor la labor de las entidades verificadoras como Newtral, Maldita.es, EFE Verifica, RTVE Verifica, Factchequeado e IBERIFIER, que compartieron experiencias en la detección de campañas de desinformación estructural y en la protección del espacio informativo durante procesos electorales. A través del artículo 17 del reglamento, el EMFA promueve la cooperación entre reguladores y verificadores como parte de una respuesta estructurada y proporcional frente a la desinformación coordinada.
La diversidad de los asistentes —que incluyó a organizaciones como CLABE, AUC, la Asociación de Periodistas Europeos, la Asociación de Periodistas de Investigación, la Universidad Carlos III, el Observatorio IBERIFIER, Confilegal, Deloitte y el Departamento de Seguridad Nacional— reflejó la amplitud del enfoque impulsado por el ICAM y la PDLI. Una transversalidad que permitió enriquecer el debate y detectar sinergias de colaboración para fortalecer el marco democrático de la información en España.
El desayuno concluyó con el compromiso de avanzar hacia una hoja de ruta conjunta entre la CNMC y los verificadores, que incluya intercambio de alertas, buenas prácticas y participación en futuras consultas públicas. También se abordó la necesidad de aclarar el marco competencial, promover la transparencia en los futuros sistemas de acreditación de alertadores fiables, y asegurar un ecosistema informativo libre, plural y resistente a las injerencias indebidas.
El vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo, agradeció la convocatoria de este evento y la oportunidad de un espacio de diálogo transversal.
El encuentro contó con una nutrida y diversa representación del ecosistema mediático español. Asistieron representantes de medios de comunicación, asociaciones profesionales, universidades, organizaciones de consumidores, firmas legales y organismos institucionales. Entre los participantes se encontraron, además de los ‘fact-checkers’, entre otros, Ramón Salaverría (representante del Observatorio Iberifier y catedrático de la Universidad de Navarra), Carlos Berbell (vicepresidente de ACIJUR y director de Confilegal), Juan Zafra (director general de la asociación de editores CLABE), Carla Pina (directora de Info Veritas), Diego Alberto Florentín (Departamento de Seguridad Nacional), Raúl Magallón (experto en desinformación y profesor de la Universidad Carlos III), Agustín Yanel (secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas – FeSP), Juan de Oñate (Asociación de Periodistas Europeos), Alejandro Perales (presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación -AUC-), Nacho Calle (presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación), Javier Sánchez, director de política audiovisual y servicio público de RTVE y representantes de firmas legales como Uría y Deloitte.
Con esta iniciativa, el ICAM y la PDLI reafirman su liderazgo en la articulación de espacios de diálogo riguroso e inclusivo en defensa de la libertad de prensa y la calidad democrática de la información.
Reglamento UE de libertad de medios (EMFA) y la fecha clave del 8 de agosto
En un contexto marcado por el aumento de la desinformación, la presión sobre la independencia de los medios y la creciente concentración de la propiedad mediática, el Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés)establece un nuevo marco normativo para garantizar el pluralismo informativo, proteger la independencia editorial y reforzar la transparencia en el ecosistema mediático europeo.
El EMFA introduce principios vinculantes en todos los Estados miembros para asegurar la libertad de los medios, la protección de periodistas y la equidad en la distribución de publicidad institucional. Entre sus disposiciones clave se encuentran la obligación de transparencia en la propiedad de los medios (art. 6), la protección frente a interferencias políticas o económicas (art. 4), y la salvaguarda de las fuentes periodísticas y la no vigilancia injustificada de periodistas (art. 5). Además, se establece la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios, órgano independiente que coordinará a los reguladores nacionales y velará por la aplicación coherente del reglamento en toda la UE.
España, en línea con esta normativa, debe adaptar su marco institucional antes de su plena aplicación el 8 de agosto de 2025. En este contexto, la CNMC, como autoridad independiente, está posicionada para desempeñar un papel clave en la supervisión del cumplimiento del EMFA, especialmente en lo relativo a la garantía de transparencia, la vigilancia de operaciones de concentración que puedan afectar al pluralismo mediático, y la protección de la independencia editorial frente a presiones indebidas.
Además, el EMFA reconoce el papel que pueden desempeñar actores independientes, como los verificadores de datos, en la protección del espacio informativo democrático. Su labor contribuye directamente a identificar, analizar y desmentir contenidos desinformativos que erosionan la calidad del debate público. En este sentido, el artículo 17 del EMFA promueve un entorno que facilite la cooperación entre autoridades regulatorias y entidades que trabajan para preservar la integridad informativa, fomentando así una respuesta estructurada y proporcional frente a amenazas como la desinformación sistémica o coordinada.
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