El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebra cualquier iniciativa orientada a mejorar la retribución de los profesionales del Turno de Oficio, pero advierte de que el anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre la actualización de las bases de compensación económica requiere correcciones técnicas imprescindibles para que la medida sea realmente aplicable en la práctica.
En particular, el ICAM subraya que la actualización afecta a la abogacía de Madrid en aquellas actuaciones realizadas ante órganos centrales de la Administración de Justicia —como la Audiencia Nacional— y, de forma destacada, al procedimiento penal de especial complejidad, que el Ministerio vincula a nuevos módulos y complementos. Sin embargo, el Colegio alerta de un “truco” operativo que puede neutralizar el supuesto avance: mientras el baremo siga midiendo determinados conceptos “por folios”, en lugar de hacerlo “por acontecimientos”, la compensación adicional será imposible de acreditar y, por tanto, de cobrar.
Un baremo anclado en el papel en un expediente ya digital
El ICAM explica que, en la práctica cotidiana, las actuaciones judiciales ya no se folian como antes: los expedientes se organizan en sistemas electrónicos por “acontecimientos”, que pueden agrupar varios documentos y páginas. Esa realidad provoca un problema directo: si la retribución complementaria se calcula por “cada mil folios”, el profesional no tiene un modo fiable de acreditar el número de folios, incluso aportando certificación del Letrado de la Administración de Justicia, porque el sistema ya no está diseñado para ese conteo.
Por ello, el ICAM reclama una rectificación inmediata del enfoque anunciado:
- eliminar la referencia a “folios” y sustituirla por “acontecimientos”, fijando cuantías por cada acontecimiento que se ajusten al expediente digital, o bien
- modificar el sistema informático para que permita el conteo de folios de forma verificable y certificable.
“Si no se adapta el baremo al funcionamiento real del expediente judicial electrónico, el incremento se queda en una medida declarativa, sin efectos económicos para quienes sostienen el Turno de Oficio en los procedimientos más exigentes”, señala el Diputado responsable de Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo.
Presentar como novedad lo ya previsto en la ley
El ICAM también considera necesario matizar otro de los mensajes principales de la nota ministerial: el reconocimiento en el Reglamento del derecho a la asistencia jurídica gratuita e inmediata para determinados colectivos especialmente vulnerables. El Colegio recuerda que este reconocimiento ya está previsto en el artículo 2 h) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por lo que el futuro desarrollo reglamentario, aun siendo importante, no debería presentarse como una innovación, sino como la mera transposición de un mandato legal ya vigente.
Del mismo modo, otras referencias del anuncio se enmarcan en medidas de eficiencia ya contempladas en la Ley Orgánica 1/2025 —incluida la apuesta por la mediación y otros MASC—, por lo que el debate debe centrarse en su aplicación efectiva, con garantías y sin trasladar más cargas al profesional del Turno de Oficio.
“Incentivos” no es la palabra: es una retribución justa por el trabajo realizado
En relación con la previsión anunciada de “incentivos económicos” vinculados a soluciones consensuadas, el ICAM advierte de que la terminología escogida en la nota del Ministerio es equívoca. “No hablamos de incentivos en sentido propio, sino de actualizar módulos de pago, remunerar actuaciones efectivamente realizadas y cubrir trabajos que hoy no se están pagando o se pagan de forma insuficiente”, subraya la institución.
El Colegio insiste en que el Turno de Oficio no es un servicio accesorio, sino una pieza esencial del Estado de Derecho: garantiza el acceso a la Justicia de quien no puede costearla, sostiene la tutela judicial efectiva y protege a las personas más vulnerables.
El ICAM, garante del Turno de Oficio: medidas reales, aplicables y verificables
El ICAM reitera su disposición a colaborar en cualquier reforma que mejore el sistema, pero reclama que las decisiones normativas se diseñen para ser ejecutables. “La abogacía del Turno de Oficio necesita avances reales: baremos que se puedan acreditar, pagos ajustados a la carga de trabajo y una normativa alineada con el expediente digital. Solo así se protege de verdad el derecho de defensa”, enfatiza Juan Manuel Mayllo.
Además, el ICAM celebra que estas mejoras se anuncien tras la acción de protesta y denuncia pública impulsada por los abogados y abogadas del Turno de Oficio en la Audiencia Nacional, una movilización que el Colegio respaldó institucionalmente al advertir del riesgo de colapso de la justicia gratuita por la precariedad del servicio y la falta de medios. En esa línea, el ICAM recuerda que ya trasladó formalmente su preocupación a la Presidencia de la Audiencia Nacional tras la renuncia masiva de letrados, logrando que el propio órgano judicial reflejara su inquietud ante el deterioro de las condiciones del Turno de Oficio; un contexto que refuerza la necesidad de que cualquier actualización retributiva sea real, verificable y plenamente aplicable:
“Este anuncio llega después de que los profesionales del Turno de Oficio alzaran la voz —con el respaldo del ICAM— para denunciar una situación insostenible en la Audiencia Nacional. Nos alegra que se empiece a reaccionar, pero ahora toca que la mejora sea efectiva. El Turno de Oficio es un pilar del Estado de Derecho y no puede sostenerse sobre precariedad. Valoramos que se anuncien mejoras, pero exigimos rigor: no se puede presentar como novedad lo que ya reconoce la ley, ni mantener un sistema de cómputo desfasado que impida percibir las compensaciones. Defender el Turno de Oficio es defender el derecho de defensa y el acceso a la Justicia de quien más lo necesita”, concluye el Diputado responsable de Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo.