El Colegio de la Abogacía de Madrid ha recibido la queja de un colegiado tras una audiencia previa que no pudo celebrarse por un error de agenda de la oficina judicial. Defensa de la Abogacía ICAM solicitará explicaciones a la oficina judicial afectada tras coordinarse con la corporación competente.
“El tiempo de la abogacía no puede considerarse un coste invisible del funcionamiento de la Justicia”, señala el diputado responsable de Defensa de la Abogacía, Javier Mata, quien reclama “respeto institucional, diligencia y mecanismos eficaces de respuesta ante este tipo de disfunciones” actividad.
El Colegio de la Abogacía de Madrid ha activado los cauces de actuación del servicio de Defensa de la Abogacía tras recibir la queja de un letrado colegiado por una grave incidencia registrada en una audiencia previa señalada de forma telemática.
Según la incidencia trasladada al ICAM, dos abogados y dos procuradores permanecieron conectados durante más de tres horas a la espera del inicio de la vista, señalada a las 10:00 horas. Durante ese tiempo, los profesionales intentaron contactar sin éxito con la oficina judicial por teléfono y correo electrónico para conocer el motivo de la demora. Finalmente, pasadas las 13:00 horas, se les comunicó que la actuación no figuraba correctamente agendada y que no podía celebrarse.
Para el ICAM, este tipo de incidencias no pueden abordarse como simples contratiempos administrativos cuando tienen un impacto directo sobre el ejercicio profesional, la organización de los despachos, los derechos de los ciudadanos y la confianza en el servicio público de la Justicia.
“El tiempo de la abogacía no puede considerarse un coste invisible del funcionamiento de la Justicia. Cada señalamiento exige preparación, coordinación con clientes, procuradores y otros profesionales, y una reserva efectiva de agenda. Cuando una actuación judicial decae por un error organizativo y, además, nadie ofrece información durante horas, no estamos ante una mera incomodidad: estamos ante una disfunción que afecta al derecho de defensa”, señala Javier Mata, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable del Servicio de Defensa de la Abogacía.
Mata subraya que la abogacía está sometida a exigentes estándares de puntualidad, diligencia y responsabilidad procesal, por lo que resulta razonable reclamar esos mismos parámetros a la Administración de Justicia. “La modernización tecnológica de la Justicia debe servir para ofrecer más seguridad, más trazabilidad y mejores tiempos de respuesta, no para trasladar a los profesionales y a los ciudadanos las consecuencias de errores que podrían haberse detectado y comunicado con antelación”, añade.
El Colegio recuerda que la defensa de la abogacía no se limita a reaccionar ante ataques directos al ejercicio profesional, sino que comprende también la protección de las condiciones mínimas que permiten ejercer la defensa con garantías: respeto al tiempo profesional, acceso efectivo a los órganos judiciales, canales de comunicación operativos y respuesta institucional ante incidencias que comprometan el normal desarrollo de las actuaciones procesales.
“El buen funcionamiento de la Justicia requiere la implicación de todos los operadores jurídicos. Pero esa corresponsabilidad exige también que los fallos organizativos tengan respuesta, explicación y corrección. La abogacía no puede ser la parte que siempre absorbe silenciosamente los costes del mal funcionamiento del sistema”, concluye Javier Mata.
El Servicio de Defensa de la Abogacía del ICAM se está coordinando con la corporación competente para recabar la información necesaria y solicitar las correspondientes explicaciones a la oficina judicial afectada, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.