El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, se reunió ayer con Teresa Jiménez-Becerril, Adjunta Primera al Defensor del Pueblo, a petición del Colegio, para, entre otros asuntos, trasladarle personalmente la preocupación que genera la reiterada aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana a profesionales de la abogacía en el ejercicio de su función.
Para el Decano del ICAM, “no se está ponderando adecuadamente en estas situaciones que está en juego un derecho fundamental como es el derecho de defensa y que la imposición de una sanción administrativa por parte de agentes policiales supone, a nuestro juicio, una vulneración desproporcionada del mismo”.
El ICAM ha informado a Teresa Jiménez-Becerril que esta cuestión ha generado ya cuatro amparos colegiales en lo que va de año, los mismos que en todo 2023, y le ha avanzado que presentará una queja formal trasladando cada uno de estos casos.
En la reunión también han participado la Vicedecana Isabel Winkels y el Diputado responsable de Defensa de la Abogacía, Javier Mata y, por parte de la oficina del Defensor del Pueblo, Mª José Pastor Alfonso, Directora del Gabinete de la Adjunta Primera y Andrés Jiménez Rodríguez, Director del Área de Seguridad y Justicia.
Abogacía de Oficio
Una cuestión central de la reunión ha sido la situación de la Justicia y, en particular, de la Abogacía de Oficio, esencial en garantizar el acceso universal a la misma, abordándose por ambas partes la necesidad de mejorar, en todos los sentidos, las condiciones en las que realiza su función esencial.
En este este ámbito, se ha abordado en la reunión la preocupación del ICAM por las prestaciones de un grupo significativo de mutualistas, la búsqueda de soluciones y la necesidad de una pasarela voluntaria al RETA salvaguardando al mismo tiempo los ahorros del resto de compañeros
Asimismo, se han intercambiado opiniones sobre la incertidumbre de la ciudadanía con relación a la falta de información sobre honorarios profesionales, compartido por el Colegio ante la ausencia de criterios orientadores que permitan a los usuarios de la Justicia evaluar el coste de un eventual litigio.
En este sentido, y de cara a garantizar el derecho a la información, Eugenio Ribón ha anticipado a Teresa Jiménez-Becerril que el Colegio trabaja en la elaboración de una hoja de encargo estándar concreta, clara, sencilla y regida por el principio de transparencia, como un modelo tipo para que pueda ser usado por profesionales en las relaciones con sus clientes y que el ICAM presentará al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) para su divulgación conjunta. Se trata de un proyecto pionero que garantizará los derechos de la ciudadanía y al que el Defensor del Pueblo valora positivamente.