En el marco de la XII Cumbre de Mujeres Juristas, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha alertado sobre el impacto de las recientes medidas adoptadas en Estados Unidos, que eliminan políticas de diversidad e inclusión y que ponen en riesgo a las filiales europeas de multinacionales estadounidenses. Ante esta situación, la diputada de Relaciones Internacionales del ICAM, Teresa Mínguez ha instado a la Unión Europea y al Gobierno de España a reforzar su posición y garantizar que las normativas comunitarias en materia de igualdad, diversidad e inclusión prevalezcan sobre cualquier retroceso impulsado desde otras jurisdicciones.
“Desde aquí, aprovechando la XII Cumbre de Mujeres Juristas y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hago un llamamiento a la Unión Europea y al Gobierno de España para que se dirija con extrema claridad a las filiales europeas de las multinacionales americanas y les recuerde su sujeción al derecho europeo y nacional en cuanto al cumplimiento de estas políticas”, afirmó.
En su intervención, la responsable de Relaciones Internacionales del ICAM advirtió sobre el riesgo de retrocesos en las políticas de igualdad, diversidad e inclusión a nivel internacional, con especial atención a las recientes órdenes ejecutivas emitidas en Estados Unidos. En los primeros días de la nueva administración estadounidense, recordó, se han adoptado medidas que eliminan programas de equidad de género, diversidad e inclusión en el ámbito federal, revirtiendo avances que llevaban décadas en vigor.
Entre ellas, destacó la eliminación de oficinas y programas de igualdad en organismos públicos, la restricción del acceso a espacios de un solo sexo en función de la identidad de género y la supresión de la obligación de los contratistas federales de aplicar planes de acción afirmativa o discriminación positiva. Estas medidas ya han tenido un impacto directo en el sector privado, con grandes multinacionales como Goldman Sachs, Amazon, PepsiCo, Paramount, Bank of America, BlackRock, Citigroup, Morgan Stanley, Disney o Google eliminando o modificando sus políticas de igualdad.
En este contexto, Mínguez subrayó el conflicto que estas decisiones pueden generar para las filiales europeas de multinacionales estadounidenses, dado que están sujetas simultáneamente a la legislación de la Unión Europea y a la normativa impuesta desde Estados Unidos. Explicó que la legislación americana tiene carácter extraterritorial siempre que exista un punto de conexión con Estados Unidos, lo que pondría a estas empresas en la tesitura de elegir entre cumplir la normativa europea o alinearse con las restricciones impuestas desde Washington. Además, advirtió sobre la reciente instrucción de la Casa Blanca a sus embajadas, exigiendo que certifiquen que sus proveedores locales no cumplen con políticas de diversidad, igualdad e inclusión.
Por todo ello, Mínguez instó a reforzar la exigencia de transparencia en materia de responsabilidad social corporativa, asegurando que los estándares europeos no sean erosionados por presiones externas.
Además, respecto a la reciente propuesta de la Comisión para simplificar las normas sobre sostenibilidad e inversiones de la UE, con el objetivo de impulsar la competitividad, Teresa Míguez aboga por adoptar medidas específicas respecto a las filiales europeas de compañías estadounidenses, de manera que la simplificación de las obligaciones de reporte no suponga un instrumento facilitador del incumplimiento de las normas relativas a igualdad, diversidad e inclusión por parte de esta. Igualmente, aboga por la creación de canales específicos de comunicación y de asistencia para resolver el conflicto de jurisdicción en esta materia.