El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha dado un paso decisivo en su compromiso con la defensa de la profesión promoviendo la calidad y excelencia en la contratación pública de servicios jurídicos. La Junta de Gobierno del ICAM ha anunciado hoy la puesta en marcha de una ambiciosa iniciativa para modificar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el objetivo de que la adjudicación de servicios jurídicos no dependa exclusivamente del precio, sino que valore criterios de calidad, especialización y trayectoria profesional.
La propuesta, promovida desde el ICAM por la diputada responsable de Relaciones Institucionales, Roberta Poza, -y desarrollada por Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo del ICAM- responde al compromiso adquirido en la Medida 9 del Programa de Gobierno de la Junta, que defiende la consideración de los servicios de la abogacía como servicios de carácter intelectual, a fin de evitar que su contratación en el sector público se rija únicamente por el criterio económico.
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado la importancia de esta iniciativa: “No podemos permitir que los servicios jurídicos se reduzcan a una simple subasta. La calidad, la especialización y la experiencia deben valorarse en la contratación pública, como ya sucede con otras profesiones. La abogacía es una pieza clave del Estado de derecho y su ejercicio en el ámbito público debe regirse por criterios de excelencia profesional. Es una reforma inaplazable”.
Por su parte, Roberta Poza ha destacado que esta reforma busca adecuar la normativa española, en lo que se refiere a la abogacía, a los principios generales de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo que ya reconoce la importancia de evaluar la calidad en la contratación de servicios intelectuales y se aplica a profesionales como los arquitectos. “La normativa actual ha impuesto un modelo de contratación de servicios jurídicos basado casi exclusivamente en un criterio: el precio. Este enfoque relega a un segundo plano la calidad y la especialización, elementos esenciales en nuestra profesión. El resultado es un sistema ineficaz y perjudicial, tanto para la Administración como para los ciudadanos que dependen de una asistencia jurídica de excelencia. Desde el ICAM trabajaremos sin descanso para lograr una contratación pública basada en la profesionalidad y el rigor, y no en una simple subasta de honorarios “, ha asegurado.
El ICAM presentará en las próximas semanas una enmienda en el Congreso de los Diputados para garantizar que la contratación pública de servicios jurídicos se rija por principios de calidad y profesionalidad.
Además de la presentación de la enmienda legislativa, el ICAM ha puesto en marcha una estrategia de acción que incluye reuniones con representantes institucionales, grupos parlamentarios y organismos reguladores, con el fin de generar el consenso necesario para la aprobación de esta reforma.
Alberto Dorrego, quien lidera el trabajo de redacción de esta enmienda, ha remarcado la trascendencia de esta iniciativa: “El marco normativo actual ha convertido la contratación pública de servicios jurídicos en un proceso en el que prima el precio sobre la calidad. Esto no solo perjudica a la abogacía, sino también a la propia Administración y a la ciudadanía, que necesita asesoramiento jurídico especializado y de excelencia. Con esta reforma, queremos corregir esta disfunción y asegurar que los servicios jurídicos sean tratados como lo que realmente son: un servicio intelectual que requiere un alto grado de conocimiento y experiencia”.