El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha alertado esta mañana del impacto en los plazos de los procedimientos judiciales como consecuencia de la decisión del Ministerio de Justicia de denegar uno de cada tres refuerzos que habían solicitado los juzgados madrileños.
Así, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Departamento de Pilar Llop, ha procedido a rechazar, “por razones de disponibilidad presupuestaria”, 8 de las 28 solicitudes referidas a sedes judiciales madrileñas, del conjunto de peticiones cursadas el pasado mes de abril del Consejo General del Poder Judicial para la aprobación de diversas medidas de refuerzo. La decisión fue comunicada a los órganos judiciales el pasado día 16 de junio.
“Que desaparezcan los refuerzos que mayoritariamente tenían los juzgados, en el caso de Madrid, nos conduce a una situación de auténtico colapso en la Audiencia Provincial, especialmente en Familia y Condiciones Generales de la Contratación. Tras la acumulación de procedimientos por la pandemia, y meses de parálisis a causa de los conflictos laborales en cadena, esta decisión es un desastre: nos conduce a una situación de auténtico colapso en Madrid. Esto puede ser la puntilla para muchos despachos en una situación ya difícil de sostener”, denuncia Eugenio Ribón, Decano de la abogacía madrileña.
Las denegaciones acordadas por el Ministerio de Justicia, además, tendrán impacto en sedes judiciales en las que se tramitan un gran volumen de expedientes, como las Secciones 19, 21, 28 bis.
La vicedecana, Isabel Winkels, anticipa el impacto en la tramitación de los procedimientos de Familia: “De un año pasaremos a tres”. En este ámbito, Justicia ha denegado, entre otros, el refuerzo solicitado para los Juzgados de lo Penal nº 34 y 36 de Madrid, especializados en materia de Violencia sobre la Mujer, o para la sección 22ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos relativos al derecho de Familia y a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
“De los cinco magistrados titulares en la sección 22ª, hay tres que están de baja, otros dos sin relevación de funciones con un límite de 12 ponencias mensuales cada uno, y una magistrada a tiempo completo en comisión de servicios con relevación de funciones. Con el cese de esta magistrada se dejan de señalar 30 asuntos mensuales”, ha explicado la vicedecana. Solo en el mes de julio, ha puntualizado Winkels, “esta magistrada tenía señalados 28 votaciones y fallos (asuntos que quedan sin resolver) y 10 audiencias a discapaces y menores. Eso implica 38 familias afectadas”.
“Esta Sección ya tenía 1.115 asuntos pendientes a fecha de 31 de marzo, a los que hay que añadir los 280 asuntos que hubiese resuelto el refuerzo que han suprimido”, ha resaltado.
Ya el pasado mes de marzo, tras el fin de la huelga de los LAJ que se saldó con un 35% de suspensiones, el ICAM reclamó “medios extraordinarios para reactivar la Justicia”.
“Nos encontramos con que no solo no se han asignado estos refuerzos que venimos reclamando para recuperar la normalidad en la Administración de Justicia, sino que, al contrario, se suprimen. La irresponsabilidad no puede ser mayor”, denuncia Ribón.
Impacto de un mes de huelga de funcionarios
El contexto en el que se producen estas denegaciones de los refuerzos es, además, el de un conflicto abierto con los funcionarios de Justicia.
Según datos actualizados a fecha de ayer, 26 de junio, por el ICAM, la huelga de funcionarios que el día 22 ha cumplido un mes, acumula un total de 4.702 procedimientos suspendidos, lo que representa de media casi el 20% de los señalados.
En los juzgados de Plaza de Castilla las suspensiones han afectado al 51,5% de los señalamientos.
Defensa de la Abogacía ICAM
Desde el inicio de la huelga, el departamento de Defensa de la Abogacía ICAM ha recibido un total de 148 incidencias de compañeros/as, que no han sido avisados de la suspensión de sus actos judiciales (136), o que les han denegado el acceso a las actuaciones (12).
Todas las incidencias están registradas y tramitadas por parte del departamento, facilitando a los compañeros/as toda la información pertinente relativa a la huelga.
El Decano del insta a trasladar al Colegio cualquier tipo de incidencia que afecte al ejercicio de la profesión.
Deterioro del Estado de Derecho y legislatura perdida
A este balance se añade el del deterioro del Estado de Derecho, patente con la reciente condena a España por parte del TEDH por el bloqueo del Poder Judicial, acordando que se produjo una vulneración del derecho a la tutela judicial de seis aspirantes al órgano de gobierno de los jueces.
“Acaba ahora, en el ámbito de la Administración estatal, una legislatura, a nuestro juicio, en gran medida, perdida. No hemos logrado avanzar en eficiencia procesal, no se ha avanzado apenas (salvo la pausa navideña, tan demandada) en conciliación, y no se ha avanzado en lograr reformas urgentes como las que reclama el turno de oficio”, señala Ribón.
“La Justicia es uno de los tres poderes del Estado y su situación requiere una acción decidida abrir vías de interlocución de forma urgente, que esperamos que se logren en la próxima legislatura. Desde el ICAM venimos pidiendo altura de miras para lograr un Pacto de Estado que asegure su funcionamiento y devuelva la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Esperamos encontrar este compromiso en los programas electorales de cara a los próximos comicios de julio”, ha concluido el decano de la Abogacía madrileña.