El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha expresado hoy su profunda satisfacción por la aceptación del Ministerio de Justicia de la recomendación del Defensor del Pueblo sobre modificación de los umbrales de renta para el acceso a la asistencia jurídica gratuita. Esta decisión viene tras la recomendación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a raíz de las persistentes acciones de queja de ALTODO y en línea con las propuestas de enmiendas presentadas por el ICAM al proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa que ahora se tramita en el Congreso.
Antecedentes
Desde 2018, la asociación ALTODO ha advertido sobre la desconexión entre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha aumentado un 54% desde entonces, alcanzando los 15.876 euros anuales en 2024, y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que ha permanecido desactualizado. Esta disparidad ha generado una exclusión significativa, afectando a más de dos millones y medio de personas en España, que a pesar de su vulnerabilidad económica, quedan excluidas del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
El Ministerio de Justicia ha reconocido hoy la necesidad de ajustar estos umbrales para reflejar las realidades económicas actuales y asegurar un acceso equitativo a la justicia gratuita.
“Esta reforma es fundamental para rectificar una situación que está afectando a la accesibilidad a la justicia ya que nos encontramos con que, cada vez más, se está restringiendo el derecho de acceso a la Justicia a personas con pocos recursos económicos”, explica Juan Manuel Mayllo, Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM y expresidente de ALTODO.
“Además, la falta de acceso a la justicia gratuita conlleva graves consecuencias socioeconómicas, al obstaculiza su capacidad para obtener resoluciones justas en litigios. Esta reforma legislativa no solo es una victoria en términos de equidad legal, sino un paso adelante hacia la igualdad social y la justicia para todos”, añade Mayllo.
El ICAM agradece a ALTODO y al Defensor del Pueblo su labor promoviendo estas modificaciones necesarias y reitera su compromiso con la defensa de los derechos de acceso a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica.