La Sección de Derecho Administrativo del ICAM organizó ayer una jornada para analizar la financiación de las infraestructuras públicas, desde el pago por uso hasta la colaboración público-privada.
La sesión, que fue inaugurada por el presidente Alberto Dorrego, contó con la participación de Rafael Catalá, Ex Ministro de Justicia y Ex Secretario de Estado de infraestructuras; Miguel Marín Cózar, Socio Director de AEI; Fabio Pascua Mateo, Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM y Letrado de las Cortes Generales; Juan Alfaro, Socio de Deloitte y especialista en Infraestructuras, Transportes y Movilidad; Francesc Sibina Burón, Presidente de CCIES y Marta Díaz, Legal Counsel BayWa r.e. Projects España.
La reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permitirá a España acceder a un nuevo paquete de los fondos «Next Generation» por importe de 95.000 millones, plantea entre sus novedades la eliminación del objetivo de implantar un modelo estable de pago por uso en las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado.
Como explicó el presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, Alberto Dorrego, con esta decisión se reabre el debate sobre la financiación de las infraestructuras en España y la utilización de fórmulas de Colaboración Público-Privada (CCP), no solo para el desarrollo de nuevos proyectos y soluciones de movilidad, sino para la modernización y transformación de las infraestructuras existentes.
“Hay que hacer un debate racional y responsable sobre la cuestión de la financiación de las infraestructuras. Hay que decidir cuál es el modelo de gestión que presenta mayores ventajas, si uno de gestión directa o uno de gestión indirecta, y en ese debate es muy importante lo que está haciendo el ICAM con esta jornada, que es tratar de poner encima de la mesa las opiniones de todos los sectores afectados”, aseguró Dorrego.
Por su parte, el Ministro de Justicia y Ex Secretario de Estado de infraestructuras, Rafael Catalá, aseguró que el debate que plantea la Sección de Derecho Administrativo tiene implicaciones jurídicas pero también económicas, políticas y sociales ya que se plantea la paradoja de que “mayor parte de las infraestructuras hoy en día las financia el usuario que viaja en tren, que carga en puertos, o que viaja en avión, sin embargo, las carreteras las pagamos con impuestos”. Para Catalá, las infraestructuras de España suponen “un activo que es patrimonio y propiedad de todos” pero cuya conservación plantea un alto coste que puede recaer sobre los impuestos o sobre los propios usuarios.
El resto de ponentes debatió sobre estas cuestiones, planteando las ventajas e inconvenientes de la financiación pública, privada o del modelo mixto y sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo de financiación que garantice la seguridad jurídica.