Ante el anuncio por parte de los representantes sindicales de los funcionarios de Justicia de realizar una huelga indefinida a partir del lunes 22 de mayo, el Colegio de la Abogacía de Madrid denuncia la indefensión que sufren no solo los profesionales de este colectivo sino la ciudadanía en general.
Tras conocer la nueva convocatoria, el decano Eugenio Ribón ha emplazado nuevamente al Ministerio de Justicia a impulsar de manera urgente un Pacto de Estado que ponga fin a una situación “inadmisible para la sociedad e insostenible para los profesionales”. En el día de ayer, ha informado Ribón, “la concatenación de huelgas provocaron en Madrid la suspensión del 37% de las vistas”, según los datos recogidos por la corporación madrileña a través de las salas Abogacía desplegadas por los distintos juzgados y tribunales.
Para el Diputado del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía, Javier Mata, la indefensión “es máxima” ante el efecto acumulativo de estos paros. “La solicitud por parte de los funcionarios integrantes de la Administración de Justicia, a través del ejercicio del derecho de huelga, de una mejora en sus condiciones económicas y laborales, está causando un gravísimo perjuicio a los ciudadanos y a los profesionales de la que no se podrán resarcir”, ha señalado.
Respecto a la ciudadanía, “la afectación está siendo muy profunda, no solo por la suspensión de vistas y comparecencias sino también por la paralización de todo tipo de trámites que afectan, de modo directo e inmediato, a sus derechos personales y económicos”. Esta situación, dilatada en el tiempo, “está produciendo a los ciudadanos usuarios del servicio un perjuicio de unas proporciones inmensas”, ha alertado Mata.
Y para los profesionales que trabajan en el entorno de los juzgados y tribunales, la paralización de los procedimientos judiciales supone un grave riesgo de disminuir o paralizar su actividad y, por tanto, de reducir sustancialmente sus ingresos o, incluso, verse privados de ellos. “Si el proceso se paraliza, los ingresos no se producen. Sin embargo, deben seguir soportando los gastos de estructura de los despachos profesionales”, ha recordado.
Por todo ello, “desde la Abogacía elevamos nuestra máxima protesta por ser víctimas cualificadas de esta situación y volvemos de nuevo a exigir un Pacto de Estado por la Justicia inmediato. Exigimos que las partes implicadas no se levanten de la mesa de negociación hasta que se alcance un acuerdo. Exigimos respeto a la función de los profesionales de la justicia y a los ciudadanos usuarios del servicio público”, ha concluido en nombre del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Datos ICAM sobre el impacto de la huelga
Según los datos recogidos por el Colegio de la Abogacía de Madrid, la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia afectó ayer en Madrid al 37% de los señalamientos. Los juzgados de primera instancia Poeta Joan Maragall, con un 97% de suspensiones, y los de Plaza de Castilla, con 145 vistas suspendidas de las 210 programadas (69%), fueron los órganos más afectados en la capital.
Por partidos judiciales, el mayor impacto lo ha sufrido Colmenar Viejo, con el 100% de suspensiones, seguido de Alcorcón (60%), Fuenlabrada (52%) y Madrid (42%).