El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha estado representado en la sesión solemne de ingreso de Manuel Marchena Gómez como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Al acto asistieron el Decano, Eugenio Ribón, la Vicedecana, Isabel Winkels, y la Diputada de la Junta de Gobierno, Roberta Poza, junto a numerosas autoridades del ámbito jurídico e institucional.
La ceremonia, celebrada en el salón de plenos de la Academia, congregó a destacados representantes del poder judicial, académico y profesional, reflejo de la relevancia del ingreso de Marchena en una de las instituciones jurídicas más prestigiosas del país.
En su intervención, centrada en el impacto de la tecnología en el proceso penal, Marchena abordó los desafíos que plantea la incorporación de datos electrónicos a la investigación judicial. El magistrado subrayó la necesidad de adaptar las herramientas procesales a la realidad digital, al tiempo que advirtió de los riesgos de una utilización desproporcionada de los avances tecnológicos que pueda comprometer derechos fundamentales como la intimidad.
Durante su exposición, analizó cuestiones como el uso de drones en investigaciones penales, la obtención de direcciones IP o la utilización de dispositivos de captación de datos, poniendo de relieve las lagunas normativas existentes y la necesidad de una regulación más precisa y coherente. Asimismo, planteó una reflexión crítica sobre la vigencia de un modelo procesal concebido en el siglo XIX frente a las nuevas formas de delincuencia del siglo XXI.
El discurso de contestación corrió a cargo del también académico y ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, quien destacó la brillante trayectoria profesional de Marchena y su compromiso con los valores del Estado de Derecho, así como la relevancia de su aportación al debate jurídico contemporáneo.
La presencia institucional del ICAM en este acto reafirma el compromiso de la abogacía madrileña con los grandes foros de reflexión jurídica y con el impulso de un Derecho adaptado a los retos de una sociedad en constante transformación tecnológica.