El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid se ha reunido este lunes con los portavoces del Partido Popular en el Congreso y el Senado, María Jesús Moro y Fernando de Rosa, para abordar la situación de la Justicia, las normas que han quedado pendientes con la disolución de las Cortes y las prioridades del Colegio para el avance de la abogacía y la defensa de la profesión.
Así, respecto a los proyectos que estaban en tramitación en el Congreso, Ribón ha expuesto el sentir del Colegio respecto a la Ley de Defensa, la de Eficiencia Digital y la de Eficiencia Procesal. Respecto a esta última, el Decano del ICAM ha manifestado su gran interés en que esta última se tramite de forma urgente en la próxima legislatura al contemplar las reformas necesarias para regular, de forma más precisa, los supuestos en los que un abogado/a puede solicitar la suspensión de un señalamiento en casos de enfermedad propia o de familiares cercanos, así como descansos anuales, permitiendo así el derecho a la conciliación.
En este marco, y dentro de la campaña que el ICAM tiene en marcha para impulsar este derecho, el Eugenio Ribón ha presentado a ambos portavoces el ‘Manifiesto ICAM por la conciliación en la abogacía’ trasladándoles que “el derecho a la conciliación de la abogacía responde a razones de humanidad, justicia y sentido común. El trabajo de los abogados y abogadas no puede impedirles la conciliación que merecen, dedicando tiempo para sí mismos y también a sus familiares cuando más lo necesitan, especialmente en situaciones críticas, como hospitalizaciones, enfermedades graves, nacimientos o defunciones”.
En cuanto a la situación de la Justicia, Eugenio Ribón les ha informado de las graves consecuencias para la abogacía, ciudadanía y empresas de meses de huelgas encadenadas y de la retirada de refuerzos en los juzgados.
Sobre las prioridades para la defensa de la profesión el Decano del ICAM les ha trasladado su preocupación por la inquietud generada por las prestaciones de jubilación de Mutualidad de la Abogacía y les ha pedido su apoyo para una reforma legislativa que permita “regular un tránsito al régimen de la Seguridad Social de los mutualistas que lo soliciten, con atención específica a casos determinados, como los abogados de empresa que han cotizado previamente a la mutualidad para que reconozca la antigüedad de estos años a efectos de la Seguridad Social”.