El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, impartió este martes la conferencia inaugural del Congreso Internacional XVII Jornadas Prof. Meilán Gil de Derecho Administrativo Iberoamericano, que se celebra del 4 al 8 de mayo en el Pazo de Mariñán, en Bergondo, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, bajo el lema “Nuevas tecnologías y derecho administrativo: la encrucijada del siglo XXI”.
En su intervención, titulada “Derecho Administrativo y nuevas tecnologías: Estado de Derecho, separación de poderes y democracia en la Administración algorítmica”, Ribón situó el debate tecnológico en el centro de las garantías constitucionales. “La revolución tecnológica no desplaza el Derecho Administrativo, sino que lo obliga a recuperar su núcleo más exigente”, afirmó ante los asistentes al Congreso.
Organizadas anualmente por la Universidad de A Coruña, dentro del Grupo de Investigación de Derecho Público Global, las Jornadas Profesor Meilán Gil de Derecho Administrativo Iberoamericano se celebran como Congreso Internacional desde 2019 y tienen su origen en las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Administrativo iniciadas en 2008. El encuentro está dirigido a profesionales, licenciados y estudiantes interesados en el Derecho Administrativo Iberoamericano, con especial atención al alumnado iberoamericano vinculado a las ciencias jurídicas y sociales.
Durante su ponencia, el Decano del ICAM subrayó que la digitalización administrativa no puede reducirse a una mera modernización de herramientas o procedimientos. A su juicio, el verdadero reto reside en garantizar que el uso de inteligencia artificial, sistemas automatizados, datos públicos o modelos predictivos no debilite los principios esenciales del Estado de Derecho. “Una decisión pública no es legítima por ser rápida. Lo es si es competente, legal, motivada, proporcionada, impugnable, controlable y respetuosa con los derechos”, señaló.
Ribón alertó especialmente frente al riesgo de que determinadas decisiones públicas queden alojadas en sistemas técnicos opacos. En este sentido, defendió que “la Constitución española no permite una Administración de caja negra” y recordó que la Administración “no puede ocultarse detrás de la máquina, porque la máquina no es titular de potestades”.
El Decano reivindicó también el papel de la Abogacía como garantía institucional frente a los nuevos desafíos tecnológicos. “La abogacía no comparece en este debate como espectadora”, sostuvo, sino como una institución vinculada al derecho de defensa y llamada a asegurar que cualquier persona afectada por una actuación automatizada pueda comprenderla, discutirla y obtener una revisión independiente.
En la misma línea, advirtió de que, si un expediente administrativo se transforma en “un circuito cerrado de datos, puntuaciones y umbrales”, la defensa corre el riesgo de convertirse “en una ceremonia vacía”. Por ello, defendió que el papel de la Abogacía en la era tecnológica “no es resistir la innovación, sino impedir que la innovación degrade las garantías que hacen reconocible a una democracia”.
La intervención de Ribón abordó cuestiones como la transparencia algorítmica, la gobernanza del dato público, la contratación pública tecnológica, la prueba digital, la supervisión humana, el control jurisdiccional y la tutela judicial efectiva en litigios tecnológicos. En este contexto, insistió en que la Administración puede automatizar tareas, pero “no puede automatizar la responsabilidad”.
El Congreso, que este año centra sus trabajos en las nuevas tecnologías y el Derecho Administrativo, reúne a expertos y juristas de distintos ordenamientos iberoamericanos para analizar las cuestiones de mayor actualidad, interés y controversia en torno a la transformación tecnológica de la Administración pública, con el objetivo de generar propuestas para el estudio y la aplicación del Derecho Público y la Buena Administración.
Ribón concluyó su intervención con una llamada a situar la tecnología al servicio de las garantías democráticas: “No queremos una Administración contra la tecnología, ni una tecnología contra el Derecho. Queremos tecnología bajo Derecho, Administración bajo Constitución y democracia bajo el amparo vigilante de instituciones libres”.