- En el arranque del IV Congreso Nacional de Derecho de la Construcción, el Colegio de la Abogacía de Madrid alerta del déficit estructural de vivienda y reclama más seguridad jurídica y agilidad administrativa para aumentar la oferta residencial.
- El ICAM “no debe ser únicamente un lugar para describir problemas, sino un espacio para construir soluciones”, afirma el decano, Eugenio Ribón.
- El encuentro, que se celebra este jueves y viernes en la sede colegial, aborda también el auge de los centros de datos impulsados por la IA, la inversión en infraestructuras, la contratación internacional y las luces y sombras del anteproyecto de Ley de Integridad Pública aplicado al sector de la construcción.
El acceso a la vivienda, la falta de oferta residencial y el creciente desequilibrio entre creación de hogares y construcción de nuevas viviendas centraron este jueves la inauguración del IV Congreso Nacional de Derecho de la Construcción del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), un encuentro que reúne durante dos jornadas a juristas, ingenieros, arquitectos, representantes institucionales y expertos del sector para analizar algunos de los principales retos económicos, regulatorios y tecnológicos vinculados a la construcción y las infraestructuras.
Durante la apertura del congreso, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, advirtió de que España arrastra ya un déficit estructural de vivienda derivado del desfase entre la creación anual de hogares y el ritmo de construcción residencial. “En España se crean al año en torno a 200.000 hogares, pero se construyen aproximadamente 100.000 viviendas”, señaló Ribón, quien alertó de que, de mantenerse esta tendencia, el déficit acumulado podría superar las 800.000 viviendas en 2027.
“El Derecho no coloca ladrillos, pero sí construye —o destruye— certezas: seguridad jurídica, agilidad administrativa, incentivos adecuados y reglas claras para promover un parque de vivienda suficiente y asequible”, afirmó el decano del ICAM, que defendió la necesidad de combinar “ambición y realismo” para aumentar la construcción residencial sin expulsar del sistema “a las clases medias y a los jóvenes”.
Un déficit estructural que amenaza con superar el millón de viviendas
En la misma línea, el presidente de la Sección de Derecho de la Construcción e Ingeniería del ICAM, Francisco García-Ortells, situó la vivienda como “el primer gran problema que tiene la sociedad española”.
El diagnóstico expuesto durante el congreso apunta a una crisis de vivienda marcada por el desequilibrio estructural entre oferta y demanda. Actualmente, España crea en torno a 220.000 hogares al año, mientras que apenas construye unas 100.000 viviendas, lo que genera un déficit anual cercano a las 100.000 unidades residenciales. En términos acumulados, esa brecha podría traducirse en un déficit de unas 800.000 viviendas en 2027 y alcanzar el millón en 2030 si no se acelera el ritmo de construcción.
García-Ortells vinculó además la situación española a una crisis de alcance europeo y recordó que el Parlamento Europeo considera que “el estado de la vivienda en Europa es una crisis estructural generalizada provocada por el gran desajuste que existe entre la oferta y la demanda”.
Según los datos expuestos durante la inauguración, el precio de la vivienda en Europa se ha incrementado más de un 55 % en la última década, mientras que el alquiler ha subido entre un 28 % y un 30 %. Entre los factores que explican esta situación figuran el déficit de construcción, el sobreesfuerzo financiero de los hogares, la emancipación tardía de los jóvenes y la presión del alquiler turístico sobre el mercado residencial tradicional en las grandes ciudades.
En el caso español, la tensión es aún mayor. Durante los últimos 15 años, el precio de la vivienda en compraventa se ha incrementado más de un 70 %, mientras que el alquiler ha crecido entre un 30 % y un 35 %. Además, alrededor del 15 % de las familias españolas destinan más del 70 % de sus ingresos a gastos habitacionales y la edad media de emancipación se sitúa ya en torno a los 30 años.
Otro de los datos destacados durante la apertura del congreso fue la creciente dificultad de acceso a la primera vivienda. Según se expuso durante el encuentro, aproximadamente el 50 % de las hipotecas firmadas en el último año y medio habrían correspondido a inversores, mientras que únicamente un 10 % se habrían destinado a compradores de primera vivienda.
Ante esta situación, el ICAM planteó la necesidad de abordar la vivienda desde una perspectiva jurídica y económica integral, capaz de combinar aumento de oferta, colaboración público-privada, seguridad jurídica, agilidad administrativa y protección de garantías. El congreso dedicará varias mesas redondas a analizar el precio de la vivienda desde dos perspectivas complementarias: los costes de producción y los factores regulatorios, financieros y de mercado que condicionan la oferta residencial.
Seguridad jurídica, colaboración público-privada y nuevas políticas de vivienda
En este contexto, Ribón recordó la reciente aprobación del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el plan anterior, con el objetivo de ampliar el parque residencial asequible y frenar la especulación. También mencionó las medidas impulsadas por la Comunidad de Madrid, entre ellas el Plan de Choque de Vivienda 2026/2027, la consolidación del Plan Vive y la Ley de Medidas Urgentes para impulsar la construcción de 18.000 viviendas protegidas.
Todo ello, señaló el decano del ICAM, plantea importantes interrogantes jurídicos sobre cómo articular fórmulas eficaces de colaboración público-privada, reducir plazos administrativos sin merma de garantías y aportar seguridad jurídica a proyectos residenciales viables y socialmente necesarios.
Ribón alertó asimismo de la situación que atraviesa actualmente la obra civil y el ámbito de las infraestructuras, marcada por la caída de la inversión, las licitaciones desiertas, el incremento de costes y los problemas en las cadenas de suministro. En este contexto, recordó que las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas ascienden a 127.341 millones de euros para la próxima década, según estimaciones de SEOPAN.
Inteligencia artificial, centros de datos e integridad pública
Junto a la vivienda, el encuentro pondrá también el foco en otros desafíos estratégicos para el sector. Entre ellos, el auge de los centros de datos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, un ámbito que movilizará inversiones multimillonarias durante los próximos años y en el que España aspira a consolidarse como uno de los principales polos europeos de atracción de inversión, especialmente en Madrid, Barcelona y Aragón.
Asimismo, el Congreso analizará el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de grandes contratos y proyectos de construcción, incluyendo cuestiones relacionadas con la responsabilidad jurídica, la trazabilidad, la protección de datos, la confidencialidad, los sesgos y la seguridad de la información.
Otro de los ejes centrales será la contratación internacional de construcción, un ámbito cada vez más relevante para las empresas españolas del sector, así como el análisis del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y los mecanismos de prevención de la corrupción en la contratación pública.
“El Congreso no debe ser únicamente un lugar para describir problemas, sino un espacio para construir soluciones”, concluyó el decano del ICAM durante la inauguración del encuentro.