La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, junto con todas y todos los participantes en la VIII Cumbre de Mujeres Juristas, ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19, que ha agravado la situación de desigualdad de la mujer en la sociedad, y desde el convencimiento de su ineludible responsabilidad de contribuir a impulsar los cambios necesarios para erradicar cualquier trato discriminatorio por razón de género, manifiesta:
PRIMERO. – Es imprescindible un planteamiento con perspectiva de género en relación con todos los aspectos importantes de la respuesta a la crisis de la COVID-19. Los poderes públicos deben evaluar de forma exhaustiva las necesidades derivadas de la crisis y sus repercusiones socioeconómicas, y asignar recursos presupuestarios adecuados para satisfacer estas necesidades. Las medidas preparatorias son la mejor manera de mejorar la capacidad de resistencia en todos los ámbitos de cara a futuras crisis.
Las mujeres deben formar parte del proceso de toma de decisiones en la promulgación y el levantamiento de medidas en las crisis, así como en el diseño, la adopción y la aplicación de planes de recuperación, de manera que se tengan completa y debidamente en cuenta sus necesidades y circunstancias específicas.
SEGUNDO. – A pesar de que en el marco del estado de alarma se ha incluido como actividad esencial la atención, protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, colectivo en el que se encuentran las víctimas de trata de seres humanos para explotación sexual, no encuentran amparo en el mismo las víctimas de otras formas de explotación. La atención a víctimas de explotación laboral, para la mendicidad, o para la comisión de delitos, no está cubierta por ninguna de las medidas excepcionales establecidas en el estado de alarma. Es necesario que se habiliten los medios para lograr una efectiva protección de las víctimas de trata, cuyas especiales circunstancias las convierten en objetivo idóneo para la enfermedad y para la exclusión de las medidas sanitarias, sociales y económicas imprescindibles para superar la crisis, transitando hacia un modelo que ponga en valor su dignidad y experiencia.
TERCERO. – La desigualdad de género es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Las mujeres y las niñas se convierten en arma de guerra en situaciones de conflictos armados; las consecuencias de la vulneración de sus derechos humanos y de la violencia sexual a la que son sometidas tienen efectos duraderos más allá del conflicto y destruye una sociedad durante generaciones, por lo que debe introducirse de forma efectiva la perspectiva de género en la definición de las medidas concretas de reparación y recuperación de las víctimas de conflicto. La participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones en relación con la prevención, gestión y solución de conflictos, mejora la confianza de las sociedades y aumenta la probabilidad de que los procesos de paz acaben en éxito y de que la paz sea sostenible a largo plazo.
CUARTO. – La crisis sanitaria ha golpeado de forma especialmente dura a las mujeres. Están más expuestas a la enfermedad al tener trabajos en sectores altamente feminizados considerados esenciales durante la pandemia, asumiendo una sobrecarga de trabajo que ha desembocado muchas veces en la desatención a la familia con fuertes consecuencias psicológicas. En términos globales la mujer tiene una tasa de desempleo superior, empleos más precarios, pensiones inferiores, y mayor dificultad para reincorporarse al mercado laboral. El impacto en las mujeres de la crisis política y social generada por la pandemia no puede ser ignorado y las políticas públicas en materia de igualdad no pueden ser canceladas porque esta crisis tendrá el efecto de profundizar la desigualdad.
QUINTO. – La justicia en materia de violencia de género se ha visto especialmente sacudida y afectada con motivo de la pandemia durante el confinamiento impuesto por el estado de alarma. Muchas víctimas no han sido identificadas como tal por los centros de salud debido a la sobresaturación por los casos de COVID, lo que ha provocado que muchas situaciones de violencia no hayan sido denunciadas. Todos los Juzgados de violencia de género deberían contar con los mismos medios para la atención de las víctimas.
SEXTO. – Las mujeres están expuestas a la inseguridad financiera. En tiempos de crisis se incrementa la tasa de mujeres que pasan a trabajar a tiempo parcial y el de las mujeres que dejan su trabajo para cuidado de niños, mayores y enfermos. En el contexto de abordar la crisis económica, debe garantizarse que las medidas que se adopten presten atención a las mujeres y, en particular, a las que ocupan posiciones más vulnerables cuya situación se ha visto especialmente agravada.
SÉPTIMO. – Las mujeres y niñas migrantes están expuestas al tráfico de seres humanos, a la explotación sexual, a los matrimonios forzados, a la precariedad laboral y a sufrir racismo, xenofobia y otras formas de discriminación y violencia basadas en el género. Se produce una triple discriminación por etnia, clase social y género que da como resultado la subordinación de las mujeres inmigrantes en términos ocupacionales y ético-culturales. La marginación social de la mujer inmigrante implica su invisibilidad, tanto en el ámbito laboral – por el tipo de trabajo que realizan y por las condiciones laborales que aceptan -, como en el ámbito socio-político – no se les toma en consideración como actores sociales o agentes de decisión o participación en la vida pública -. Reflexionar sobre estas realidades incómodas es indispensable para el restablecimiento de la igualdad y los derechos en todos los ámbitos.
OCTAVO. – El derecho es una herramienta de cambio democrático. La defensa de los derechos de las mujeres es la defensa de los derechos de la sociedad. La igualdad nos hace avanzar, por lo que es necesario un cambio en el paradigma del liderazgo para que se convierta no en un liderazgo femenino sino feminista, ejercido tanto por hombres como por mujeres. Las mujeres y hombres juristas no debemos perder la perspectiva de género para que la justicia refleje la verdadera sociedad en que vivimos.
Madrid, 30 de octubre de 2020