Desde el Colegio de Abogados de Madrid se asiste con honda preocupación a la reciente aprobación de la denominada “Ley Mordaza”, que entra en vigor a partir de mañana, 1 de julio, junto con el nuevo Código Penal. Estas reformas se suman al camino iniciado con la aprobación, el pasado año, de la Ley de Seguridad Privada.
Consideramos que estas reformas legales conllevan un recorte en las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía, criminalizando la protesta social en un contexto de grave crisis económica, política e institucional, y que suponen una grave merma en el control jurisdiccional, ante los procesos administrativos que ahora sancionan determinadas conductas con multas de cantidades económicas desproporcionadas.
Asimismo, se conculcan de manera evidente los derechos de colectivos vulnerables, como en el caso de las llamadas “devoluciones en caliente” de los migrantes que tratan de entrar en España, sin garantías suficientes para las personas que pueden encontrarse en situaciones muy concretas (menores no acompañados, refugiados, etc.) en contra del ordenamiento europeo y los convenios internacionales suscritos por España.
También resultan preocupantes estas reformas en lo relativo a los derechos de libertad de expresión e información, como han denunciado numerosos colectivos sociales y profesionales, por cuanto se limitan los mismos de manera arbitraria e injustificada, utilizando conceptos jurídicos indeterminados que dejan espacio a la impunidad del uso excesivo e ilegítimo de la fuerza por parte de la policía y cuerpos de seguridad.