Comunicado institucional sobre la crisis migratoria

Desde el Colegio de Abogados de Madrid expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de todas las personas migrantes que en estas últimas semanas están entrando, recorriendo y asentándose en los países europeos, en situación de extrema necesidad.

Al igual que ocurre en la frontera española de las ciudades de Ceuta y Melilla, y como se viene denunciando reiteradamente, existen en estos escenarios graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de muchas de estas personas, que conculcan la normativa nacional y comunitaria, así como de los instrumentos internacionales suscritos por los países comunitarios.

Desde el respeto a estos preceptos de obligado cumplimiento y desde el mínimo ético exigible en unas sociedades que pretendemos “desarrolladas”, es imperativo que los poderes públicos, de manera inmediata y urgente, impulsen políticas comprometidas con el respeto de estos derechos.

No se trata de solidaridad voluntarista con las víctimas de situaciones dramáticas, sino del estricto cumplimiento de nuestras normas, que no son sino expresión de los valores que han impulsado la existencia de nuestras democracias y de  la construcción de la identidad y las instituciones europeas.

Por todos estos motivos, reafirmamos nuestra voluntad de trabajar desde la abogacía en la defensa de los derechos y libertades de las personas migrantes, exigiendo el respeto y  la promoción de estos principios éticos. Todos tenemos la obligación de construir “ciudadanía”, y para ello es imprescindible el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.

Denunciar a los responsables políticos de  instituciones y estados que realizan declaraciones y acciones racistas y xenófobas, y trabajar en conjunto con la sociedad civil junto a estas personas es nuestra obligación profesional y cívica.

Nos ponemos por tanto a disposición de las autoridades competentes para establecer los mecanismos necesarios, para la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita que resulten necesarios, y que puedan contribuir a garantizar el respeto a los derechos y libertades de todas estas personas.

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