Ante el anuncio de la ruptura de las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la administración, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid  se ha desplazado a la concentración convocada por los letrados judiciales en Plaza de Castilla para “conocer de primera mano cual es el estado real de las negociaciones, ante la falta de comunicaciones también por parte del Ministerio de Justicia, y trasladarles la honda preocupación creciente que tiene no solo el colectivo de la abogacía sino la sociedad en su conjunto, con miles de procedimientos suspendidos, con miles de millones de euros paralizados en las cuentas de consignación e instalándoles a ambas partes a una solución inmediata del conflicto que la sociedad madrileña y española no merece ni puede tolerar por más tiempo”.

Al mismo tiempo, y con el máximo respeto al ejercicio del derecho fundamental de huelga, como no puede ser de otro modo, Eugenio Ribón ha instado a los letrados de la administración de justicia a comunicar previamente, en todos aquellos casos que resulte posible, las previsibles suspensiones de cualquier tipo de acto procesal que no vaya a tener lugar por razón de la huelga convocada. “Hay que ser muy conscientes de que esta huelga también  tiene un efecto perverso, con miles de profesionales y ciudadanos que, de conocer la previsible suspensión, hubieran evitado esos  desplazamientos y esos gastos que conllevan,  tan elevados en muchísimas ocasiones.”

Por todo ello, el decano considera que “han de realizarse todos los esfuerzos posibles para tratar de conciliar el legitimo derecho del ejercicio de huelga con la evitación  de perjuicios absolutamente innecesarios para la ciudadanía y los profesionales en aquellos casos en que resulte claramente previsible la suspensión de cualquier tipo de acto procesal, evitando con ello innecesarios desplazamientos y engorrosos gastos a cualquier parte implicada”.

Según los últimos datos facilitados por el CGPJ, desde el inicio de la huelga, teniendo en cuenta su impacto en los pagos judiciales, se habrían paralizado cerca de 1.286 millones de euros en toda España y unos 295 millones en Madrid.