El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid discrepa y se opone a la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por no considerarla ajustada a derecho. Es intención de la Junta de Gobierno recurrir la resolución judicialmente.
La exigencia del requisito de tener despacho profesional abierto -en el ámbito territorial- al letrado que quiera prestar servicios en el Turno de Oficio, obedece no solo a una exigencia normativa, sino también a una necesidad organizativa para la mejor operatividad del servicio público y, con ello, de los derechos de los ciudadanos.
Es de significar que el pronunciamiento no ha sido unánime, toda vez que la resolución incluye un voto particular cuyos argumentos esta Corporación comparte plenamente. Entendemos que la jurisprudencia nacional y europea avala la proporcionalidad y necesidad de medidas en pro del interés general, preocupación por la que este Colegio seguirá velando en garantía de la mayor y mejor efectividad en la prestación del servicio.