- “Los abogados tenemos que estar junto a las víctimas de acoso en las redes y luchar contra este tipo de delitos”, declaró el diputado Juan Gonzalo Ospina
El pasado día 12 de septiembre, en el Colegio, tuvo lugar una jornada organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA) dedicada a los “Delitos cometidos a través de las redes sociales: Aspectos penales, de investigación y procesales”. Para ello, contó con una mesa de expertos compuesta por Escarlata Gutiérrez, fiscal de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real adjunta a la sección especializada contra la Criminalidad Informática; Sara García, abogada penalista en TQAbogados y presidenta de Stophaters; y Damián Fuentes, director general de Safe Creative.
El vocal de AJA, Álvaro Escudero, intervino como moderador del evento, y la presentación corrió a cargo del diputado de la Junta de Gobierno Juan Gonzalo Ospina. También estuvo presente el presidente de AJA, Alberto Cabello, que dirigió unas palabras de bienvenida a los asistentes reiterando que su deseo es lograr “un Colegio que esté junto al colegiado”.
Ospina, por su parte, celebró la trayectoria de AJA, enfocada en tres pilares: “la formación, la promoción del networking entre los asociados, y la reivindicación de mejoras en el ejercicio derecho de de defensa”, a la vez que recordó la importancia de la abogacía a la hora de apoyar a las víctimas de delitos de bullying y acoso que están en alza gracias a las nuevas tecnologías y la facilidad de anonimato que proporcionan.
Gutiérrez se centró en los aspectos procesales, analizando diversos tipos detrás de los delitos asociados a las redes, un ámbito que, como señaló, afecta enormemente a la sociedad y de forma preocupante en algunos estratos: “El 97% de los adolescentes las usa diariamente”. La fiscal incidió también en la importancia de explicar la red social haciéndola comprensible ante el juez: “No todas funcionan igual, hay muchas, con muchas peculiaridades distintas, y están en constante cambio”.
Aunque en cierta casuística la jurisprudencia “se queda corta”, pues se trata de “cuestiones que están apareciendo ahora, y la norma va por detrás de la realidad social”, tal y como apuntó González, sí resulta unánime en cuanto a que no es exigible a la víctima ninguna conducta activa a la hora de evitar conductas delictivas: “Ni siquiera una mínima diligencia, la víctima no tiene que tolerar ningún tipo de contacto ni intromisión; sobre el que pesa la prohibición es quién debe abstenerse”, remachó la fiscal.
Y es que, como matizó García, el bien jurídico que viene a proteger la tipificación de estas conductas es “la libertad y la seguridad de la víctima”. En este sentido, la abogada señaló, además, cómo en muchas ocasiones se genera un sentimiento de culpa, “especialmente en mujeres, que sienten el haberse dado de alta en una plataforma o haber respondido en una red es lo que ha originado el acoso” y es labor de los abogados acompañarlas y evitar esta situación. García también abogó por la importancia de educar y sensibilizar, tanto a los menores como a los padres: “Si les enseñamos que al otro lado de la pantalla hay una persona de carne y hueso que sufre por lo que se publica no erradicaremos el bullying, pero avanzaremos mucho”, declaró.
La última parte de la jornada estuvo enfocada a cuestiones más prácticas con la intervención de Fuentes, centrada en los métodos de certificación de las distintas pruebas que deben recopilarse en estos delitos. “El principal problema a la hora de obtener las periciales es la volatibilidad del dato”, explicó. Los métodos de investigación y obtención de evidencias, que en ocasiones exigen “una actividad de ingeniería social para identificar a las personas detrás de los perfiles”, se realizan con extremo respeto a los derechos fundamentales. “Toda la información es pública, no se violenta la intimidad de nadie”, manifestó.