El decano del Colegio, José María Alonso, ha intervenido esta tarde en el acto de apertura de la jornada sobre Directivas de la Unión Europea y asistencia letrada al detenido organizada por APROED.
El decano se ha referido en sus palabras a la sentencia del Tribunal Constitucional consecuencia del recurso de amparo interpuesto por el abogado del Turno de Oficio, Antonio Agúndez, por la que se reconoce que la policía deberá informar por escrito a los detenidos de las pruebas que tenga contra ellos. “Cuando me reuní con él el pasado mes de marzo le reconocí lo importante que había resultado su esfuerzo y su pericia como letrado”, ha asegurado el decano.
“Lo que dice el Tribunal Constitucional hoy puede parecer de sentido común en un Estado de derecho que tiene la obligación de dar todas las garantías tanto a las víctimas como a los acusados”, ha asegurado el decano, ya que “los detenidos tenían derecho a conocer qué fuentes de prueba existían contra ellos”.
En la práctica, ha señalado el decano, “los detenidos declaraban ‘a ciegas’ sobre los elementos probatorios que manejaba la Policía”, pero la trascendencia de esta sentencia estriba en que se concreta “qué, cuándo y cómo debe procederse por parte de la Policía a hacer efectivo ese derecho de acceso”: debe ser suministrada por escrito, ha de formalizarse en un documento que ha de ser entregado al detenido y debe dejarse constancia en el atestado de la hora y fecha en la que se ha producido dicha información.
A pesar de ello, tal y como ha señalado José María Alonso, la situación en las comisarías sobre esta cuestión “no está cambiando con la suficiente rapidez”. En este sentido, el decano ha querido subrayar que “las comisarías no pueden ser nunca en un Estado democrático de Derecho puntos negros para los compañeros y las compañeras, para abogados y abogadas en el difícil e imprescindible desempeño en su trabajo”.
Para finalizar, el decano ha aplaudido la celebración de jornadas como la organizada por APROED “en la que se pone sobre la mesa la visión del abogado y la de la policía” y que resultan muy productivas para entender que “no solo los abogados sino la propia sociedad en su conjunto tiene derecho a conocer si se están respetando los derechos que la Constitución y las leyes procesales reconocen a toda persona detenida”.