La que supone la Sección número 25 del Colegio, sobre Medio Ambiente y Energía, se inauguró el pasado día 4 de julio con la presentación por parte de la secretaria de la Junta de Gobierno, Carmen Pérez Andújar, como responsable de la Sección y de su presidente, Santiago Garrido de las Heras.
En sus palabras, Pérez Andújar destacó la importancia de tener una sección dedicada a esta materia. Seguidamente, el presidente expresó su convencimiento de que “no podía faltar una Sección de Medio Ambiente y Energía” y manifestó su deseo de “llegar a acuerdos de colaboración con Universidades y en forma de cátedras, para profundizar en la materia”.
Al acto asistieron como ponentes invitados Antonio Vercher, fiscal general de Medio Ambiente, y Mariano González Sáez, director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
El primero de los expertos en intervenir, Antonio Vercher, agradeció a “la casa” la invitación y dijo que retomar esta materia “ha sido una de las iniciativas más sensatas del Colegio”. Acto seguido, comenzó a hablar de la envergadura de este campo y su trayectoria normativa.
Reseñó el recién publicado Informe de NNUU e Interpol sobre los efectos de la delincuencia ambiental, que estima que las ganancias originadas por este tipo de delitos va al alza y alcanza actualmente entre 91 y 258 mil millones de dólares, así como su incidencia en materia impositiva en forma de pérdidas para los Estados.
Continuó dando un repaso a la normativa desde que se introdujera el delito medioambiental en el año 1983, destacando el “rápido incremento de normas y preceptos que ha experimentado la materia en pocos años y la profunda labor de interpretación que tienen que hacer los Tribunales”. Si bien, apuntó que los Tribunales tardan una media de siete años en resolver, lo que –por otro lado- “denota que se trata de una materia compleja”.
Por último, habló de las reformas del Código Penal de 2003 y del art. 335, de la de 2010 con las Directivas 2008/98/CE y Directiva 2009/128/CE y de la reforma actual de 2015, sobre la que se atrevió a aventurar “traerá problemas”.
Por su parte, el director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, coincidió con el fiscal “cuando decía que los ilícitos medioambientales se han convertido en recursos de la Criminalidad Organizada”, y según dijo, cree que “el Derecho tiene que dar respuesta a un tema multidisciplinar como es lo medioambiental”.
Celebró los acuerdos internacionales alcanzados en la materia como el Acuerdo de París o el Convenio de Basilea, pero según manifestó, “es insuficiente todavía”. Y cargó contra la ineficacia tanto del el Derecho Administrativo como del el Derecho Penal en la materia, pues defendió que “los medios y recursos son limitados y a lo mejor hay que ser más contundentes penalmente”.
Si bien, reconoció que se ha conseguido sensibilizar a las instituciones administrativas, no sin recordar que “la complejidad también viene de la ordenación territorial” en el caso de España, y resaltó que “la UE ahora quiere menos leyes más fáciles de aplicar”.