- El Colegio de la Abogacía de Madrid pone a disposición pública un documento práctico que recoge los pasos esenciales que pueden adoptar las personas afectadas en las primeras horas y días, sus derechos como pasajeros y víctimas, los seguros aplicables, las vías de reclamación y la posibilidad de solicitar asistencia jurídica gratuita.
- La Junta de Gobierno del ICAM traslada su más sentido pésame a las familias de las víctimas, su apoyo a las personas afectadas y su reconocimiento a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid) y su Junta de Gobierno han expresado su más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), así como su apoyo y solidaridad con todas las personas afectadas y su reconocimiento a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno. En señal de duelo y recuerdo a las víctimas, las banderas institucionales del edificio del ICAM ondearán a media asta.
En respuesta a esta situación y con voluntad de ser útil, el ICAM ha elaborado y puesto a disposición pública una guía jurídica rápida destinada a orientar a las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en Andalucía. El objetivo del documento es ofrecer información clara y accesible sobre sus derechos y sobre los primeros pasos que conviene dar desde el punto de vista legal, sin perder de vista que lo prioritario en estas circunstancias sigue siendo la atención médica, el acompañamiento psicológico y el respeto más absoluto hacia las víctimas.
La guía comienza subrayando que lo esencial en las primeras horas tras un accidente de esta magnitud es la atención sanitaria, el seguimiento clínico y, cuando sea necesario, el acompañamiento psicológico. Es tiempo de priorizar el cuidado y el apoyo a las víctimas, sin precipitarse en la toma de decisiones legales. No obstante, conviene desde el primer momento preservar ciertos elementos que pueden ser relevantes más adelante: billetes, justificantes de gasto, posibles testigos o imágenes del lugar. Todo ello facilitará, llegado el momento, el ejercicio de los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento.
Disponible en abierto en la web institucional del Colegio, la guía responde a las dudas más comunes que pueden surgir en este tipo de situaciones: cómo acceder a la historia clínica, qué documentos conviene conservar, qué seguros pueden activarse o qué trámites son necesarios para solicitar una indemnización. También incluye información clave sobre la posibilidad de acceder a la justicia gratuita o sobre cómo personarse en un eventual procedimiento penal.
Derechos del pasajero y del paciente
El marco legal que protege a los viajeros en la Unión Europea es el Reglamento (UE) 2021/782, que obliga a las compañías ferroviarias a proporcionar información, asistencia inmediata y anticipos económicos en caso de fallecimiento o lesiones. En concreto, este reglamento prevé que las empresas realicen “pagos a cuenta” para cubrir las necesidades urgentes, por un importe no inferior a 21.000 euros en los supuestos de muerte, y en un plazo máximo de 15 días desde la identificación de los beneficiarios.
Además, en España todo viajero en transporte público colectivo está cubierto por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), un sistema de indemnización específico regulado por Real Decreto. El SOV fija cuantías mínimas por fallecimiento, invalidez o lesiones, con independencia de otras responsabilidades civiles o contractuales que puedan reclamarse de forma adicional.
Responsabilidad civil e indemnización completa
Una de las claves del documento es aclarar que la cobertura del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) no impide reclamar una indemnización adicional por responsabilidad civil. Para ello, es necesario que dicha responsabilidad quede acreditada en el correspondiente procedimiento penal o civil. La guía detalla los supuestos en los que puede exigirse una reparación integral de los daños sufridos —incluyendo gastos médicos, perjuicios económicos, daño moral, gastos funerarios o de traslado— cuando se haya producido una actuación negligente o culposa por parte de un tercero.
En cuanto a los plazos, se recuerda que la acción para reclamar por responsabilidad extracontractual prescribe al año desde que el perjudicado tiene conocimiento del daño y del responsable. Si se trata de una responsabilidad contractual, el plazo será de cinco años. En ambos casos, ese mismo plazo es el que rige para reclamar a la entidad aseguradora. Para las personas lesionadas, el cómputo del plazo se inicia, por regla general, en la fecha del alta médica. La guía insiste, además, en no firmar renuncias ni acuerdos sin comprensión plena de su alcance y sin supervisión jurídica especializada.
Posibilidad de asistencia jurídica gratuita
El documento pone especial énfasis en los mecanismos de acceso a la justicia para quienes se vean imposibilitados de asumir los costes de una defensa técnica. La justicia gratuita cubre el asesoramiento previo, la representación por letrado y procurador, así como las tasas y costas del proceso si se cumplen los requisitos legales de capacidad económica.
En este sentido, el Servicio de Orientación Jurídica del ICAM puede ser el punto de entrada natural para las personas afectadas con domicilio en Madrid o que vayan a tramitar su defensa desde la Comunidad. En el caso de afectados residentes en Andalucía, se señala que lo habitual será que la solicitud se tramite desde el Colegio de la Abogacía competente en el territorio donde se instruya el procedimiento.
Revisión de seguros personales y precauciones adicionales
Además del SOV y la eventual responsabilidad del operador ferroviario, la guía recomienda revisar si se cuenta con otros seguros paralelos que puedan activarse: pólizas de accidentes o vida personales, coberturas de viaje contratadas al adquirir el billete, seguros asociados a tarjetas de crédito o seguros de hogar con defensa jurídica. En muchos casos, estos productos pueden incluir compensaciones económicas o asistencia técnica que pueden activarse si se cumplen las condiciones de la póliza.
El ICAM subraya, en cualquier caso, que este tipo de revisión debe hacerse con calma, sin precipitar decisiones, y evitando firmar cualquier documento de renuncia o indemnización sin haber recibido asesoramiento legal. La guía ofrece pautas para identificar estos seguros y los documentos mínimos necesarios para activar sus coberturas.
Acceso a la guía
La “Guía jurídica rápida del ICAM para afectados del accidente ferroviario de Andalucía” está disponible en formato digital y puede descargarse gratuitamente desde la página web oficial del ICAM.
Este documento forma parte de la serie Claves jurídicas de la actualidad, una iniciativa del ICAM destinada a ofrecer orientación jurídica útil a la ciudadanía ante situaciones de especial impacto social, y que puede servir también como herramienta de referencia para los medios de comunicación en la elaboración de sus informaciones.
Servicio de Orientación Jurídica del ICAM
Para asesoramiento personalizado: 900 814 815