El Colegio de la Abogacía de Madrid ha solicitado la intervención urgente del Ministerio de Justicia para unificar los criterios interpretativos sobre los requisitos de procedibilidad establecidos en la nueva Ley 1/2025.
En una carta remitida este viernes al ministro Félix Bolaños, la institución madrileña advierte de que la reciente entrada en vigor de dicha norma, que introduce la obligación de intentar mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales, está generando una disparidad de criterios sin precedentes. Juzgados de distintos puntos del país y agrupaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) están interpretando de forma desigual estos requisitos previos, lo que deriva en confusión e inseguridad jurídica.
Esta diversidad interpretativa afecta a aspectos clave del proceso judicial. Entre ellos figuran la obligatoriedad o no de recurrir a un MASC según el tipo de procedimiento, la forma de acreditar ante el juzgado el intento de conciliación o mediación previos, el tratamiento de las medidas provisionales o cautelares solicitadas antes de completar ese trámite, o el alcance de las subsanaciones procesales cuando no se ha cumplido con dicho requisito.
Según el ICAM, nunca antes se había dado tal variedad de enfoques para aplicar una misma ley procesal, lo que está generando incertidumbre tanto en profesionales como en ciudadanos. “La norma está mal redactada, y prueba de ello es que tenemos cuadros con criterios divergentes de jueces y LAJs de toda España, incluso dentro de los mismos partidos judiciales”, lamenta Juan Manuel Mayllo, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Justicia Gratuita.
En apenas unos días desde su entrada en vigor, la ley no solo no ha resuelto los problemas que pretendía abordar, sino que está contribuyendo a incrementar la inseguridad jurídica, asegura Mayllo: “La imposición obligatoria de estos medios cercena el acceso a la justicia. No se ha legislado para resolver mejor los conflictos ciudadanos, sino para contener el colapso judicial impidiendo el acceso”.
Hasta el momento, recuerda Mayllo, distintos órganos judiciales y colectivos de LAJs han difundido sus propios criterios interpretativos en relación con la Ley 1/2025. Ya se conocen interpretaciones aplicadas en plazas como Madrid, Barcelona, Valladolid, Zamora, Logroño, Arrecife o Granada, entre otras. Estas posiciones ponen de manifiesto disparidades significativas, incluso entre tribunales del mismo partido judicial, lo que subraya la necesidad urgente de unificar pautas.
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid ha manifestado su preocupación por las consecuencias negativas de esta incertidumbre. “El gran problema es que, dependiendo de dónde se tramite el procedimiento, se van a exigir unos requisitos u otros. Esto va a generar desigualdad y discriminación entre los ciudadanos, que no entenderán por qué se les pide cumplir con unos requisitos en un juzgado y en otros no”, destaca Mayllo. Además, añade que los criterios en los que coinciden jueces y LAJs de distintos puntos del país son inconsistentes.
Por todo ello, el Colegio reclama al Ministerio de Justicia que actúe de forma inmediata para unificar los criterios interpretativos en la aplicación de la Ley 1/2025 a nivel nacional. Una clarificación urgente resulta imprescindible para evitar la confusión actual y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en su acceso a la justicia, concluye el ICAM.