La proliferación y creciente sofisticación de los ciberataques, especialmente en Europa y España, ha convertido la seguridad digital en un activo esencial para el ejercicio de la abogacía. Según los últimos datos del Centro Criptológico Nacional -organismo de referencia adscrito al CNI-, España figura entre los países más afectados por cibercrimen en Europa, enfrentando amenazas como el ransomware y el robo de información confidencial. Este panorama coloca al sector jurídico, por el manejo de datos sensibles, en el centro del objetivo de los ciberdelincuentes.
Nuestro país ha registrado incidentes graves como el compromiso de redes internas de instituciones públicas, lo que resalta la vulnerabilidad del sector jurídico. Este panorama amenaza la confidencialidad de la información manejada por los despachos y puede afectar a su relación de confianza con los clientes.
Por ello, el Colegio de la Abogacía de Madrid, en el marco del Día Mundial de la Ciberseguridad que se conmemora el próximo 30 de noviembre, ha puesto hoy en marcha dos iniciativas estratégicas para blindar el entorno digital de sus colegiados: una guía práctica de ciberseguridad con herramientas y estrategias específicas para profesionales y despachos jurídicos, y un mecanismo de protección para los dispositivos de trabajo, abierto a todos los colegiados que lo soliciten
“En el ejercicio de la abogacía, los despachos y profesionales del Derecho manejan información de alta sensibilidad: datos personales, estrategias legales, documentos confidenciales y, en muchos casos, secretos empresariales. Este tipo de información es un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, quienes emplean cada vez métodos más sofisticados para acceder a datos valiosos”, señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón. En este sentido, proteger los dispositivos y los datos almacenados en ellos, además de ser una cuestión de cumplimiento normativo, “es una obligación ética para garantizar la confianza de los clientes”.
Ciberataques: cómo prevenirlos, paso a paso
Para ofrecer a la abogacía herramientas concretas de prevención en este entorno, el ICAM ha elaborado la primera “Guía práctica de ciberseguridad para la abogacía”, un documento que recoge las principales amenazas digitales que se ciernen sobre el sector legal y las herramientas más efectivas para mitigarlos.
“Ciberataques como el phishing, el ransomware, el robo de datos o incluso el espionaje digital son riesgos reales que pueden comprometer no solo la confidencialidad de la información, sino también la reputación de los despachos y la confianza de sus clientes. Una brecha de seguridad puede resultar en pérdidas económicas, sanciones legales y daños irreparables a la relación abogado-cliente”, advierte Mabel Klimt, Diputada del ICAM responsable de tecnología.
Además, recuerda que el marco normativo europeo, con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) a la cabeza, exige a profesionales y despachos garantizar un manejo seguro de los datos. “El incumplimiento de estas normativas puede derivar en multas significativas, por lo que la ciberseguridad no es solo una buena práctica, sino una obligación legal”, afirma Klimt.
Entre los factores de vulnerabilidad, el ICAM señala aspectos como los metadatos, que revelan información sensible como ubicación, dispositivos y horarios, o los riesgos asociados a dispositivos físicos, como el robo, virus o accesos no autorizados.
También alerta sobre las amenazas en redes Wi-Fi inseguras, donde los datos pueden ser espiados, y en aplicaciones o programas que, si no se actualizan o configuran correctamente, pueden abrir brechas de seguridad.
Además, desglosa algunos riesgos asociados a la actividad digital, como el intercambio de archivos o la navegación en internet sin medidas de protección adecuadas, así como la exposición de datos a través de servicios como servidores, banca online o comercio electrónico, que pueden ser blanco de ciberataques.
Test de ciberseguridad y recomendaciones
El documento colegial, dirigido específicamente a letrados y despachos profesionales, incluye un test de ciberseguridad para evaluar en primer lugar el nivel de protección digital de cada usuario. A través de cuestiones que abarcan desde el manejo de contraseñas hasta la implementación de políticas de seguridad, el objetivo es ayudar a los profesionales a identificar vulnerabilidades informáticas y fomentar una mayor concienciación sobre los riesgos digitales.
Entre las recomendaciones básicas para prevenir ciberataques, se incluye la creación de contraseñas robustas, el uso de sistemas de doble autenticación y la instalación de actualizaciones periódicas para corregir vulnerabilidades. Además, se abordan estrategias más avanzadas como el uso de redes privadas virtuales (VPN), el cifrado de datos sensibles y la realización de auditorías de seguridad para identificar y mitigar riesgos.
Más allá de la prevención técnica, el documento colegial también hace referencia a las implicaciones legales y reputacionales de un ataque informático. Así, se informa sobre la obligación de notificar brechas de seguridad, la importancia de las auditorías internas o la adopción de prácticas proactivas para evitar incidentes. Además, se pone de relieve el impacto que un ciberataque puede tener en la confianza de los clientes, recordando que la seguridad no solo es una herramienta de protección, sino también de fortalecimiento de la relación abogado-cliente.
Amparo digital ampliado
Para apoyar a los colegiados a proteger sus equipos de trabajo en un entorno digital cada vez más expuesto, el Colegio de Madrid ha extendido a todo el colectivo de la abogacía madrileña la posibilidad de amparar dispositivos, un servicio activado inicialmente para los abogados in house.
Desde este martes, cualquier colegiado podrá registrar y gestionar hasta diez dispositivos profesionales, como portátiles, móviles o tablets, desde el área reservada de la web del ICAM. Además de facilitar un control eficiente y seguro de estos equipos, el servicio incluye herramientas para etiquetar dispositivos, buscando reforzar la protección de los activos tecnológicos y la información confidencial que contienen.
Con estas iniciativas, el ICAM sitúa la ciberseguridad en el eje de su estrategia de acompañamiento y apoyo en la transformación digital de los profesionales de la abogacía madrileña. “La seguridad digital es un proceso constante que requiere herramientas efectivas, formación continua y un enfoque estratégico. En el ICAM, trabajamos para que nuestros colegiados tengan todo lo necesario para enfrentarse a estos desafíos con confianza y eficacia”, sostiene el Decano, Eugenio Ribón.
“La ciberseguridad no es una opción ni un añadido; es una prioridad estratégica para la sostenibilidad de nuestra profesión”, concluye Mabel Klimt. “La guía práctica que hoy presenamos es una invitación a reflexionar y evaluar cómo protegemos lo más valioso que tenemos: la confianza que los clientes depositan en nosotros”.
Tendencias en cibersguridad
Los ciberataques a redes corporativas y la proliferación de malware tipo infostealer, diseñado para robar contraseñas, credenciales bancarias o datos sensibles de sistemas operativos, están en auge según viene advirtiendo el Centro Criptológico Nacional (CCN). Este tipo de software, diseñado para obtener datos como contraseñas, cookies, accesos a correos electrónicos y credenciales de almacenamiento en la nube, es una amenaza directa para los despachos legales y servicios profesionales que manejan información confidencial. Los datos robados suelen ser vendidos en mercados ilícitos, exponiendo a las empresas a riesgos reputacionales y financieros.
El ransomware, principal amenaza global, experimentó un incremento por encima del 40% anual, según datos del CCN, con un enfoque cada vez mayor hacia sectores como servicios profesionales y consultorías. Estos ataques buscan encriptar redes y exigir rescates que, además de su impacto financiero, pueden paralizar las operaciones de bufetes legales, bloquear acceso a documentos esenciales y comprometer relaciones con los clientes.
Ya en 2022, España vivió casos alarmantes como el compromiso del Punto Neutro Judicial (PNJ) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que afectó directamente al sistema judicial, demostrando que ninguna institución está exenta de riesgos.