El Decano del ICAM pide en el Senado reforzar el derecho de defensa y mejorar las condiciones de la abogacía

  • Eugenio Ribón registra en la Cámara Alta una batería de propuestas de enmiendas a la Ley del Derecho de Defensa

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema judicial español y la mejora de las condiciones profesionales de la abogacía, el Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha presentado hoy en el Senado una serie de propuestas fundamentales de cara a la próxima votación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Estas iniciativas buscan garantizar una regulación que responda a las necesidades actuales de la sociedad y refuerce la defensa de los derechos de los ciudadanos.

En el escrito registrado, Ribón destaca la importancia de este momento para la reforma de la Justicia en España, afirmando que “la aprobación de esta ley ofrece una oportunidad única para afianzar los principios procesales de la Constitución Española”. Así, a través de estas propuestas, el ICAM busca “promover una legislación que no solo asegure el derecho de defensa, sino que también contemple mejoras significativas en el ejercicio de la profesión”.

Entre los puntos clave planteados por el Decano en su propuesta se encuentran:

  1. Cobertura de las actuaciones de abogados del turno de oficio a requerimiento judicial:
    El ICAM propone que los abogados designados de oficio en casos donde la persona física o jurídica no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita reciban compensación por su trabajo, hasta la finalización del procedimiento. Actualmente, existe un vacío legal que frecuentemente, en particular en el caso de personas jurídicas, deja a los abogados sin remuneración adecuada en estos casos.
  2. Voluntariedad en la prestación del servicio de turno de oficio:
    A juicio del ICAM, la participación en el turno de oficio debe ser voluntaria para los abogados, garantizando así su autonomía profesional. La propuesta defiende la libertad de los abogados para prestar sus servicios sin verse obligados a asumir casos en contra de su voluntad, como ocurre ahora.
  3. Revisión de los límites económicos para acceder a la asistencia jurídica gratuita:
    El ICAM pide un aumento en los umbrales económicos basados en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), para que más personas puedan acceder a la justicia gratuita. Esto busca evitar la exclusión de quienes perciben salarios cercanos al salario mínimo.
  4. Ampliación de la cobertura legal a colectivos vulnerables:
    Se propone extender el derecho a la asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia sexual, menores, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables, independientemente de sus ingresos. También se incluye asesoramiento en las fases previas a los procedimientos judiciales, como la conciliación laboral, donde actualmente los ciudadanos suelen estar desprotegidos.
  5. Actualización de la normativa sobre internamientos involuntarios:
    El ICAM solicita que las personas afectadas por internamientos involuntarios cuenten con representación legal desde la primera audiencia previa a la autorización del internamiento. Esto busca alinear la normativa con las garantías constitucionales y derechos fundamentales reconocidos por el Tribunal Constitucional.

Para el Decano del ICAM, “estas reformas son necesarias no solo para el buen funcionamiento del sistema judicial, sino también para que la ley responda adecuadamente a las exigencias del presente. La aprobación de esta ley tiene el potencial de convertirse en un hito para la defensa de los derechos fundamentales, y también en un reconocimiento de las condiciones que permitan a los abogados desarrollar su labor con las máximas garantías”.

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