El pasado lunes 29 de febrero, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid acogió la presentación del primer “Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho”, publicado bajo el lema “Sin Estado de Derecho no hay Democracia”.
En el marco de la segunda sesión del ciclo de encuentros organizados por el ICAM bajo el título “Sociedad Civil y Estado de Derecho”, diversas entidades se dieron cita en el Patio de la Biblioteca del ICAM para le presentación de un pacto que ha sido suscrito por asociaciones de jueces, fiscales, letrados, inspectores, policías y otros cuerpos superiores del Estado y la Administración Local, en representación de más de 5.500 funcionarios públicos.
El manifiesto, que fue trasladado al Ejecutivo, recoge un conjunto de peticiones en aras de la protección y respeto de la separación de poderes, de la igualdad de los ciudadanos y de la independencia de la Administración General del Estado.
La jornada fue inaugurada por Roberta Poza, diputada del ICAM responsable de Relaciones Institucionales, que presentó el pacto como “una declaración de intenciones de mantener y proteger los valores que nos definen como sociedad” y calificó el encuentro como símbolo del firme compromiso con los principios que sustentan la convivencia democrática, poniendo en valor el papel que juega la sociedad civil en la salvaguarda de los principios democráticos.
Además, Poza introdujo el debate que ha suscitado durante el último año la Ley de Función Pública, y comunicó a los presentes la intención del ICAM de presentar un conjunto de propuestas de enmiendas capaces de garantizar el independiente y objetivo funcionamiento de unos cuerpos de la Administración General del Estado que “son garantía de legalidad y seguridad jurídica”.
La inauguración dio paso a dos mesas redondas que fueron moderadas por el periodista Ángel Expósito.
Crisis de los valores constitucionales
La primera de ellas abordó la crisis de los valores constitucionales con la participación de Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales; Pilar Astray, de la Asociación Profesional de la Magistratura; y Victoria Muñoz, Vicepresidenta de Foro Judicial Independiente, que alertaron del riesgo que corren “aquellos valores en los que se constituye un Estado Social y democrático de derecho, basado en el respeto de las libertades”, tal y como afirmó Pilar Astray
Victoria Muñoz señaló “la separación radical entre la justicia y la política” como premisa necesaria para la consecución de una democracia de calidad y un estado de derecho consolidado.
Por su parte, Cristina Dexeus calificó de “imprescindible” la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal capaz de dotar a la fiscalía de independencia, autonomía presupuestaria y capacidad de gestión.
En última instancia, las expertas destacaron la necesidad de proteger la libertad de información como indicador de la fortaleza y salubridad de una democracia.
Ley de Función Pública
A continuación, tuvo lugar la segunda mesa redonda de la jornada, dedicada a analizar la Ley de Función Pública en términos de igualdad y capacidad. La mesa contó con la participación de la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán; la vicepresidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, María Foret Pastor; y el portavoz de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Alberto Bravo Queipo de Llano.
El debate giró en torno a las preocupaciones suscitadas por el nuevo sistema de oposiciones que pretende impulsar el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Así, Herrán expuso su disconformidad con una propuesta que, considera, “puede derivar en la degradación del Estado” fruto de una menor formación del funcionariado público.
“Los jóvenes tienen otras inquietudes y somos conscientes de que hay que adaptar la Función Pública, pero no a cualquier coste. Un alto funcionario tiene que saber hablar y expresarse correctamente», expresó por su parte Foret Pastor.
En última instancia, Bravo Queipo de Llano confesó el miedo generado por un sistema que considera “antiético”.
La clausura del evento corrió a cargo de Eugenio Ribón, Decano del ICAM, que quiso agradecer la labor y el apoyo transmitido por cada una de las asociaciones y entidades que estamparon su firma en el pacto y que comparten la consideración de que “solo unidos se pueden alcanzar los objetivos y enfrentar los desafíos críticos que supone la protección del Estado de Derecho”.
Pacto de profesionales
Las instituciones que firman el ‘Pacto de profesionales en Defensa del Estado de Derecho’ son: la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Abogados del Estado, los Inspectores de Hacienda del Estado, los Inspectores de Trabajo y la Seguridad Social, los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, la Asociación de funcionarios del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación de Notarios Chartae.